En la actualidad, en Argentina existen más de 20 mil clubes de barrio. De ellos, el 65 por ciento mantiene deudas con las empresas de servicios de agua, luz y gas, contraídas durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de los grandes aumentos tarifarios. Muchos de ellos se encuentran en una situación crítica, algunos atravesaron procesos de embargo e incluso llegaron a cerrar sus puertas. Su función social también se transformó: de ser centros de recreación pasaron a dar de comer. Página 12 dialogó con Claudio Rial, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (U.C.B) y con Juan Ignacio Bruera, secretario general del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines (OSECBA) para conocer más acerca de la situación.

Endeudados

“En vez de darle plata a Boca deberían haber ayudado a los clubes de barrio”, así se expresa Rial en referencia al convenio que firmó la gestión anterior de AySA con Boca Juniors, por 2 millones de pesos anuales, en concepto de invitaciones a sectores VIP del estadio. Es que la situación de los clubes de barrio frente al aumento de tarifas se volvió crítica en los últimos años. “Tenemos relevado que un 65 por ciento de los clubes tienen deudas en la actualidad”, agrega Bruera, Secretario General de OSECBA, organización surgida en 2017 para recolectar estadísticas sobre la situación económica de los clubes de barrio.

Según un relevamiento territorial realizado por el Observatorio hay más de 20 mil entidades de este tipo en el país. En este punto el Estado también se encuentra ausente; según Rial “en la última cifra que presentó el gobierno anterior había solo 800 clubes registrados en todo el país, un número irreal”. Para graficar, el presidente de la Unión agrega que solo en La Matanza hay más de 700 entidades. La estadística es relevante ya que de ella sale el número de clubes habilitados para recibir beneficios en el pago de servicios: “De los 800 clubes, 300 estaban en condiciones legales de acceder”, asegura Rial.

“Hay clubes donde llegaron facturas de hasta 150 mil pesos”, detalla Bruera. En el informe presentado por OSECBA se puede leer que, de 2018 a 2019, los aumentos que sufrieron los clubes de barrio alcanzaron un promedio del 20% entre los tres servicios básicos. En conjunto, los clubes de todo el país abonan cerca de 55 millones de pesos por mes solo en electricidad. “No paramos de acumular deudas, muchos dejaron de pagar, quedaron sin agua, sin gas o enganchados de la luz. Hay clubes que cerraron por períodos y otros que no cerraron pero estuvieron muy cerca; la situación fue terrible, el gobierno nos mató”, concluye Rial.

¿Qué es y qué hace un club de barrio?

Según la Ley nacional 27.098 de "Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo", un club de barrio es aquel que cuenta con "una cantidad mínima de cincuenta y una máxima de dos mil socios". La ley, que por primera vez en la historia le daba entidad jurídica a los clubes de barrio, fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras el 17 de diciembre de 2014, pero hasta el momento no fue reglamentada. "Fue una reparación histórica del Estado hacia los clubes, después de 100 años pudimos discutir una ley propia", asegura Bruera y agrega que "era un reconocimiento a la función social que llevan adelante nuestras instituciones". En el texto de la norma se define que un club de barrio “tiene por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales, facilitar sus instalaciones para educación no formal, el fomento cultural de sus asociados y la comunidad a la que pertenecen”.

Rial asegura que, en los últimos años, la función de los clubes en sus comunidades vivió un cambio "brusco" para pasar a "cumplir el rol del Estado": "tenemos comedores, la gente se acerca o vamos nosotros a buscar chicos para que vengan a comer; cuando hay inundaciones somos refugio y en algunos lugares se llegó a practicar el trueque", detalla. Por otro lado, sostiene que se trata de "clubes muy humildes". Según el informe de OSECBA, el primer sostén de estas entidades, con un 32 por ciento, es el ingreso por cuota social, cuota que no suele superar los 120 pesos y que incluso en muchos casos dejó de ser abonada. El subsidio municipal, con un 5,4 por ciento, es el sexto ingreso de los clubes, mientras que el subsidio nacional solo alcanza un 1,6 por ciento.

Ahora el sector espera volver a discutir la política de subsidios. "Se vuelve a hablar de los clubes de barrio y es bueno, nos reunimos con la secretaria de Deportes Inés Arrondo y quedamos esperanzados", asegura el presidente de U.C.B. Bruera va un paso más allá y, aunque confirma que la urgencia está en resolver las deudas y el precio de las tarifas, asegura que hay que "cambiar la matriz, no ir al subsidio sino a políticas públicas integradas. Nuestros clubes, aunque parezca mentira, inyectan mucho dinero a la economía general y creemos merecer ser parte del reparto del ingreso". Bruera ejemplifica con el caso de la localidad de Zárate: "Se saca un 0,2% de impuestos municipales para un fondo común de clubes, destinado a mejoras en infraestructura".

Una ley en suspenso

La implementación de la Ley 27.098 es uno de los principales reclamos del sector, ya que eliminaría de raíz muchos de sus problemas económicos. La ley creaba un fondo de presupuesto participativo por el que los clubes podrían "entender, contribuir y proponer en la distribución de recursos teniendo en cuenta sus necesidades", para ser beneficiarios de un monto fijo para abonar servicios o invertir en infraestructura. Además, según Rial, la ley "daría derecho a la propiedad, hay muchos clubes sin las tierras a su nombre y pasarían a tenerlas. También se haría un registro oficial que permita acceder a las políticas públicas", detalla. Según Bruera, sin la aplicación de la ley, "más del 70 por ciento de las entidades no está en condiciones de tener los papeles correspondientes, por lo que son tratados como sociedades comerciales y no pueden acceder a ningún beneficio".

Detrás de la demora en la aplicación de la ley y de la asfixia que sufrieron, tanto Bruera como Rial observan un intento de ir hacia la privatización de los clubes. “Se querían quedar con las instalaciones, ir a un sistema de sociedades anónimas. Querían intervenir clubes, sacártelos, en muchos casos hubo que pagar para salvarlos. En Capital algunos pasaron a ser privados, muchas veces para usar los predios en el negocio inmobiliario”, afirma Rial y agrega que la reglamentación de la ley impediría estos manejos ya que “establece la inembargabilidad de los clubes por la importancia de su función social”. Bruera se expresa en la misma sintonía: “la ecuación es sencilla, agobiaban con tarifas para cansar a los dirigentes y que cedan las instalaciones; junto al Foro Social del Deporte denunciamos que se iba hacia las sociedades anónimas, resistimos e instalamos el tema como algo grave”, concluye.

Informe: Santiago Brunetto