“Nos quieren exterminar. No quieren que haya más indígenas en Argentina”, denunció Gabriel Espinoza, uno de los voceros de los siete pueblos indígenas de Salta que acampan desde hace quince días en el centro porteño. Entre los reclamos sobresalen territorio, salud, vivienda y educación. Fueron recibidos por funcionarios del Gobierno pero no obtuvieron respuestas favorables, por lo que la medida se mantiene por tiempo indeterminado. En Embarcación (norte salteño), la comunidad guaraní Happo P’au hace 35 días que sostiene un acampe por un conflicto con un empresario de agronegocios.

“Por nuestro legítimo derecho a la tierra”, es una de las consignas de las comunidades de los siete pueblos acampantes, guaraní, chané, wichí, qom, tapiete, chulupí y chorote. Presentaron un petitorio con 16 puntos: entrega de títulos de tierras y prórroga de la Ley Nacional 26160, entrega de DNI, viviendas, letrinas para personas con movilidad reducida, agentes sanitarios indígenas, educación intercultural bilingüe, agua potable y enseñanza de los idiomas indígenas, entre otros.

Están ubicados en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. Una larga bandera recuerda los siete pueblos involucrados y los nombres de las comunidades (muchas del departamento de San Martín, uno de los más afectados por las topadores y desmonte del agronegocio). Un prolijo cartel recuerda que este año vence la Ley 261610, sancionada en 2006 y que ordenaba relevar (en tres años) todos los territorios indígenas. Pasaron once años y es mínimo el porcentaje de comunidades con relevamiento terminado (13 por ciento).

Desde hace años reclaman al gobierno provincial (primero a Juan Carlos  Romero –entre 1995 y 2007–, luego a Juan Manuel Urtubey, gobernador desde hace diez años). Nunca tuvieron respuestas positivas. Decidieron llegar hasta Buenos Aires el lunes 20 de febrero. Casi no recibieron visitas de sectores políticos, de organizaciones sociales ni de medios de comunicación.

Sí los visitaron desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Les prometieron estudiar sus reclamos y ayudas futuras. Lo único firme: les ofrecieron los pasajes de regreso a Salta. El lunes 6 de marzo, con ya quince días de acampe, fueron recibidos en el Ministerio de Desarrollo Social (dirigido por Carolina Stanley), pero tampoco tuvieron respuesta concretas. Esa misma tarde dieron una conferencia de prensa, rodeados de un puñado de militantes indígenas y medios de comunicación alternativos.

Reynaldo Durán, cacique qom de la comunidad Zanja Honda, recordó la situación “crítica” que viven en Salta y aseguró que la misma situación están padeciendo en el centro porteño, donde tampoco tienen agua y escasean los alimentos. Explicó que dejaron sus pedidos por escrito en la Casa Rosada, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Congreso Nacional. “No nos dan respuesta, no nos sentimos acompañados por la gente que nos representa (funcionarios y políticos). Sólo queremos soluciones para volver a nuestras comunidades”, explicó el cacique.

Gabriel Espinoza, de la comunidad qomlaje de Tartagal, relató que tocaron “puertas en todos lados”, pero nadie les dio respuestas. Destacó que la prórroga de la Ley 26160 sería una ayuda (vence este año), pero que las comunidades salteñas quieren los títulos de propiedad, que es lo único que les dará seguridad sobre el territorio. “Hay comunidades que fueron relevadas pero ni los jueces ni los políticos respetan eso”, cuestionó. Y explicó que los organismos estatales se excusan de brindarles asistencia (agua, planes de vivienda, electricidad) porque no tienen títulos. La paradoja: es obligación del Estado dar esos títulos.

Espinoza reveló la estrategia del poder: “Mientras nos entretienen con el relevamiento, nos niegan los títulos. Y mientras nos van sacando tierra de a pedazos para dejarnos sin nada. Quieren exterminarnos, que no existamos más”.

Contó del robo de tierras, el avance de las topadoras para desmontar y abrir paso a los agronegocios, el robo de animales, los alambrados que imponen los empresarios y dificultan la vida de las comunidades. “Nos tratan como animales en nuestro propio territorio”, denunció y precisó que hasta quieren arrebatarles la parcela de tierra donde está el cementerio de la comunidad. Allí dieron sepultura al abuelo y a la madre de Espinoza. “Nunca molestamos, pero todo los derechos se nos niegan”, resumió. Y alertó que la defensa de la tierra será hasta las últimas consecuencias y que el acampe se mantiene hasta que el gobierno nacional dé respuestas.

En Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, una bandera blanca con letras negras resume: “Basta de desalojos. La tierra es nuestra, faltan los títulos. ¡Es simple!”.

En la localidad de Embarcación (Salta), la comunidad guaraní Happo P’au mantiene un acampe a la vera de la ruta nacional 34 desde hace 35 días. Denuncian al empresario Humberto Bourlon De Rouvre, que en octubre pasado instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra.

La comunidad guaraní en Embarcación reclama lo mismo que las comunidades que acampan en Buenos Aires: que se cumplan las leyes que protegen los derechos indígenas (comenzando por el acceso a la tierra y los títulos de propiedad): Ley 26160, Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), artículo 75 de la Constitución Nacional y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.