El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz aprobó el uso del lenguaje inclusivo en las aulas, aunque aclaró que el objetivo de la norma no es imponerlo ni a los maestros ni a los estudiantes, sino establecer que "no se sancionará a los docentes que lo utilicen".

El proyecto había sido presentado en la última sesión del Consejo de 2019, por la actual secretaria del gobierno municipal, Celina Mancilla.

Según explicó el vocal que representa a los docentes, Nicolás Pereyra, el lenguaje inclusivo “de ninguna manera se impone” para que los chicos o el docente “escriban o hablen utilizando ese lenguaje”.

Pereyra agregó que el proyecto era más amplio ya que buscaba eliminar del ámbito educativo las desigualdades entre nenas y nenes, que muchas veces se imponen en las escuelas. Un de ellas son las filas que diferencian a niños y niñas y las listas de asistencia. 

“La idea es romper un poco con esos esquemas, dado que son tiempos de igualdad; mientras que en el tema del lenguaje inclusivo desde el CPE argumentaron que algunas universidades y escuelas lo toman como válido”, sostuvo Pereyra, en diálogo con Tiempo Sur.

En cuanto a su postura, el docente explicó que presentaron un despacho diferente sobre el tema. “Estuvimos de acuerdo y acompañamos lo que tiene que ver con eliminar esos rasgos de desigualdad que hay en la formación o armado de listado, entendemos que son tiempos diferentes y esto contribuye a seguir fomentando la igualdad, pero nos abstuvimos en la votación de lo que es el lenguaje inclusivo”, aclaró el vocal que representa a los docentes.

Según explicó el funcionario, la postura de los maestros sostiene que el lenguaje “no es propiedad de nadie ni siquiera de la Real Academia Española” sino que es algo dinámico, que está en constante cambio. “Si el día de mañana se termina de imponer porque la sociedad lo eligió como manera de comunicación, no hará falta que nadie lo termine por reglamentar, va a darse por sí solo”, explicó.

Quienes sí votaron en contra del lenguaje inclusivo fueron los padres. El vocal que representa a los padres explicó que si bien el proyecto no plantea una imposición del uso de un tipo de lenguaje específico “el docente que decida utilizarlo lo estará imponiendo a alumnos que no opinan de la misma manera”. El vocal pidió “una consulta popular” para conocer todas las opiniones.