El gobierno volvió a postergar por 30 días el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se debía aplicar a partir de este sábado. El objetivo es no meterle presión a las petroleras para que mantengan sin cambios los precios de los combustibles, al menos hasta marzo. La cotización internacional del crudo también ha venido colaborando, pues en 10 días el barril tipo Brent, que se toma como referencia en el país, bajó de 65,2 a 59 dólares.

El Congreso Nacional votó en diciembre de 2017 una amplia reforma tributaria que, entre otras cuestiones, modificó el impuesto a los combustibles previsto en la ley 23.966 de 1991. A través del decreto reglamentario 501, aprobado en junio de 2018, se estableció que la AFIP debe actualizar el ICL en enero, abril, julio y octubre de cada año a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec correspondiente al trimestre calendario que finaliza el mes inmediato anterior al de la actualización. Sin embargo, desde entonces fueron pocas las veces que se respetó lo pautado.

El año pasado el gobierno de Mauricio Macri postergó total o parcialmente la suba del impuesto durante varios meses a través de los decretos 381/19, 441/19, 531/19 y 607/19. Una vez perdidas las elecciones, se autorizó a través del decreto 753/19 que en dos meses se traslade a precios todo el componente del ICL pendiente, pero ni siquiera esa norma se cumplió porque el decreto 798 del 28 de noviembre del año pasado volvió a modificar el cronograma previsto.

Luego de frenar el aumento de combustibles previsto para fin de año, el gobierno de Alberto Fernández volvió a introducir cambios a través del decreto 103/19 que difirió la aplicación del ICL por 30 días. Según esa norma, el aumento debía regir a partir del 1 de febrero, pero el decreto 118/19 publicado este jueves en el Boletín Oficial aplicó una nueva postergación que rige hasta el 29 de febrero. En esta ocasión, se justificó el diferimiento al asegurar que “el Poder Ejecutivo Nacional ha iniciado un análisis integral de la actualización de los montos de los impuestos regulados en el título III de la ley 23.966 para su futura adecuación”.

El freno en la aplicación del impuesto sirve para que las petroleras mantengan sin cambios sus precios en el surtidor. No obstante, la principal ayuda para descomprimir la situación provino del exterior. La emergencia internacional provocada por el coronavirus impactó de lleno en la cotización internacional del crudo que retrocedió más de 10 por ciento en pocos días. De este modo, el atraso en los surtidos locales, se redujo sustancialmente quedando en torno al 5 por ciento.

Las petroleras igual podrían aumentar ese porcentaje para equiparar la paridad de importación porque los precios en el país están formalmente desregulados. No obstante, en los hechos la empresa YPF, que concentra más del 55 por ciento del mercado, marca el paso en el sector. Si la petrolera controlada por el Estado Nacional no aumenta, su competencia tampoco lo hace porque terminaría perdiendo mercado. A fines de diciembre, YPF tenía previsto aplicar un aumento, pero finalmente dio marcha atrás por las presiones que ejerció el gobierno nacional. “Paramos el aumento”, aseguró el presidente Alberto Fernández cuando fue consultado sobre el tema en la mañana del lunes 30 de diciembre.