Pasaron casi tres años. La semana próxima comenzará a juzgarse el femicidio de Paola Daniela Guantay, una joven madre de 22 años. Las audiencias se realizarán desde el 4 al 28 de febrero. La querella sostiene que fue un asesinato en el contexto de una organización narco criminal. Hay cuatro varones acusados y dos mujeres. 

"Pedimos que se condene a los imputados a cadena perpetua. Me mataron a mi hija de la peor manera", sostuvo ante Salta/12 Verónica Guantay, madre de la víctima. Solicitó a las organizaciones que bregan por los derechos de las mujeres que la acompañen el próximo martes a las 9 de la mañana en la Ciudad Judicial.

"Daniela tenía 22 años. Era una persona tranquila, le gustaba estar con su hija e hijos. Era muy mamera, salía de su casa, se iba a donde yo estaba, me ayudaba a mí. Iba todos los días a mi casa. Tenía algo especial, atraía a las personas. Le gustaba ayudar a los merenderos y comedores. Ayudaba a hacer la merienda, le encantaba ir a ayudar, buscar a los niños y hacerlos jugar. Ella amaba a sus hermanos y a su mamá", así recordó Verónica a su hija. La mujer recordó que su hija desapareció el 28 de febrero de 2017 y "la encontró un vecino el 7 de marzo en río Vaqueros". 

El juicio se realizará en la Sala VII con tribunal colegiado integrado por las juezas Paola Marocco (presidenta) y María Livia Carabajal (vocal) y el juez Francisco Mascarello (vocal). La primera audiencia será el martes y las siguientes se extenderán todos los días hábiles hasta el 28 de febrero. 

El Instituto de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Salta quiere presentarse como amicus curiae, antes debe conseguir aprobación del Consejo Académico de la institución. La abogada Gloria Cruz destacó que este femicidio se trata de un "caso paradigmático" y como amicus pretenden introducir elementos técnicos dentro del marco normativo vigente, para que sean valorados al momento de dictar sentencia

Están previstas las declaraciones de 84 testigos, 14 con identidad reservada, una testigo falleció pero se usará su testimonio grabado. 

La abogada querellante, Gabriela Rodríguez, de la Fundación Cintia Fernández, explicó a Salta/12 que el femicidio tiene como contexto a la criminalidad organizada en el barrio. "Sostenemos que el tema de estupefacientes fue el móvil por el cual a Daniela la entregan y le hacen todo esto, creían que ella había sustraído una cantidad de paco, que valía alrededor de 80 mil pesos", especificó la letrada. 

Los imputados son Julio César Monasterio, Norberto Silvestre, Carlos Alfredo Agüero y Juan Reynaldo Álvarez, están acusados de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, al haberse perpetrado con ensañamiento y premeditado por varias personas. Se los acusa por abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de perpetradores y calificado por la muerte de la víctima. La imputación también es por tortura agravada ante la muerte de la víctima y al participar una menor de edad. 

En la causa judicial hay dos mujeres imputadas. Marisel Griselda Urzagaste será juzgada por homicidio doblemente agravado, también se la acusa de tortura. La otra acusada tenía 16 años cuando se cometió el crimen, será juzgada su participación en los delitos y un juez de menores deberá determinar sentencia. 

Cruz sostuvo que "el grado de participación de las mujeres se va a aclarar en el curso del debate, es un grupo etáreo vulnerado, debemos merituar bien cuál fue el contexto", manifestó.

"Femicidio y narcocriminalidad" 

Rodríguez dijo que las cinco personas mayores de edad imputadas están acusadas por delitos que implicarían una condena a perpetua; en el caso de la chica que era menor de edad al momento del hecho recibirá una sentencia distinta. Destacó que espera que el Tribunal juzgue con perspectiva de género este femicidio, al que comparó con los que ocurren en Ciudad Juárez, en México, en el contexto de las redes de organizaciones criminales y donde el Estado también es responsable. 

Cruz, por su parte, analizó que el grado de criminalidad en el femicidio tiene un significado dentro de la estructura social. "Los criminales hablan a través del cuerpo de las mujeres, el mensaje que dejaron en el cuerpo de Daniela tiene significado" y planteó que el desprecio, el disponer de su vida, la saña ejercida "deja un mensaje para la sociedad, para el núcleo en el que se desarrollaron los hechos, para el contexto social, es una manera de adoctrinar y aleccionar". Sostuvo que el femicidio es la máxima expresión de la violencia de género que puede sufrir una mujer. 

Daniela vivía en el barrio Juan Manuel de Rosas, de la zona norte, uno de los más desfavorecidos por las políticas estatales.

Rodríguez precisó que "los cuatro hombres y las dos mujeres estaban dentro del consumo de pasta base, todos se conocían y se juntaban". Se había extraviado droga que "era de Agüero". "La señalaron a Daniela, quien consumía paco, como autora de ese robo, el femicidio fue un ajuste de cuentas, cometieron actos aberranetes, a los efectos de que sirva de ejemplo: 'al que roba la droga esto le pasa'", aseveró Rodríguez. 

La abogada destacó el trabajo de la Fiscalía, donde la investigación estuvo en un primer momento a cargo de Rodrigo González Miralpeix y luego pasó a Verónica Simesen de Bielke. "La causa es extremedamente compleja. A veces somos críticas del sistema pero en esta oportunidad trabajaron bien la Fiscalía y la División Homicidios", expresó la letrada. 

Daniela estuvo varios días desaparecida antes de que la encontraran ya sin vida. La abogada dijo que en el juicio se deberá establecer qué ocurrió con ella en esos días y en qué momento fue asesinada. 

La mamá rememoró la inacción de la Policía, que no quería tomarle la denuncia por la desaparición en la Comisaría 17. "Me decían que debía andar con las amigas, que ya iba a aparecer. Tuvimos que amotinarnos. La Policía nunca me ayudó. Nos ayudaron a buscar a Daniela amistades de ella, algunas de la Universidad Nacional de Salta que había conocido porque colaboraba con comedores y merenderos. Mi hija nunca se iba a ningún lado, nunca se amanecía, no se iba ni dos horas, ni días", sostuvo.

La Policía sí había tomado aquella vez una denuncia de la ex pareja de Daniela "por abandono de hogar". Verónica contó que su hija era víctima de violencia de género, en un primer momento sospechó de ese hombre por ese motivo. Rodríguez explicó que esa hipótesis fue descartada en el proceso de investigación de la Fiscalía. 

Sin acceso a la Ley Brisa

Verónica precisó que tiene la tutela legal de una hija de 10 años y un niño de 8. El más chico, de 5 años, está a cargo de su abuela y abuelo paterno. Ninguno de los tres hijos de Daniela ha tenido acceso todavía a la Ley Brisa, una pensión que debe otorgar el Estado pero que pocos chicos y chicas están cobrando en Argentina. 

La madre de Daniela sostuvo que ha colectado los papeles, pero que le faltaba el decreto de imputación y de requerimiento a juicio. Contó que ella trabaja todo el día como empleada no registrada en un comercio, por lo que no dispone de suficiente tiempo para realizar los trámites que impone la Anses. La mujer precisó que el Ministerio de Derechos Humanos en un momento les brindó asistencia económica con un subsidio de $3000 o $2000 pero hace un año que ya no cobra eso. La contención psicológica se la brindó el Área de la Mujer de Municipalidad de Salta. 

"Fueron años muy duros. Este año que me toca vivir no sé como voy a hacer para enfrentar la situación (del juicio). Ver la foto de mi hija me duele en el alma", sostuvo Verónica.