El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, dispuso que la Secretaría de Ambiente provincial realice una inspección de oficio para evaluar el cumplimiento de la ley fitosanitaria en Las Lajitas. Los vecinos y vecinas que se movilizan por la regulación del uso de agroquímicos le solicitan que se reformule esa legislación con aportes de especialistas y ambientalistas; además, cuestionan al actual sistema productivo.
"Hoy me hablaron de la Secretaría de Medio Ambiente, me dijeron que iban a venir probablemente la semana próxima. Van a investigar en qué condiciones están las empresas que fumigan y si están inscriptas", informó a Salta/12 el intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Después la Secretaría daría instrucciones al municipio; el jefe comunal dijo que hablaron de la posibilidad de firmar un convenio de trabajo conjunto para regular las fumigaciones.
Desde el área de prensa de la Secretaría precisaron a Salta/12 que lo que hace el organismo es "controlar, va al lugar de la zona, levanta un acta y redacta un informe". Dijeron que controlan la distancia de la aplicación de los productos y si afecta o no la salud de las personas. Además indicaron que los productores deben estar inscriptos en un registro de la Secretaría, "si no lo están se les impone una sanción administrativa y se les pone una multa".
"La idea es que se hagan las cosas que se tienen que hacer, como dice la ley. Parece que hay gente que tiene que estar inscripta en medio ambiente y no lo está", planteó por otro lado, el intendente Alabi y expresó que tiene voluntad de trabajar para que no se fumigue en la zona poblada.
De los Ríos, quien fue ex presidente de Prograno (el actual gerente es primo del ministro), manifestó a través de un parte de prensa intenciones de "consensuar acciones con el intendente de Las Lajitas para equilibrar el desarrollo productivo y el cumplimiento de la ley 7.812, de buenas prácticas agrícolas".
"Actualmente lo que queremos no es que se cumpla la ley de fitosanitarios, sino que se reformule en la provincia. Queremos organizarnos con vecinos y vecinas. Llamar a especialistas", afirmó Eric Zamora, el vecino impulsor del reclamo en la localidad del suroeste provincial.
También quieren que cambie el modo de producir. "Es probable que muchos de los vegetales que compramos en la comunidad para cocinar tengan venenos. Este sistema productor está basado más bien en las ganancias y en producir cantidad en vez de calidad. Nos están vendiendo mercancías y no alimentos (...) Creo que hay que cambiar el sistema de producción por otro que produzca alimentos y tenga (en cuenta) la salud de las personas como elemento principal", expresó otro vecino, el enfermero Gastón Veleizán.
Zamora tiene la casa rodeada por un campo sojero perteniente al empresario Osvaldo Ferrari, dijo que tanto él como sus vecinos y vecinas sufren la exposición a las fumigaciones. Por su parte, Ferrari insistió en que se reitere su afirmación de que “fumiga con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana”.
Por otro lado, Zamora resaltó la procedencia que tiene el ministro de la Producción: "era gerente de la empresa El Rejunte que se encuentra en Río del Valle. El primer servicio que presta es pulverización terrestre, o sea que es quien nos estuvo envenenando también. Es una persona que siempre estuvo relacionada a la actividad productiva agraria. Fue el primer presidente de la Federación Agraria de Salta, conformada por la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Asociación de Legumbres del NOA. Hay una complicidad del Estado provincial y del municipal con las prácticas con agrotóxicos y los sojeros", esgrimió.
Este 28 de enero, tras una denuncia de Zamora, la fiscalía penal de Anta, que tiene a Susana Redondo Torino como subrogante, solicitó la clausura de un predio propiedad de Hermes Rivarosa, quien realiza fumigaciones en campos de Río del Valle. La fiscala consideró como una contravención que en dicho galpón, ubicado en la zona urbana, se almacenaran agroquímicos. La jueza subrogante de garantías, Patricia Rahmer, dio lugar al pedido. Sin embargo, el oficio no llegó hasta tarde a la Policía.
"Los policías recién actuaron a las 21.30. Yo lo vi al hombre sacando las cosas todo el día del predio. No entiendo cómo funciona la justicia, por qué se lo hizo público al pedido de clausura ni por qué actuaron varias horas después", sostuvo Zamora.
