“Abusos sexuales, torturas colectivas, aislamiento extremo”, fueron los delitos aberrantes constatados en la Comisaría Tercera de La Tablada, en el partido de La Matanza, que fue desalojada e intervenida luego de una “inspección sorpresiva” realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Las requisas vejatorias que se constituyeron en abusos sexuales en esa dependencia donde se alojan mujeres fueron cometidas por policías varones y una agente femenina a la que las víctimas llaman “la ginecóloga”, por la modalidad abusiva que empleó. Los episodios denunciados ocurrieron el 19 de diciembre pasado y el 5 de enero de este año, con intervención de treinta hombres del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), un cuerpo especial que de ninguna manera debería intervenir en una cárcel de mujeres.

Los del GAD, a quienes llaman “paleros”, por razones obvias, fueron acusados de golpear, amenazar, insultar y de burlarse de las víctimas con “frases racistas, estigmatizantes y prejuiciosas”. La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, intervino a partir de una denuncia formulada por el defensor de Casación Mario Coriolano. Luego de realizar denuncias ante organismos administrativos y judiciales, la CPM se reunió con el ministro de Seguridad provincia, Sergio Berni, quien dispuso la intervención de la comisaría.

Las víctimas relataron que la situación interna se agravó desde la asunción como jefe de la seccional del subcomisario Leonel Gómez. En el primer episodio las víctimas fueron 14 mujeres, en el segundo 15, y cuatro de ellas estuvieron presentes en las dos ocasiones. Tras sufrir los abusos y las torturas, todas fueron “disciplinadas, castigadas y amenazadas”, con el propósito de garantizar la impunidad del personal involucrado. Les prohibieron ver televisión, encender la radio y hasta le quitaron los relojes. Sólo se podían comunicar con familiares y amigos a través de cartas.

En el episodio ocurrido en diciembre intervinieron alrededor de 30 hombres, los “paleros” del GAD, que ingresaron a las celdas de la parte de atrás de la comisaría. Junto con ellos entró también “una agente policial a la cual las mujeres detenidas apodaron ‘ginecóloga’ por la forma en la cual ejerció actos de tortura y violencia sexual”.

En la denuncia penal formulada por la CPM se precisó que esa mujer “se encontraba de guardia el día de la inspección” realizada por el organismo de derechos humanos el 20 de enero, entre las 11.25 y las 15. Se trata de una mujer “de mediana estatura, castaña de alrededor de 28 años”, que el día de los hechos no llevaba ningún tipo de identificación.

Los hombres del GAD obligaron a las detenidas a ingresar a las celdas, mientras la mujer, con guantes, las sometía a un trato humillante en sus partes íntimas. Todas tuvieron que pasar por el mismo maltrato sexual, en presencia de los “paleros”, que se burlaban con aberrantes frases machistas.

Una de las víctimas, por resistirse, fue esposada y la sacaron a los golpes de la celda para llevarla a otra. Luego del abuso sexual, los policías desplegaron una serie de acciones para garantizar su impunidad y trasladar la responsabilidad de estos hechos a las mujeres víctimas. Las amenazaron para que no cuenten nada, las aislaron durante cinco días en sus celdas, donde tenía que hacer sus necesidades fisiológicas porque no las dejaban pasar a los baños. A los familiares de las víctimas les dijeron que ellas “están locas” porque denunciaban hechos inexistentes. 

El segundo episodio ocurrió el 5 de enero al mediodía, otra vez en las celdas traseras. Esta vez los agentes del GAD fueron cerca de 15. A las detenidas las hicieron desnudar en el baño común, un espacio de 1,50 por 2 metros.

Las hicieron poner en cuclillas por más de dos horas, las obligaron a hacer flexiones, una prácticamente sobre otra, al punto que “las colas de unas chocaban con las caras de otras”. Esto, sin tener en cuenta que algunas de las víctimas “estaban indispuestas”. Y tuvieron que escuchar las frases de los “los paleros”, que las llamaban “sucias, son un asco”.

También las golpeaban “para que obedezcan”, al punto que “una de las jóvenes se descompuso, y cuando iban a llevar al hospital, esta situación descomprimió (…) y finalmente las dejaron en paz”. Las chicas contaron a los abogados de la CPM “con mucha angustia que muchas no podían para de llorar frente al hecho que estaban viviendo”.

En la denuncia penal se señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “la violencia sexual no sólo constituye un acto de violencia contra las mujeres en los términos del artículo 2 la Convención de Belém do Pará, sino que en algunos casos, también puede constituir un acto de tortura de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.  La CPM presentó un hábeas corpus preventivo, una denuncia penal, y solicitó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.