¿Qué pasa cuando una persona desaparece en la actualidad? ¿Y cuando se halla un cadáver sin identificar? ¿Qué camino deben seguir las instancias del Estado involucradas? ¿De qué modo se articulan entre ellas? En la Argentina, la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres sin identidad son dos universos que corren por vías separadas. A eso se suma que cada jurisdicción tiene sus propias formas y la comunicación entre los actores que intervienen, judiciales, civiles y fuerzas, es casi nula, tanto a nivel provincial como nacional.

Referente en casos de lesa humanidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) empezó a ser consultado en los 90 por fiscales que, frente al hallazgo de restos óseos, consideraban que la metodología aplicada a casos de la dictadura también podía implementarse en los recientes. Poco a poco, lo que se inició como una ayuda esporádica pasó a ser un pedido más frecuente, que se intensificó en los últimos doce años. Desde entonces, el equipo participó en más de 60 casos, de los cuales logró resolver 40.

“Lo que había comenzado como excepciones, dejó se derlo”, señala el director ejecutivo del EAAF, Luis Fondebrider a Página/12. Sólo en 2019, el Equipo fue convocado para trabajar en veinte búsquedas. “Nuestro involucramiento tiene que ver con solicitudes que nos hace un fiscal, un familiar, o un abogado de algún familiar, por casos donde no tuvo una respuesta del Estado o fue incompleta. Tiene que ver con cómo murió la persona, quién es o dónde puede estar”, explicó Fondebrider en la sede del EAAF, ubicada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

-¿Cuál es el procedimiento para abordar este tipo de casos?

-Siempre, lo primero que pedimos es una lectura del expediente judicial, para saber qué se hizo, qué es lo que falta y cómo se hizo. A partir de ahí comenzamos un desarrollo de trabajo. Habitualmente, en este tipo de casos son varias instancias del Estado involucradas, lo que lo hace más complejo. Lo principal es reconstruir ese camino. Desde que alguien desaparece, el Estado va dejando rastros de cómo procesó a esa persona, hasta que no aparece o, el otro problema en este tipo de casos, que se perdió en la maraña burocrática. Cuando investigamos los casos de los ‘70, esa pérdida del cuerpo de la persona era intencional. Se ocultaban los cuerpos o se enterraban en cementerios sin nombre. En estos casos, no hay una intención de ocultarlos; es el desorden que tiene el Estado para este tipo de investigaciones. El sistema de identificación de personas está fallando en el país.

-¿Cuáles son las falencias que encuentran?

-Por una parte, el sistema de identificaciones en Argentina se basa fundamentalmente en huellas dactilares, lo que limita mucho la respuesta del Estado. Sería mucho más simple que cuando llega un cadáver sin identificación a una morgue no se le tomen solamente huellas dactilares, que se le haga una batería de análisis y esa información, además de ir al expediente de ese caso, vaya a una base de datos. Entonces, cualquier investigador puede consultar cuántos hombres de entre 20 y 30 años tienen un tatuaje en el brazo derecho, y no tiene que mirar miles de expedientes que están desperdigados en diferentes jurisdicciones. Si una persona desaparece hoy en Chubut y aparece un cadáver en Tucumán, no hay una forma rápida y correcta de relacionarlos.

-¿Cómo se trabaja, entonces?

-Todo se basa en esfuerzos individuales, en llamados... Debería haber una base de datos de todo el país donde mirar cuántos cuerpos aparecieron en los últimos tres meses y contrastarlos con la información de la persona desaparecida. Por otro lado, en los cementerios de Argentina, como en todo el mundo, después de unos cinco años, si nadie reclama ese cadáver sin identidad, se lo remueve y se lo pasa a osario común, donde se pierde. No sabemos cuántos casos de cadáveres sin identificación que han pasado por una autopsia han seguido ese destino. Tampoco las provincias tienen un sistema único de procesamiento. Cada una tiene su gobierno, su sistema forense y sus protocolos, cuando los tienen.

-¿Cómo se podía crear un sistema unificado?

-El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), en el ámbito del Ministerio de Seguridad, es un buen intento de una gran base de datos, pero es insuficiente. Lo primero que hay que hacer es sentar a la gente con capacidad política de decisión y ponerse de acuerdo para que haya procedimientos específicos, que todo el mundo colecte de la misma manera y que las denuncias de cada familiar sean consolidadas en una base de datos única. Es muy difícil, porque estamos hablando de lo que puede hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación en lo federal, pero no en lo provincial. Tiene que haber acuerdos con cada provincia, con cada ministerio público, para que esto sea consolidado. Tiene que ser una política que vaya más allá del gobierno de turno, tiene que ser una política de Estado.

-¿Cuánto demoraría la implementación de un sistema de este tipo?

-Se necesitan cinco o diez años de capacitación continua para empezar a ver resultados y eso es algo que muchas veces al Estado, especialmente en Argentina, le cuesta entender. Si varios organismos del Estado hacen la misma cosa, es problemático, se gastan recursos innecesarios y se superponen esfuerzos. En cambio, si todos alimentamos, como se hizo en Colombia, una misma base de datos, con los mismos protocolos, va a funcionar mucho mejor. La información va a estar consolidada y vamos a estar hablando de los mismo. No puede ser que en Argentina, a esta altura del siglo XXI, se de un caso como el de (Luciano) Arruga, con un cadáver cinco años enterrado en el cementerio de Chacarita y una familia buscando a una persona. 

-¿Pudieron reunirse con el actual Gobierno para plantear esta situación?

-Todavía no. Nosotros venimos trabajando en esta temática en Argentina desde hace unos doce años. Ya hemos pasado dos gobiernos. Tuvimos conversaciones a nivel ministros de Justicia y de Seguridad, pero hasta ahora fue imposible sentar a los que manejan cada ministerio a una misma mesa. Somos optimistas y estamos abiertos. Pensamos que toda la experiencia que hemos acumulado en 35 años puede ser volcada y aprovechada. La idea es tratar de aportar la experiencia acumulada y, si le interesa al Estado estar más involucrado, por lo menos contarle un poco cómo están las cosas. Acá el problema no es el dinero. No hacen falta millones de dólares ni comprar grandes softwares. No hay cosas nuevas, el tema es centralizarlo y trabajar coordinadamente. Hace falta voluntad política para sentarse en una mesa, conversar y llegar a consensos que permitan mejorar los tiempos, dar respuesta a los familiares y hacer búsquedas más eficientes.