La escucha telefónica que se encuentra en el expediente que investiga la balacera del Centro de Justicia Penal de Rosario, del 3 de enero pasado, disparó ayer una polémica publica: el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de la provincia, Héctor Acuña, afirmó que desde el gobierno “se tomó la decisión política de sacar los celulares de las cárceles de Santa Fe”. Y acusó a la anterior gestión del Frente Progresista y Social “de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señales” en los penales. “Esta es una situación que la Justicia no puede negar. No tengo la menor duda de que cualquier fiscal podrá hacer una alta ponderación de nuestra gestión, si la compara con la anterior”, manifestó el funcionario provincial, al tiempo que detalló que en los 40 días que lleva en ese cargo “se han incautado por lo menos 500” dispositivos móviles. La respuesta del titular del Servicio Penitenciario anterior fue inmediata. "Acusar a la anterior gestión de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal es cosa de ignorante, y hablar de la supuesta decisión política de la gestión actual es una caradurez", expresó Pablo Cococcioni por la red social twitter.
Acuña explicó los operativos para incautar celulares. “Hacemos una o dos requisas por semana. Hay que explicarle a la gente el esfuerzo que significa hacer una requisa en la cárcel. En Coronda, una inspección general lleva siete horas y media. La concentración del personal que revisa la primera celda no es la misma cuando llega a la última. Por eso hicimos un cronograma. Ahora, hay una política clara en ir en esa dirección: sacar los celulares de las cárceles de Santa Fe. No somos infalibles, pero la decisión política ya la tomamos”, aseguró.
La respuesta de Cococcioni no se hizo esperar. "La prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017. Se trata de leyes nacionales, cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional", remarcó el ex funcionario y aseguró que "ya algunos años antes, y sin norma expresa que lo habilite, la provincia de Santa Fe avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (ENACOM), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos".
"En paralelo -agregó Cococcioni- se reformuló el diseño de los antiguos Grupos de Requisa, que pasaron a formar una unidad centralizada bajo la dependencia del Director General. Es decir, los requisadores dejaron de depender del director del penal, lo cual despertaba legítimas suspicacias".
Cococcioni admitió que "existen falencias y cuestiones pendientes, de los que deben ocuparse ahora para continuar mejorando". Y contraatacó: "Cuentan para ello con recursos materiales y humanos, que desearíamos haber heredado nosotros en el 2007, cuando los presos se amontonaban uno encima de otro en comisarías atestadas, con policías ocupados en cuidar detenidos en vez de estar patrullando las calles".
