“Consideramos que estamos ante una crisis humanitaria de carácter crónico y no encontramos una solución mejor ante lo que sucede en nuestras comunidades que pedir ayuda exterior”. Esas fueron las palabras de los representantes de pueblos originarios del Chaco salteño al enviar el 21 de enero pasado una nota a la directora de Médicos Sin Fronteras (MSF) para América del Sur, Josefina Martorell, pidiendo la intervención de esta organización.

“La reciente muerte de dos niños wichí (hasta ahora suman seis por causas evitables y, de entre ellos, cuatro por desnutrición) por hambre en un país rico como Argentina, se suma a las miles de muertes invisibles que nuestras comunidades han sufrido desde la creación del Estado Nacional, las que venimos denunciando infructuosamente”, indica la carta.

Los referentes sostuvieron que pese a todo siempre confiaron en el sistema de salud estatal pero los hechos que consideraron de extrema urgencia los llevan a pedir la ayuda a esta organización internacional.

Entre las causas que aportaron a la actual crisis que viven no olvidaron que se suma “la contaminación de nuestras napas por empresas petroleras, la contaminación de nuestras aguas superficiales por las fumigaciones y el desmonte masivo que arrasa con todos los alimentos y medicinas de los que disponemos ancestralmente para desarrollar nuestra cultura”.

Entendieron que una misión exploratoria de MSF en territorio indígena, en el Chaco salteño y formoseño, “podría hacer más visible esta situación que sufrimos y tal vez traer un alivio a nuestras comunidades”.

Cien mil personas en crisis humanitaria

Otra nota dirigida a Médicos Sin Fronteras fue firmada por los médicos Carlos Trotta, ex presidente de MSF para América Latina; Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y el carlospacense médico sanitarista Emilio Iosa, ex presidente y fundador de la ONG Deuda Interna.

Los médicos sostuvieron que la población Wichi, Qom, Iyojwa’ja y Nivaclé que habita desde siempre el este y noreste de Salta y el oeste de Formosa y el Chaco se encuentra en crisis humanitaria crónica desde hace años. Al igual que los originarios de Salta, afirmaron que la situación se profundizó “en forma de catástrofe en los últimos 10 años en que el agronegocio desmontó 1.200.000 hectáreas del bosque salteño que ocupaban armoniosamente estas poblaciones”. Explicaron que ante este despojo las comunidades “se acumulan en pueblos y villorios sin agua, sin alimentos y con profundas dificultades para adaptarse a la nueva situación”. Sucede que se debe reconocer que “estos pueblos han sido históricamente cazadores-pescadores-recolectores y requieren de nuestra sociedad un trato humanizado con contenido intercultural y de género”.

Los sanitaristas afirmaron que la situación sanitaria es gravísima: “el hambre y el estrés del despojo para un pueblo tan manso es terriblemente traumatizante, la desnutrición es generalizada, y niños con marasmo y kwashiorkor (desnutrición proteica) al estilo africano se detectan en casi todas las comunidades, la tuberculosis y el chagas tienen índices de incidencia altísimos, la mortalidad materna se sospecha que es muy elevada también”.

Los médicos sostuvieron que la “crisis humanitaria es similar a la de los refugiados africanos en Europa y peor aún”.

Entendieron que las respuestas de los estados nacional y provincial han sido insuficientes para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques. Recordaron que el gobierno de Juan Manuel Urtubey permitió legalizar desmontes a favor de grandes grupos sojeros en Salta.

Por el contrario, los equipos de salud en el terreno “son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria. La única posibilidad es que una organización humanitaria honesta, eficiente e imparcial como MSF se instale en la zona y desarrolle acciones de contención sanitaria y de infraestructura básica, hasta que los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas”, indicaron.