Desde Tartagal a Santa Victoria Este, en los departamentos San Martín y Rivadavia, se vienen sucediendo asambleas de integrantes de comunidades originarias en las que se desgranan una ristra de reclamos. Entre ellos, que bajen funcionarios al territorio para saber de qué se trata esto de vivir en el Chaco salteño y, más precisamente, vivir en una población indígena, rodeades de desmontes y sin acceso (o con acceso restringido) a los servicios esenciales. También demandan la normalización del intervenido Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y la aplicación de leyes como la de fomento de la agricultura familiar y la de salud intercultural. Recién anteayer, tras días de una sucesión de asambleas, un equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia fue a Embarcación, a reunirse con referentes originaries. 

En una de las últimas asambleas, en Fortín Dragones, sobre la ruta nacional 81, se resumieron las exigencias: la elección de vocales del IPPIS; la modificación y actualización de la ley provincial 7121, para permitir el reconocimiento oficial de otros cinco pueblos originarios y su incorporación al directorio que conduce el IPPIS. 

La reglamentación de la ley provincial de salud, 7856, que crea una red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los pueblos originarios; capacitación e incorporación de agentes sanitarios de pueblos originarios. Que se asegure que en los hospitales haya ambulancias, médicos especialistas y medicamentos. 

Que de manera urgente se lleve a cabo un operativo de desarrollo social para entregar pensiones por discapacidad y a madres de siete hijos, y para atender la emergencia alimentaria. Acceso al agua apta para consumo y para riego de la agricultura familiar, la construcción de pozos profundos. Articulación de trabajo y gestiones entre las comunidades y organismos del Estado provincial y nacional.

La titularización de les auxiliares docentes bilingues. Financiamiento de proyectos productivos. Fomento de las actividades deportivas y juegos recreativos culturales. Cumplimiento de la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, 26.160 (actualizada mediante la 27.400) y que se entreguen las carpetas técnicas del relevamiento territorial a las comunidades. 

"Que vengan"

Desde el primer día los caciques incluyeron entre sus reclamos la presencia en el territorio de funcionaries provinciales y nacionales. En esa lógica dijeron que no buscaron comunicarse con el secretario de Asuntos Indígenas de Salta, Luis Gómez Almaraz, ni con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda.

"Solicitamos que alguna autoridad venga", insistió Chávez. Odarda anunció que visitará la provincia la semana próxima.

Ferreyra dijo que preferían hablar con la prensa para que se difundieran sus reclamos y les llegaran a "las autoridades", aunque en su caso fue crítico con Gómez Almaraz, a quien conoce de gestiones anteriores, porque fue ministro de Asuntos Indígenas en parte del gobierno de Urtubey. "Es un contramano de nosotros, nosotros vamos y él viene, así es el asunto", sostuvo. 

Gómez Almaraz dijo a Salta/12 que comparte los reclamos de las comunidades y el miércoles integró el equipo gubernamental que se reunió con referentes en Embarcación. También fueron otres funcionaries de la cartera de Desarrollo Social de la provincia, en cuya área quedó la Secretaría de Asuntos Indígenas, tras perder su categoría de Ministerio.

Ferreyra destacó la unidad de las familias indígenas de los departamentos San Martín y Rivadavia, y, a pesar de las dificultades para la conexión, la existencia de redes virtuales, lo que les fue útil para organizar protestas de un extremo a otro del norte salteño. En la urgencia, las comunidades se dieron una organización: Nueva Integridad. 

Ferreyra añadió que las comunidades desean dejar de depender de intermediarios. "Ha llegado la hora de que nosotros los indígenas estamos despertando" y pueden ver "los atropellos, (que) no somos escuchados (...), sin agua, sin medicamentos, se están muriendo los chicos de desnutrición" y "si viene algo del gobierno para los indígenas" los gobiernos municipales no lo entregan, "lo mismo pasa con el IPPIS", hay "malversación de fondos. Siempre pasó eso y si no se corrige esto, seguirá pasando", aseguró. 

"Todos los pedidos fueron canalizados a las áreas estatales competentes, para su análisis e intervención", indicó el Gobierno en un parte de prensa tras la reunión.

Recuperar la institución 

Creado al final del año 2000, por la ley provincial 7121, el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta es un organismo autárquico descentralizado con vinculación directa con el Poder Ejecutivo provincial. Su conducción está a cargo de un Consejo de nueve integrantes, todos provenientes de pueblos originarios, ocho vocales y un presidente o presidenta. 

La ley 7.121, que en 2000 hablaba de "miseria" al referirse a la situación de los pueblos originarios de Salta, establece que el IPPIS será el organismo encargado de llevar adelante las políticas públicas dirigidas a esta población, en todo aspecto, desde lo social a lo sanitario, pasando por la educación, la economía familiar y la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Sin embargo, históricamente, la gestión del IPPIS, que nunca pudo sacarse de encima la bota de la política "blanca" occidental, ha tenido tropiezos de todo tipo. Y ha sido intervenido en varias ocasiones. 

La última (por irregularidades administrativas) se inició en febrero de 2019, por decisión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey y fue renovada por seis meses más por su sucesor, Gustavo Sáenz. Les asambleístas afirman que esta intervención les perjudica, porque están suspendidas las funciones sociales que habitualmente cumple este organismo, como facilitar el traslado y la estadía a la ciudad Capital, sea para realizar trámites o por motivos de salud. Consultado por Salta/12, Gómez Almaraz, sostuvo que todas las funciones del Instituto siguen cumpliéndose. Los caciques con los que habló este medio, no están de acuerdo. 

"Nosotros estamos solicitando urgente una nueva elección en el IPPIS y queremos que todos los que han malversado fondos, los que han sido vocales, que no sean reelectos", sostuvo el cacique Ceferino Vallejos, de la Comunidad wichí Misión Carboncito. Explicó que a través de este pedido se expresan otros, porque "para hablar de necesidades, hay muchas que tenemos dentro de la Comunidad. Nosotros lo que estamos pidiendo es recuperar la institución, que corresponde porque a través de eso se pueden hacer varios proyectos".

Las comunidades de esa zona también reclaman que se nombre a un vocal por Embarcación, lo que exigiría una modificación de la legislación vigente, dado que les vocales del IPPIS se eligen en representación de cada pueblo originario reconocido, no por zonas. 

"Estamos movilizándonos para reclamar algo que nos parece justo", añadió Durán Ferreyra, referente de Misión Carboncito, que habló con Salta/12 el 22 de enero, desde Embarcación, en el inicio de estas asambleas. 

Ferreyra sostuvo que actualmente los pueblos originarios están "excluídos del IPPIS" y "con el fallecimiento de(l histórico cacique Indalecio) Calermo nosotros hemos quedado totalmente abandonados, no escuchados y olvidados. Entonces por eso es la movilización. Y esta movilización es un comienzo, es una mechita de un fósforo que estamos prendiendo (...). No sé cómo irá a terminar esto, pero lo que nosotros queremos es una cobertura de prioridades para solucionar los problemas que tenemos en las comunidades". Se trata de un conjunto de dificultades, "en todo sentido, no es un problema de salud, agua, no es un problema de la Anses, es un problema de que nosotros no tenemos espacio, ni político ni institucional", ratificó. 

El IPPIS "es una herramienta que veníamos usando hace tiempo, pero con esta intervención no se puede hacer nada ya", afirmó el cacique Ismael Chávez, de la Comunidad guaraní Misión La Loma, de Embarcación, que es además integrante del Consejo de Organizaciones Wichí (COW). Insistió en que con la intervención se suspendió la actividad del IPPIS, "todo. Uno va a Salta no hay ayuda" de ningún tipo, ni "ayuda en la gestión, para nada. Así como está intervenido no nos conviene ni a nosotros ni a nadie, así que nosotros lo que pedimos es que se haga pronto la normalización. Que hagamos una nueva elección y tengamos unas nuevas autoridades".

Las comunidades también reclaman la modificación de la ley 7.121 para que se incorporen a la conducción del IPPIS otros cinco pueblos originarios, Lules, Atacama, Tastil, Iogys y Wennayeck, todavía no reconocidos oficialmente por la provincia. Actualmente tienen reconocimiento oficial los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Chorote, Chané, Chulupí, Guaraní, Toba y Tapiete.