A un año del asesinato de Mirna Antonella Di Marzo, la familia marchó en reclamo de justicia acompañada por el Área de la Diversidad Sexual, el Observatorio de Violencia contra Las Mujeres, las organizaciones Mujeres Trans Argentina, y el Frente feminista Queer de Seamos libres. La manifestación se hizo en la localidad de General Güemes, donde residía la joven que murió el 27 de enero del año pasado luego de haber sido golpeada a la salida de un boliche. 

La hermana de Antonella, Janet Di Marzo, destacó ante Salta/12 el reclamo de justicia. "Hace un año ya del fallecimiento y no hay condena. En la Ciudad Judicial ya no nos informan”, manifestó. Piden que el agresor sea condenado a prisión perpetua, “que no salga más”.

El 21 de octubre de 2018 Antonella Di Marzo, de 30 años, fue asesinada cuando salía del boliche Caribe en General Güemes. Fue atacada por José Gustavo Gareca cuando iba en busca de su moto antes de las 5 de la mañana. Di Marzo fue encontrada luego inconsciente, visiblemente golpeada y semidesnuda, fue asistida y permaneció internada hasta el 27 de enero de 2019, cuando falleció.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de otras personas, se logró la detención de Gareca, se encuentra imputado, acusado de “homicidio agravado por mediar violencia de género” y con prisión preventiva. 

Este hombre tenía 44 años al momento de cometer el crimen y antecedentes penales, entre los que se cuenta una tentativa de femicidio. Esa misma noche también atacó a otra mujer en la plazoleta Dávalos, “después (de atacar a Mirna) le pegó a otra chica. Ella nos acompaña en las marchas, la atacó en una plaza, la golpeó en la cabeza (...). Ella gritó, la ayudó un chico que pasaba por ahí, segundos después que le pegó a mi hermana”, relató Janet Di Marzo.

El primer fiscal de la causa fue Rodrigo González Miralpeix, después pasó a la fiscala penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, quien en julio requirió juicio para Gareca.

La madre de Antonella, Cristina Salas, está constituida en querellante con la representación legal del abogado José Lazarte. Janet contó que el letrado los representa ad honorem mediante la ayuda de la militante trans y directora del Observatorio de Violencia Contra Las Mujeres, Pía Ceballos. “La única que siempre nos acompañó”. Sostuvo que desde el Estado no recibieron asistencia psicológica ni económica. La Dirección de la Diversidad Sexual de la Municipalidad solo les colabora con la convocatoria a las marchas.

“Antonella se hacía cargo de mi hija de 5 años porque yo trabajaba haciendo limpieza o de niñera, Soy mamá soltera, juntas hacíamos cosas dulces para vender, me ayudaba mucho a mí. Era un amor, estaba terminando el secundario, se iba al colegio en el horario nocturno, quería ser abogada”, contó la hermana.

Janet planteó que Güemes “es un lugar en el que la gente discrimina mucho”. Dijo que a Antonella no le importaba lo que dijeran los demás “mientras la familia y las personas que quería la quisieran”. “A mí sí me molestaba cómo la miraban, cómo la discriminaban. Ella se sentía mujer y nadie le iba a cambiar eso. Queremos justicia para estar tranquilos, ella no merecía el final que ha tenido, era buena, no le hacía daño a nadie. Los vecinos y los chicos, la gente que la conocía la querían un montón”, expresó.

Janet sostuvo que las amigas trans de Antonella “están muy mal, hasta el día de hoy no lo pueden creer, no superan lo que ha pasado. Ellas son igual de discriminadas”. Por eso pidió a la sociedad y al estado que apoyen a las personas trans. “Somos todos iguales, no porque hayan cambiado de identidad de género tienen que ser discriminadas, somos humanos y todos tenemos sentimientos”.

La hermana dijo que es necesaria “una ley” para que las personas trans “puedan trabajar, salir libres a la calle. Una ley que las ampare y apoye en todo momento”.

Llamado de atención 

La directora del área de la Diversidad Sexual de la Municipalidad de Güemes, Emilce Tejerina, dijo que la marcha es un llamado de atención a la sociedad porque el transfemicidio “es el último eslabón de la discriminación y episodios de violencia”. La invitación a la marcha “fue hacia toda la comunidad. Es para pedir justicia por Antonella y también para concientizar a la sociedad”, sostuvo Tejerina.

“El imputado sigue detenido, hace un año del crimen y no hay fecha de juicio. Está siendo lenta la justicia, a un año no podemos seguir esperando”, planteó Tejerina. La funcionaria dijo que pese a que existe la ley de identidad de género, en la práctica el acceso a los derechos y a las políticas públicas es algo que no se percibe todavía.

La funcionaria municipal, que asumió el 10 de diciembre con el nuevo intendente saencista Sergio Salvatierra, dijo que hay apertura para las cuestiones de género. “El cupo laboral trans nos interesa porque entendemos que es necesario, que no sea solo abrirles un espacio para que trabajen sino que puedan capacitarse y se preparen para seguir. Son las metas que tenemos, proyectos a largo plazo porque necesitamos capacitar a las instituciones para que se acepte a las chicas trans, hay resistencia. La discriminación existe y hay que trabajar sobre ésta y los prejuicios que existen, es tal vez el desafío más duro. Existe una apertura que se tendrá que ir elaborando”.

Pese a las buenas intenciones, tanto el área de la Diversidad Sexual como la Secretaría de la Mujer aún carecen de recursos, aunque existe la demanda aún no cuenta con profesionales de abogacía ni psicología para asistir y asesorar a las víctimas. Por ahora los espacios “funcionan como nexos” con otras instituciones”.

Ayer la marcha partió del anfitetro de la plazoleta central y siguió por las calles guemenses hasta el barrio La Tablada donde creció Antonella. El Área de la Diversidad propuso como ceremonia , la plantación de un árbol memorial. “Que sea un recuerdo que perdure y viva para siempre. Que su recuerdo se aferre a nosotros”, sostuvo Tejerina.

La directora del OVCM, Pía Ceballos quiso señalar que se trata de un “transfemicidio, el odio a la víctima por su identidad de género”. La referente contó que este 27 de enero enviaron una nota a la fiscala “en función de dictaminar las buenas prácticas” con la copia del fallo del Tribunal Oral Federal 4, de Capital Federal con la sentencia condenatoria al autor del travesticidio de Diana Sacayan. Ceballos consideró que es un antecedente importante en relación los crímenes de travestis y trans.

“Esperamos que se llegue a juicio para que se dictamine condena. Antonella vivía con su familia, tenía una vida social muy solidaria, la conocían por su calidez, una persona muy querida por el pueblo güemense. El año pasado en el entierro, hubo una multitud acompañando a la familia”, expresó Ceballos.

La directora del OVCM dijo que es necesario que la justicia comience a analizar los transfemicidios y travesticidios en un contexto generalizado el que las personas trans no tienen acceso al trabajo genuino, a la educación, a la vivienda y su expectativa de vida es de 30 a 40 años.

“La población travesti- trans está en emergencia” sostuvo Ceballos. Apuntó a la responsabilidad del Estado y a la necesidad de políticas públicas que son imprescindibles para cambiar la situación en que se encuentra este sector de la población que sigue en los márgenes de la exclusión.

Ceballos dijo que los “relevamientos y diagnósticos están, se necesitan políticas públicas con presupuesto”. También, que “el estado revise el atropello a los derechos de las personas trans”. Recordó que piden la derogación del edicto 114, del Código de Contravenciones, por entender que "atropella a los cuerpos travestis- trans·.

Más del 80% de la población travesti- trans reclama trabajo, oportunidades negadas por el estado”.