Los 19 camaristas y jueces del fuero laboral firmaron por unanimidad un documento en el que rechazaron el pedido de juicio político que inició el Ministerio de Trabajo nacional a dos de los camaristas, que intervinieron ante una presentación por la paritaria de los bancarios. “Ningún juez puede ser atacado por el contenido de su sentencia”, destacaron los camaristas, quien advirtieron que el ataque “una grave e inaceptable injerencia en la jurisdicción local” y destacaron que se pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
El texto en respaldo de sus colegas fue firmado por los jueces Graciela Craig, Graciela González, Luis Raffaghelli, Néstor Rodríguez Brunengo, Beatriz Fontana, Roberto Pompa, Miguel Angel Pirolo, Silvia Pinto Varela, Alvaro Balestrini, Gloria Pasten de Ishihara, Gregorio Corach, Miguel Angel Maza, Victor Pesino, Luis Catardo, Mario Fera, Néstor Guisado, Diana Regia Canal, Enrique Brandolino y Daniel Stortini.
“Los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno, ante la denuncia y pedido de remoción presentado ante el Consejo de la Magistratura por el Ministerio de Trabajo contra la doctora Graciela Marino y el doctor Enrique Arias Gibert (foto), manifiestan que tan acto constituye una grave e inaceptable injerencia en la jurisdicción local, vedada a funcionarios de otros poderes”. “Ningún juez puede ser atacado por el contenido de su sentencia, como es el caso de los vocales integrantes de la sala V, a quienes expresamos la solidaridad del Cuerpo”, indicaron. “La independencia del Poder Judicial ha sido puesta en riesgo y, con ello, la plena vigencia de la Constitución nacional”, indicaron.
El Gobierno de Mauricio Macri había presentado un pedido de destitución contra los dos camaristas que convalidaron una paritaria de la Asociación Bancaria por encima del 20 por ciento que el presidente planteó como techo.
Los camaristas habían ordenado además al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no interfiriera en la paritaria. Triaca desacató esta orden judicial y se reunió con los empresarios para apelar el fallo. También dio instrucciones a los bancos públicos para que no pagaran lo acordado por el 80 por ciento de las patronales. Finalmente, debió aceptar lo acordado.
Pero luego, en un giro sorpresivo, el Ministerio de Trabajo pidió la destitución de los dos camaristas, con lo que recibió el repudio de un amplio espectro judicial y sindical, que incluyó a la Asociación de Magistrados. El escrito que presentó el ministerio que conduce Triaca llega a calificar a los dos jueces de “hedor a eliminar”. Dice textualmente: “Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad”.
Entre otras causales para su remoción, el ministerio sumó las de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”. En el texto, intentaron argumentar que no se basaban en el fallo de los jueces para pedir su remoción, pese a que todo el escrito está basado en el fallo que emitieron los dos jueces durante la feria judicial. El escrito del ministerio de Triaca llega a tildar ese fallo de “diabólico”, “barbarie jurídica”, “un absurdo, un delito”. Cabe aclarar que si hubo un delito el ministro de Trabajo no hizo la denuncia correspondiente ante la Justicia, como está obligado a hacerlo todo funcionario público.
