Desde Santa Fe
La declaración de la Cámara de Diputados sobre “la violencia y la inseguridad” en la provincia que propuso una “política de Estado” en la lucha contra el narcotráfico, omitió la mención al lavado de dinero de la droga, a pesar de que dos legisladores, Carlos del Frade y Rubén Giustiniani pidieron que se lo incluyera en el documento. “No pudimos incorporar la cuestión del lavado de activos, pero vamos a insistir. No entiendo la resistencia”, dijo Del Frade a Rosario 12. Giustiniani coincidió en que el abordaje de la problemática debe ser integral. “Hay un poder narco en connivencia con sectores de la Policía de Santa Fe, pero también con sectores económicos que después producen el lavado de activos”, dijo el jefe del bloque Igualdad.
El documento de ocho puntos se redactó en el despacho del presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz. El segundo dice que “la violencia, el narcotráfico y la inseguridad son fenómenos complejos que tienen múltiples causas y sólo pueden ser abordados con éxito en el marco de políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, sobre la base de amplios consensos políticos e institucionales”. Los legisladores del centro izquierda lamentaron que el texto no puso el foco en el “lavado de activos” de la droga, a pesar de que ellos lo plantearon ante sus colegas. La declaración fue aprobada por 34 diputados.
Del Frade interpretó como un avance que el documento defina al “narcotráfico” como un “fenómeno complejo” y no como “flagelo”. “Pudimos desterrar esa palabra. Flagelo es un castigo divino y si algo queda claro es que esto no es un castigo divino”. “La droga es un negocio y por lo tanto hay que seguir la ruta del dinero, el delito del lavado de activos. Y si no se ataca eso, las bandas van a seguir impunes y se van a reproducir”, alertó.
Lamentablemente, no pudimos incorporar al documento la cuestión del lavado del dinero, pero vamos a insistir. Es vital. No entiendo la resistencia”, planteó Del Frade. “Lo que pasa en los barrios es consecuencia de que tenemos pésimos empresarios, bancos que lavan” plata sucia. “El 30 por ciento de lo financiero está directamente vinculado a los negocios ilegales. Alguna vez hay que empezar a ver esas cosas".
“Hay temas claves. Menos armas, menos homicidios. ¿Cómo hacemos para que haya menos armas en la calle? Menos lavado de dinero, menos bandas. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Menos corrupción policial. Tres cosas muy concretas sobre las que hay que avanzar”, agregó.
--Han planteado el problema de la provincia como una encrucijada dramática: “Mafia o democracia”. ¿Por qué? –preguntó este diario
--Por qué son mafias narco policiales. Los famosos sótanos de la democracia de los que habló el presidente Alberto Fernández, que vienen desde la dictadura hasta acá, se han reciclado en los nichos corruptos de la Policía de Santa Fe, en vínculos con sectores oscuros de la política, del Poder Judicial y del empresariado. Hasta que no destrabemos eso, va a ser difícil. Detrás de cada policía corrupto hay un político corrupto. Ojalá que algún día podamos destrabar eso y nombrarlos con nombres y apellidos –contestó Del Frade.
Giustiniani compartió el diagnóstico sobre Santa Fe: “Es mafia o democracia”, dijo el legislador. Y también explicó por qué. “Las mafias están a la vista con la cantidad de muertes que hay en Rosario, una por día desde que se inició el año. Lo vemos a diario, hay una insistencia de un poder narco en connivencia con sectores de la Policía y también con sectores económicos que después producen el lavado de activos”. “Por eso, planteamos que el abordaje de la problemática debe hacerse desde los tres niveles del Estado (la Nación, la provincia y los municipios, como ha planteado el ministro de Seguridad Marcelo Sain) y con la coordinación de los tres poderes del Estado en la provincia: el Ejecutivo, la Legislatura y la justicia, como planteó el documento de Diputados, por iniciativa del centro izquierda. Giustiniani planteó también que cuando se trate la ley de emergencia económica, la Cámara convoque a Sain, al presidente de la Corte y al jefe del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, para darle volumen político a la sanción de la norma.