Por segunda vez en menos de un mes, desde el Ministerio de Salud de la provincia se culpó a los padres por la muerte de una criatura del pueblo wichí. El martes falleció un bebé de 8 meses oriundo de Santa Victoria Este en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal. En el certificado de defunción se indica que fue por una infección generalizada y neumonía multifocal.

El comunicado del gobierno provincial encabezó la noticia con el siguiente título: “Por consulta tardía fallece un menor wichí en Tartagal”. Al desarrollar la información sostuvo que “la familia negó la atención oportuna”. Tras ello se descartó que la criatura haya fallecido por desnutrición, como habían informado algunos medios. Esta es la segunda vez que se culpa a los padres en poco más de una semana. La primera vez fue por el caso de una nena de dos años de origen criollo que falleció en el Hospital de Orán (al norte de la provincia), tras ser trasladada desde Coronel Juan Solá (más conocida como Morillo), ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte. “Hubo una demora en la consulta por diarrea” dijo en aquel momento la subsecretaria de Salud, Gabriela Dorigato.

Ya en su discurso durante la llegada del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el gobernador Gustavo Sáenz había mencionado que “los padres en esas comunidades (en realidad se refería a las comunidades wichí), atienden la diarrea tarde”.

Entendimiento cultural 

La afirmación del comunicado oficial fue ratificada por el secretario de Salud de la provincia, el médico Antonio de los Ríos, (que tiene su origen político en el PRO, y es además hermano del ministro de la Producción, Martín de los Ríos), quien en una entrevista con el diario El Tribuno dijo que "las comunidades wichis, que son muy cerradas, deben adquirir nuevos hábitos de higiene. Tenemos muchos problemas con ellos por falta de entendimiento cultural, por ejemplo esconden a los enfermos en el monte, hay que ir a denunciarlos a la Policía para poder asistirlos y si el agente sanitario los denuncia no puede entrar más a la comunidad (…) Yo mismo fui a recuperar a tres niños wichis que las familias tenían escondidos en el monte y que estaban en riesgo de vida” (sic).

No es la primera vez que este relato sale de boca de funcionarios a cargo del área de la salud pública en Salta. La postura no es exclusiva de un sector político. Más de un conocedor de las comunidades suele explicar que si se esconden en el monte es porque saben que si se llevan a un chico lo más seguro es que se lo devuelvan muerto.

Hace poco, especialistas que recorrieron la zona quisieron llevar al Hospital a un niño en estado de desnutrición de una de las tantas comunidades de la jurisdicción de Santa Victoria Este. Los equipos de salud no lograban entenderse con los padres. Llegó entonces una funcionaria de la Municipalidad e intervino en la situación. “Si ellos se van con el nene enfermo, quedan los otritos. Entonces, mientras recuperan a uno se enferman los otros”, explicó. El compromiso de la funcionaria fue llevar a la familia un módulo alimentario, además de verduras y frutas, y monitorear al niño. El compromiso de la familia fue recuperar al niño. “Pero les dije que si no se recuperaba, iba a tener que ser internado en el Hospital”, dijo. Ese fue el acuerdo.

Rivadavia sin pediatra

Esta versión de la realidad se aleja un poco de las declaraciones del funcionario saencista. Las comunidades, cuya resistencia es al menos comprensible, manifestaron su malestar ante las declaraciones del funcionario.

A la falta de asistencia social se suma la situación del sistema de Salud en la zona. “No es de ahora. Hace tiempo que reclamo que en el Norte la Salud está en terapia intensiva”, dijo a Salta/12 el diputado por el departamento Rivadavia, Ramón Villa.

Advirtió (como indicaron distintos informes de la Auditoría General de la Provincia), la falta de ambulancias, médicos, enfermeros, medicamentos, y especialistas. Afirmó que no hay médico pediatra en todo el departamento de Rivadavia. Esa jurisdicción salteña donde las poblaciones están dispersas tiene una extensión de casi 26 mil kilómetros cuadrados. Para comprender mejor la extensión de la que se habla, Salta Capital tiene 60 kilómetros cuadrados, y la Capital Federal tiene 208 kilómetros cuadrados.

En la entrevista De los Ríos reconoció que acudió a facilitadores interculturales para lograr algún entendimiento con las comunidades originarias. 

“Lo que tiene que hacer es conocer la ley, reglamentarla y cumplirla”, dijo Villa al reiterar la existencia de la ley 7856 que espera la reglamentación hace más de cinco años. Esta ley crea una Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios “Sumaj Kausai (Buen Vivir)”. La iniciativa establece entre otros objetivos: garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica, y proveer los Facilitadores Interculturales Bilingües necesarios para la cobertura de los hospitales, con el objetivo de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud occidental y el paciente originario, garantizando su atención y contención.

La aplicación plena de esta ley es uno de los reclamos reiterados de las comunidades originarias de la provincia.