El Ministerio de Seguridad de la provincia pasó a disponibilidad a ocho policías que prestaban servicios en la multidenunciada Comisaría 43 de la localidad de Embarcación, en el departamento San Martín. La medida se tomó "tras detectar falencias en el desempeño policial durante un procedimiento realizado el 29 de diciembre pasado", cuando la Policía reprimió y detuvo a al menos 13 jóvenes en un operativo a la salida de una bailanta. Dos terminaron hospitalizados. 

Se trata de una medida provisoria, mientras se sigue sustanciando el sumario interno para determinar si los policías incurrieron o no en faltas y decidir si les corresponde una sanción de baja o exhoneración. Mientras tanto, el pase a disponibilidad no implica la separación de la fuerza, sino que quedan sin funciones (unas vacaciones forzadas) y seguirán cobrando parte de sus salarios. Si bien Seguridad no identificó a los policías comprendidos en esta decisión, en Embarcación se conocieron algunas identidades y, ante la consulta de Salta/12, varios pobladores destacaron su extrañeza porque consideran que ninguno de los señalados por la cartera son los denunciados por las agresiones del domingo 29 de diciembre. 

El pase a disponibilidad, con la firma del ministro Juan Manuel Pulleiro, se decidió luego de una investigación a cargo de la Oficina de Asuntos Internos, realizada "a fines de diciembre pasado luego del ingreso de una denuncia que reportaba un indebido trato policial en el marco de un procedimiento llevado a cabo en un local bailable de la Embarcación", reseña la información oficial.

La cartera precisó que en esta investigación se determinó que "hubo incumplimientos de protocolos de actuación operativa" y por eso se tomó la decisión de "sancionar a los responsables", en consecuencia "Todos pasaron a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria". La medida es provisoria, y la investigación continúa hasta llegar a una decisión final, aclaró el Ministerio ante la consulta de Salta/12. 

Mucho por investigar 

Seguridad añadió que esta investigación interna es independiente de la causa penal que está radicada en el Juzgado de Garantía 1 de Tartagal, a cargo del juez Nelson Aramayo, quien había ordenado en diciembre pasado la detención de personas mayores de edad por “obstrucción a la justicia, atentado a la autoridad y lesiones”. 

Aunque la cartera de Seguridad se refirió solo a esta causa, que es contra los jóvenes detenidos en el operativo del 29 de diciembre pasado, hay también una denuncia contra los policías, que están identificados porque se trata de un pueblo chico, donde casi todos se conocen. Ante la consulta de Salta/12, desde el Ministerio Público Fiscal se informó que ambas están sin mayor trámite, por la feria judicial, en la que se priorizan causas con detenidos. Todo está todavía por investigarse. 

Los policías que intervinieron en el operativo del 29 de diciembre dejaron a dos jóvenes heridos que debieron ser internados en el Hospital San Roque de esa localidad.  

Javier Sánchez, hermano de Antonio Egüe, uno de los heridos, acusó a la Policía por agresión y aseguró que la Fiscalía no tomó en ese momento la denuncia de los familiares. Egue sufrió traumatismo encéfalo craneano, tenía golpes en el toráx y las piernas y hematomas en todo el cuerpo. Otro joven, Luis Orellana, fue golpeado durante la detención y fue llevado a la Comisaría 43 donde el martes volvió a ser agredido y tuvo que ser internado. Ambos heridos fueron detenidos en ese momento. 

Sánchez destacó que "para cubrirse", tras las agresiones los policías fueron a la ciudad de Tartagal a hacer una denuncia. Acusaron a los jóvenes "por resistencia a la autoridad y complicidad con otra persona que tenía pedido de captura".

El joven contó que por relatos de testigos sabe que cuando su hermano salió del boliche, el policía Barco Menque Apaza lo señaló: "A ese le tengo bronca" y eso bastó para que lo detuvieran. Dijo que lo golpearon en ese momento y luego en la Comisaría, donde funciona una conocida como "Pieza del terror", según el relato de personas que pasaron por ese lugar, y sus familliares. 

Egüe perdió el conocimiento por la agresión y fue abandonado en un calabozo. A pesar de los pedidos de ayuda de otros detenidos, recién el lunes 30 de diciembre lo llevaron al hospital y quedó internado. Curiosamente, el policía que entró en ese turno y que le dio asistencia es uno de los comprendidos en el pase a disponibilidad. En cambio, Menque Apaza no estaría en esa lista. 

Como Seguridad no dio los nombres de los pasados a disponibilidad ayer, no se sabe si son los que antes y luego siguieron en la tesitura de agredir a civiles. 

El 28 de diciembre fue detenido Hermenegildo Vargas. De la Comisaría 43 lo sacaron en ambulancia, y sus familiares lo vieron ya sin vida en el Hospital. Hay testigos que aseguran haber escuchado que era golpeado en la "Pieza del terror".

El 1 de enero un grupo de agentes comunes y miembros del denominado Grupo de Intervención Conjunta (GIC) reprimieron a integrantes de la Comunidad wichí El Tráfico. Al menos tres de ellos denunciaron haber sido torturados dentro de la Comisaría. Tampoco en este caso quisieron recibirles las denuncias por los abusos policiales y tuvieron que hacerla en Tartagal. 

La abogada Lorena Merdini relató otras denuncias de personas que aseguran haber sido torturadas en la Comisaría 43.