Luego de que tanto desde la Gobernación como desde el municipio de Salta manifestaran su voluntad de garantizar la estabilidad laboral de los empleados de la Cooperadora Asistencial, cuyo funcionamiento tambalea ante la falta de financiamiento, la situación no se modificó en los últimos días y llevó a que los trabajadores soliciten la intervención del organismo.
La nota, firmada por la mayoría de los empleados, fue dirigida al gobernador Gustavo Sáenz, “buscando con esta medida que podamos cumplir con nuestra misión y objetivos, tanto institucionales como humanos”, según los plasmado en la misiva.
Los motivos que señalan los trabajadores los llevó a presentar la nota al mandatario es la situación de incertidumbre laboral y “la falta de respuesta de la intendenta Bettina Romero y su equipo”.
Las cooperadoras asistenciales son entes autárquicos creados por ley y principalmente financiados por el impuesto que abonaban los empresarios por cada empleado contratado y que fue eliminado a fines de noviembre en virtud del pacto fiscal firmado en 2017 por Juan Manuel Urtubey y ratificado en ese punto por Sáenz, argumentando la necesidad de dar competitividad a las empresas de la provincia y evitar que se radiquen en otro lado.
En total se estima que el año pasado se distribuyó a todas las cooperadoras municipales unos 500 millones de pesos, de los cuales alrededor de 300 millones iban para la capital. La presidenta de la institución Adriana Portal, le confirmó a los delegados que el pago del sueldo de enero está confirmado, pero que no se puede garantizar que en febrero se puedan afrontar los compromisos y programas que tiene la cooperadora actualmente, lo que obviamente incluye los salarios.
El plantel de la cooperadora esta conformado por 300 empleados de los cuales más de la mitad son planta permanente, al sostenerse con dinero que llegan de las arcas provinciales, los empleados interpretan que es responsabilidad del gobernador darle una respuesta.
En paralelo ya desvincularon a 28 trabajadores que estaban contratados y para el viernes adelantaron podrían irse otros 50 que trabajan en un depósito del Parque Industrial. Por este motivo continuarán con las protestas y marchas callejeras como las realizadas ayer por el centro, y que hoy replicarán desde las instalaciones de la calle Buenos Aires 693.
Por el momento desde el gobierno provincial, Sáenz se limitó a decir que los empleados no serán variable de ajuste y a garantizar que continuará la asistencia social que prestan las instituciones, especialmente la copa de leche con la que se da de desayunar o merendar a chicos de escuelas salteñas y que ahora se implementará desde el ministerio de Educación.
En tanto la última palabra oficial desde el municipio fue durante la conferencia de prensa de los coordinadores Daniel Nallar y Bernardo Racedo en la que ratificaron que los empleados van a tener continuidad laboral, pero dentro de la provincia.
Las cooperadoras asistenciales además de cumplir su función en cuanto a la ayuda urgente y programas sociales, son una herramienta electoral muy importante justamente por esa característica de brindar soluciones directa a los vecinos. A raíz de eso fueron apuntadas como un organismo ideal para el clientelismo político, y en estos dos últimos años se reiteraron los pedidos de informe y denuncias penales por supuesta malversación de fondos.
Paradójicamente tanto Gustavo Sáenz como uno de sus principales colaboradores, el coordinador Pablo Outes, fueron presidentes de la institución de la cual ahora parecen firmar su certificado de defunción.
Senadores buscan alternativas
En tanto el lunes en el Senado hubo una reunión en la que los legisladores analizaron el proyecto de Ley que llegó con media sanción desde Diputados, y que establece destinar un porcentaje de los premios pagados por los juegos de azar en la provincia para destinarlo a las cooperadoras mediante una distribución similar a la cooparticipación que favorecería a los municipios más chicos.
Pero según explicaron dicho fondo no sería viable en virtud del bajo monto recaudado por ese ítem, que no alcanzaría el piso del 4 por ciento del total que se recauda por el impuesto a las Actividades Económicas fijado en la Ley, lo que obligaría a la provincia a recurrir a dinero de sus arcas para afrontar el financiamiento de las cooperadoras, algo que ya adelantaron no están dispuestos a hacer.
Ante esto los senadores buscan alternativas que permitan continuar con la asistencia que brindan dichos organismos, e inclusive plantearían la posibilidad de restituir por lo menos seis meses el cobro del impuesto de las cooperadoras hasta tanto consensuar una solución definitiva.
Si bien el mayor monto se lo lleva la capital, otras ciudades también sienten el cimbronazo del desfinanciamiento. “Esto se suma a la caída del fondo de la Soja y la baja que hubo en la cooparticipación por la recesión. Los municipios tienen cada vez más problemas para pagar sueldos y poder hacer frentes a las necesidades de los vecinos o la obra pública”, explicó el senador por Chicoana, Esteban D' Andrea.
En su momento el proyecto en la Cámara de Diputados fue aprobado con un solo voto en contra. Curiosamente tres actuales intendentes que hoy deben afrontar el problema de no contar con las cooperadoras, y que el año pasado eran legisladores, votaron positivamente a la iniciativa: Bettina Romero (Capital), Sebastián Domínguez (Pichanal) y Mario Mimessi (Tartagal).
