“¿Y con ésta qué hacemos?”, decía el texto de un PowerPoint que acompañaba una foto de Florencia Kirchner y que fue exhibido en una reunión de directores del Banco Central. Un funcionario de carrera contestó que no había elementos para involucrarla en ninguna investigación. Otro, al revés, pidió poner la lupa sobre ella. La escena está relatada en una nota elevada al titular de la entidad, Federico Sturzenegger, por uno de los miembros del directorio, Pedro Biscay, quien le advierte sobre “la gravedad de lo sucedido”, le pide el material proyectado y las conclusiones del encuentro. “El Banco Central no tiene como misión investigar a nadie, a lo sumo puede colaborar a pedido de un juez. Acá hay una clara situación persecutoria”, advirtió el funcionario. La misma carta del director denuncia que el BCRA levantó el secreto bancario sobre cuentas del camarista federal Eduardo Freiler sin que exista orden de un juez, para darle información al consejero de la magistratura y diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, que impulsa su destitución como parte de un anunciado plan del Gobierno para echar jueces que no le agradan. Biscay advierte también que la entidad sí debería promover sumarios por fraudes cambiarios y financieros, y sin embargo a partir de la desregulación se cerraron en forma masiva, en favor de las grandes empresas. 

El BCRA tiene diez cargos de directores, dos están vacantes. Los ocho que están en funciones son varones, y los únicos que tienen el pliego confirmado por el Senado son Sturzenegger y Biscay. Las funciones del directorio son, entre otras, regular el sistema financiero, intervenir en el manejo de la tasa de interés y autorizar la apertura de entidades bancarias. Biscay lleva más de cinco notas presentadas ante el presidente del Banco, con pedidos de explicaciones y señalamientos, y jamás tuvo una respuesta. “Los episodios mencionados me generan perplejidad, confusión y preocupación, porque de confirmarse evidenciarían un desprecio de las formas jurídicas más elementales”, explica la nota que presentó ayer.  

La referencia a la hija de Cristina Kirchner en una reunión de directores y gerentes del BCRA había sido mencionada en un escrito que ella presentó el viernes ante el juez Claudio Bonadio. Aquel relato cobra fuerza al ser denunciado ahora por un director del Banco. Si bien Biscay no estuvo en la reunión en cuestión, asegura que varios de los presentes le confirmaron los hechos. “No podrá negar su existencia, ante la gravedad de lo sucedido”, le advierte a Sturzenegger. “Sé que usted opina (y así lo manifestó en esa oportunidad) que el control y supervisión sobre la actividad cambiaria ilegal es una pérdida de tiempo y que el trabajo que en el pasado realizaron diversos funcionarios en esta materia es inútil. Humildemente, quisiera recordarle que la legislación vigente en nuestro país establece el deber de fiscalizar la actividad cambiaria, denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento e instruir las actuaciones que se labren en el marco del Régimen Penal Cambiario”, señala la carta de Biscay. 

En la reunión, el PowerPoint venía mostrando imágenes alusivas a que Sturzenegger no es partidario de perseguir a los “arbolitos” que venden dólares y otras monedas extranjeras, y quedaba claro que busca liberalizar aún más de lo que están las normas en materia penal cambiaria. Cuando puso la foto de la hija de CFK se generó una discusión subida de tono. Sturzenegger apuntaba a que los esfuerzos deben situarse en Cristina Kirchner y su entorno. “Si esto no responde a un pedido de colaboración judicial en alguna causa, uno debería entrar en un estado de preocupación extremo. Se ha dedicado tiempo a discutir temas que no hacen a la función específica del BCRA en claro compromiso con ciertas actitudes persecutorias que vemos a nivel nacional también”, dijo el funcionario.

Biscay dice que, si bien el BCRA no puede iniciar investigaciones de la nada, debe realizar sumarios ante posibles fraudes cambiarios o financieros. “He visto el cierre masivo de sumarios”, dice la carta, y menciona fraudes relacionados con operaciones que incluso “podrían implicar lavado de dinero en beneficio, muchas veces, de grandes empresas”. El director dice que con el gobierno anterior, por las políticas de regulación, “el número de infracciones cambiarias fue elevado”. “El cambio de gobierno y la desregulación absoluta del mercado de cambio, preocupante para la estabilidad financiera, implicó que se desregulen las principales normas punitivas sobre cambios. Esto implica que la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna ha impactado beneficiando a una enorme cantidad de empresarios. La sensación que tengo es de una profunda impunidad, porque en última instancia los grandes delitos vinculados con el mercado de cambios no se están investigando”, alertó Biscay. 

Sobre el final, le pregunta a Sturzenegger si es que hubo “algún cambio repentino en los criterios interpretativos y prácticos en materia de secreto” bancario, dado que se enteró que el camarista federal Eduardo Freiler lo denunció penalmente por ventilar información de sus cuentas ante un pedido de la Comisión de Disciplina que quiere investigarlo por supuesto enriquecimiento ilícito a pesar de que la justicia penal lo sobreseyó. “En el BCRA existe una pacífica tradición jurídica e institucional de resguardo del secreto bancario cuya interpretación ha sido siempre restrictiva y celosa”, dice Biscay y le pide saber si hubo un dictamen jurídico que avale la decisión. “Sólo los jueces pueden acceder” a la información sobre operaciones protegidas por el secreto. “Los miembros del Consejo no tienen esa facultad”, aclara. Freiler es uno de los jueces que el Gobierno ha incluido en una suerte de lista negra de los miembros del Poder Judicial a los que planea echar por juicio político porque no les gustan sus decisiones. También la AFIP ventiló información de Freiler ante el Consejo, donde el diputado Tonelli tiene a cargo el expediente y preside la comisión que impulsa la remoción de jueces. 

Cuando le toca enviar información que puede afectar los intereses de Cambiemos, la política del titular del BCRA es peculiar. Cuando recibió un pedido del juez Rodolfo Canicoba Corral para que intervengan expertos de la entidad en el análisis de las cinco transferencias que habría recibido Gustavo Arribas en una cuenta en Suiza y de parte de un operador de Odebrecht, Sturzenegger evitó girar el tema a la Gerencia de pericias judiciales que siempre realiza los informes que piden los jueces –pero a quienes no puede controlar– y, en cambio, derivó el tema a un colaborador de su confianza.