A diferencia del que le precedió, el gobierno encabezado por Alberto Fernández está cumpliendo los principales lineamientos de la campaña electoral del Frente de Todos desde el mismo 10 de diciembre. El eje rector es que la especulación financiera no prime sobre la producción de bienes y servicios como ocurrió en el período 2016-2019, y sentar las bases de una economía productiva que beneficie a las grandes mayorías, comenzando por quienes presentan mayor postergación.

La ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Pública” no es un plan económico, sino el primer paso para comenzar a frenar las consecuencias de las políticas neoliberales y cambiar el rumbo. Es una verdadera declaración de principios de política económica que comienza a plasmarse en la realidad.

En el primer artículo se declara la emergencia en general y la primeras medidas concretas aparecen en el segundo: “Crear las condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la reactivación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos […] Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético […] Promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados […] Crear las condiciones para la sostenibilidad fiscal […] Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales […] con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos […] Impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales”

Dentro de este marco legal, existen dos grandes pilares. Por un lado, se pone el foco en que cada compatriota pueda alimentarse, con una batería de medidas destinadas a este fin que ya están en marcha; por otro, se otorgan atribuciones para negociar el aplazamiento del pago de la deuda externa heredada -implicaría la quinta parte del presupuesto nacional-, que fue destinada a la fuga de divisas, uno de los mecanismos principales de la valorización financiera que derivó necesariamente en desindustrialización, desempleo y pobreza. Ambos aspectos tienen una conexión: no se pagará la deuda con el hambre del pueblo, los muertos no pagan sus deudas y no se puede pagar sin crecer.

La tasa de interés de referencia, el otro mecanismo fundamental que implicó que la rentabilidad financiera fuera mayor que la productiva, “desalentando” la inversión en la economía real, se redujo de 63 al 48 por ciento y continuará un curso descendente. Facilitará el crédito a la producción. Esta medida se complementa con la administración cambiaria y con el incremento del tipo de cambio real para compras de bienes y servicios no productivos, abriendo el camino a la desdolarización de la economía.

Se establecen pautas para el incremento del salario real y las asignaciones destinadas al consumo en el mercado interno, por estricta justicia y como mecanismo para la reactivación y la generación de empleo.

Esta ley no establece una inédita concentración de poder en el Presidente. Cuando los sectores más concentrados de la economía lo afirman, explicitan su malestar porque ellos no tendrán la concentración absoluta del poder.

Todas las medidas implementadas deben ser comprendidas bajo este enfoque, de conjunto y sin hacer abstracción de que existen sectores económicos que acuerdan con la reactivación, pero reniegan de hacer su aporte, mientras que hay otros que se oponen al nuevo rumbo.

Los grandes medios de comunicación intentan analizar cada política de manera aislada, desdeñando las magnitudes de las mejoras y alentando los reclamos de diversos sectores. Probablemente harán hincapié en que el nivel de inflación, aunque se reduzca, continuará siendo elevado por bastante tiempo, sin dar cuenta del movimiento determinante para las mayorías, que es la relación entre precios y salarios y la velocidad con que se eleve cada variable.

La nueva política conducirá a la economía. Velará porque no se impongan los intereses de sectores concentrados y minoritarios. Pero no bastará, tendrá que contar con la presencia activa de las organizaciones populares, que, entre otros roles, deberán explicar el proceso de manera integral.

Fundamentar sin tecnicismos los mecanismos específicos a través de los cuales se desplegó la economía en el período 2016-2019, así como los puestos en marcha en el presente con objetivos contrapuestos al gobierno de Macri y el capital financiero transnacional, es una tarea esencial para analizar objetivamente lo que ocurrirá y no caer en el pecado del interés parcial e individual en una realidad que sólo tiene explicación como un todo y en sociedad, en un mundo en crisis.

* Economista UBA-UndAv e integrante de Economía Política para la Argentina (EPPA).