Algunos economistas de lo que en términos generales se denomina, en sentido amplio, el campo “nacional-popular”, por oposición a la ortodoxia neoliberal que se enseña en las carreras de grado de la mayoría de las universidades, señalan en las charlas informales una presunta “tibieza” del gobierno para volver a poner en marcha la economía.

El debate empieza por la política y desemboca en la cuestión fiscal. El argumento político es el más conocido. Repite la idea del giro “hacia el centro” implícito en la renuncia de CFK a la candidatura presidencial y la elección del moderado Alberto Fernández. 

No es un argumento nuevo y es fácil concluir que la elección fue una adaptación a las relaciones de poder realmente existentes. Fue también la fórmula política que encontró el kirchnerismo, la rama mayoritaria del peronismo, para reunificar al movimiento e intentar romper la polarización extrema alentada por el macrismo durante cuatro años.

Hoy es un hecho consumado que la jugada fue un éxito. También que el gabinete de Alberto Fernández, quizá con la excepción fuerte de Economía, es la contracara del de Mauricio Macri, un giro de 180 grados en casi todas las políticas. En esta línea son un dato en sí mismo los nombramientos en la vicepresidencia y el directorio del Banco Central de economistas notablemente comprometidos con el desarrollo, otro giro copernicano respecto de las tradicionales elecciones de profesionales patrocinados por el mundo de las finanzas.

Las señales alentadoras abundan. Existen los sapos, imposible negarlo. Es el costo de la unidad en la diversidad. Decepciona que se hayan colado en la administración pública muchos personajes que coquetearon con el macrismo o que entre 2016 y 2019 mostraron un comportamiento por lo menos ambiguo. Sin embargo, también reconforta ver ocupando los espacios de mayor relevancia del nuevo gobierno a una abrumadora mayoría de figuras que lucharon contra el régimen precedente, de reconocido compromiso ideológico con el campo nacional-popular y con dilatada experiencia en el sector público. Hace tan sólo un año el actual gabinete era inimaginable.

El debate fiscal es menos conocido. Hay cuestiones que en el marco de la disputa electoral eran difíciles de plantear. Por ejemplo, la propuesta económica presentada por el actual gobierno enfatizaba demasiados axiomas de la ortodoxia, entre ellos los míticos superávits gemelos. 

La macroeconomía no es como la contabilidad privada, déficits y superávits, internos y externos, presupuestarios y de la cuenta corriente del balance de pagos, antes que objetivos en sí mismos son el resultado de otros procesos económicos. 

Por ejemplo, el superávit fiscal suele ser históricamente un resultado de la expansión del Producto antes que del aumento de las alícuotas impositivas. Nunca lo es, en cambio, de la reducción del gasto, que al hacer caer la demanda, hace caer la economía y con ella la recaudación. 

Otro ejemplo, hoy existe superávit comercial y es posible que se mantenga durante todo 2020, pero no se trata de un proceso virtuoso de sustitución de importaciones y aumento de las exportaciones, sino principalmente del efecto de la caída de las importaciones como consecuencia de la recesión económica.

De lo expuesto se deduce que el proceso real que provoca los déficits o superávits se relaciona fundamentalmente con la evolución del PIB, a su vez el verdadero objetivo de la buena política macroeconómica. El PIB crece si el Estado es capaz de cumplir con su tarea de movilizar los recursos sociales. No se crece bajando impuestos ni teniendo, en general, “políticas amistosas con los mercados”, sino creando demanda.

El Estado crea demanda directamente cuando gasta o cuando indirectamente induce al sector privado a gastar. También las exportaciones crean demanda, pero su volumen por el lado de la oferta sólo puede variar en el mediano plazo y es, a la vez, dependiente de la demanda mundial. Lo que el Estado sí puede movilizar en forma instantánea y a voluntad es el Gasto y la Inversión Pública más el consumo privado, del que a la vez depende la inversión privada.

El debate “heterodoxo” del presente sostiene que la inyección de fondos por abajo cobrando más impuestos por arriba, si bien avanza en la dirección correcta, no tendría la fuerza suficiente como para que en 2020 se consiga salir de la recesión poniendo en marcha todos los recursos de capital y trabajo actualmente ociosos. No se trata de ninguna novedad teórica, de las recesiones se sale gastando lo suficiente, lo que pone en marcha el efecto multiplicador sobre el conjunto de la actividad. Sin embargo, el impacto en la demanda agregada de los nuevos gastos se encontraría por ahora muy por debajo del nivel necesario para que la economía se recupere en 2020.

En este punto entra otro concepto clave: los “grados de libertad” para hacer política económica. La herencia macrista no fue sólo la profunda recesión, con destrucción de activos, sino algo mucho peor, el megaendeudamiento y su contrapartida de salida de capitales. 

El volumen de los pasivos públicos en divisas y la necesidad inevitable de refinanciarlos constituye la principal restricción a los grados de libertad de la política económica. Supóngase que el Ministerio de Economía no creyese en el fiscalismo que declama, que se tratase sólo de un posicionamiento discursivo para satisfacer las demandas del FMI cuya voluntad podría ser clave en una renegociación no traumática de la deuda. En consecuencia podría decidir políticas monetarias y fiscales expansivas hasta los niveles realmente necesarios para salir de la recesión. Pero entonces, el problema sería que el crecimiento resultante pondría en marcha primero la puja distributiva por el nivel de los precios básicos de la economía y, en paralelo, también provocaría que las importaciones crezcan más rápido que las exportaciones y la economía se quede sin dólares. El resultado sería un parate de la actividad en un nuevo contexto de inestabilidad macroeconómica. De lo expuesto surge que todo el programa económico se encuentra inevitablemente supeditado a la renegociación de la megadeuda macrista, es decir a los dólares disponibles en el corto plazo. 

La velocidad de la expansión del PIB depende de la disponibilidad de divisas.

Para el ínterin, sin embargo, existen alternativas. Así como en determinado momento los gobiernos kirchneristas se dieron cuenta de la necesidad de recuperar los fondos previsionales o el control estratégico del sector hidrocarburífero, hoy ayudaría recuperar el control de todos los precios básicos de la economía, en particular los precios de las tarifas y combustibles, un proceso inseparable de la recuperación de la propiedad estatal de todas las empresas proveedoras de servicios públicos. 

En otras palabras, revertir los cambios estructurales promovidos por el Consenso de Washington y consolidados a partir de los años 90. De nuevo, si el objetivo es desarrollar la economía, controlar los precios básicos, potencia los grados de libertad o autonomía de la política económica.