La diputada provincial Lucila De Ponti subrayó que la provincia necesita el presupuesto adecuado para "hacer frente a la fuerte demanda de asistencia alimentaria en la provincia, cuyos programas en la actualidad quedaron notablemente atrasados frente a la inflación". La legisladora consideró "imprescindible que la legislatura santafesina le otorgue al ejecutivo provincial las herramientas necesarias para readecuar el presupuesto". De Ponti recordó que la inflación en alimentos y bebidas para la provincia de Santa Fe fue del 54,8% y subrayó que, sin embargo, el aumento presupuestario para solventar los programan que asisten con alimentos a comedores y merenderos comunitarios fue apenas de entre un 24 por ciento y un 33 por ciento interanual. Esos programas fueron afectados por el presupuesto de este año, que fue aprobado durante la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, sin participación del gabinete del gobierno entrante. "Este presupuesto no refleja en absoluto las políticas sociales que quiere llevara adelante el gobierno de Perotti, que ni siquiera pudo hacerlo. Por eso para nosotros es fundamental, que si todos coincidimos en que estamos en una situación crítica, se den las herramientas necesarias para afrontarla. A mitad de año, si se mantiene esta asignación, nos vamos a quedar sin plata para brindar asistencia alimentaria", dijo la legisladora a Rosario/12. 

"Pero lo mas grave es la ínfima variación que tuvo el presupuesto destinado a financiar la Tarjeta Única de Ciudadanía (que reciben la personas que se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable que implica un riesgo de inseguridad alimentaria), cuyo aumento previsto es de tan solo 5,5%, y que no logra superar el 10% teniendo en cuenta las modificaciones que se realizaron durante 2019", consideró De Ponti. La legisladora consideró que, con el actual monto de 300 pesos y la previsión presupuestaria, el programa tiene "un impacto nulo". Y que si bien existe "una política nacional muy fuerte como es la tarjeta alimentaria, está dirigida a una población específica, que son las familias con niños menores a seis años", y el resto de las personas en vulnerabilidad social "deben ser asistidas por la provincia". 

La legisladora del Movimiento Evita, de fuerte presencia en los barrios y sectores de la economía popular, fue explícita en la exhortación a sus colegas que en diciembre pasado archivaron los proyectos de emergencia enviados por el Poder Ejecutivo. "Necesitamos poder brindar una respuesta frente al hambre y no podemos hacerlo de forma adecuada si la actualización presupuestaria de algunos programas de este área no superan el 10% en el contexto de un país que ha tenido una inflación anual del 54%”, explicó.

“La prioridad absoluta es acompañar a las familias que hoy no pueden garantizar una alimentación saludable con sus ingresos, por eso el primer paso tiene que ser actualizar los programas de la provincia que quedaron muy atrasados con respecto a la evolución del costo de los alimentos --aseguró De Ponti--. Para eso, nuestra intención es trabajar para que la Legislatura apruebe las leyes necesarias que le permitan al Ejecutivo realizar las modificaciones presupuestarias para garantizarlo”.

La vicepresidenta primera de Diputados apeló al compromiso de todas las fuerzas políticas para hacerle frente a las necesidades más urgentes. “Creemos que esta es la forma de estar en sintonía con las demandas que hoy expresa la sociedad en un momento tan difícil de nuestra economía, es la voluntad del gobierno provincial, como lo dijo nuestro Presidente, de empezar por los últimos para llegar a todos”, finalizó.