La jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos aires para que en el lapso de diez días comience obras de reparación de una vivienda con peligro de derrumbe, habitada por una mujer con dos "hijes" menores de edad, tal como dice la sentencia que utiliza lenguaje inclusivo. El Gobierno de la ciudad había decidido la "clausura inmediata y preventiva" por "socavón y deterioro de paredes" de un sector del domicilio, ante lo cual la jueza decidió intervenir para "hacer efectivas las medidas que aseguren los derechos fundamentales de los colectivo vulnerados", según se puede leer en el fallo.
Liberatori argumentó la decisión al decir que "la mujer y sus niñes son personas involucrades en el colectivo social que la propia Constitución de la Ciudad denomina de 'pobreza crítica'" y agregó que "se trata de un sector vulnerado y no vulnerable", ya que "dicha condición la padecen luego de una sucesiva puesta en marcha de determinadas políticas públicas que la generan". Mientras que la vivienda esté en reparación, la Ciudad deberá asignarle a la familia un alojamiento en una "vivienda digna".
