La visita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las dos grandes represas de Santa Cruz produjo una falsa y vergonzosa polémica alrededor de la Ruta Provincial 9. Los aliados de Cambiemos y el catastrófico ex titular de Vialidad y ex ministro de Energía, Javier Iguacel, pusieron sobre el tapete que esa ruta debió estar pavimentada por un contrato incumplido con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. 

La realidad es que nunca existió tal contrato de pavimentación, sino que lo licitado fue la construcción de una ruta de ripio que permitía ahorrar unos 500 kilómetros para visitar El Calafate y acceder a las grandes represas sobre el río Santa Cruz. Austral tenía terminado el 95,99 por ciento, pero la administración Cambiemos abandonó el final de la obra y el mantenimiento por lo cual entró en total deterioro. Lo que reclamó CFK es que, como parte del costo de las represas y el pasivo ambiental que se produce, el consorcio constructor solvente la pavimentación de esa ruta clave, que une el Atlántico con la Cordillera.

La ruta 9 figura entre las 51 obras denunciadas en la justicia y que hoy están en debate en el juicio conocido como el de la obra pública y en el que CFK se expresó con un durísimo alegato sobre el lawfare, o sea la utilización de la justicia para la persecución política. Sin embargo, la ruta 9 no está entre las cinco obras auditadas, es decir que ni siquiera el tribunal consideró que hubiera demasiadas irregularidades, porque puso el acento en otras construcciones viales.

La realidad es que a diciembre de 2015, los trabajos estaban terminados -y certificados- en un 95,99 por ciento, pero Iguacel canceló el contrato, como hizo con todas las obras que financiaba Vialidad Nacional. Según la auditoría hecha por tres ingenieros de Vialidad, lo que cobró Báez por la obra es lo que construyó. Por supuesto todo fue abandonado por Cambiemos que no sólo no terminó la obra sino que tampoco Vialidad financió su mantenimiento: la provincia de Alicia Kirchner tuvo que hacerse cargo en el marco del hostigamiento de la Casa Rosada y las penurias económicas. El resultado fue un deterioro grave.

A esto se sumó que la ruta 9 es el único acceso a las dos grandes represas de Santa Cruz, llamadas Cóndor Cliff y Barranqueras, según les cambió el nombre un decreto de Cambiemos, y Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, según las sigue llamando la provincia de Santa Cruz. De manera que el tránsito de camiones contribuyó al deterioro de la vía santacruceña. Durante la visita de CFK, el titular de Electroingeniería --cabeza del grupo constructor de las represas--, Gerardo Ferreyra, conversó con la vicepresidenta sobre el pasivo ambiental de la gigantesca obra, la más grande financiada por China fuera de China. Se calcula que por la ruta de ripio transitan unas 10.000 toneladas por mes de materiales y maquinarias. Quedó planteado entonces que correspondería que se pavimente la ruta 9 como una compensación, algo que deberá acordarse con Vialidad y, sobre todo con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En su momento, Cambiemos denunció la obra de la ruta 9 a través de quien fue su inspector Martín Leonardo Cergneux. El hombre, que trabajó en Vialidad Provincial, fue testigo de identidad reservada y lo llevaron a declarar ante los fiscales en plena feria judicial de enero de 2016. O sea, el funcionario inspeccionó durante el mandato de CFK, pero después se volvió a su provincia, Entre Ríos, y decidió denunciar durante el mandato de Macri. Obviamente el testimonio no se produjo con presencia de las partes y Cergneux explicó que hubo irregularidades que él mismo omitió denunciar en su momento. Por esa razón, terminó imputado. 

Además, la auditoría ordenada por Iguacel en enero de 2016, con el objeto de apuntar contra la gestión kirchnerista, ni siquiera observó diferencias significativas. En concreto, la obra estaba terminada en un 95,99 por ciento, nunca se pagó por pavimentar nada, pero sí se hizo todo el trabajo a lo largo de 200 kilómetros de alcantarillas, enripiado y la base para que en algún momento se pavimente. Hasta entonces, la ruta 9 era un camino de tierra, casi intransitable en invierno por el barro. El plazo fue largo porque la construcción era un verdadero desafío por las condiciones climáticas adversas y el territorio inhóspito.

El gobierno nacional debe ahora decidir sobre la propuesta de CFK. La ruta sufre el deterioro porque es el único acceso a las grandes represas, pero se podría tomar el costo de la pavimentación como un resarcimiento del pasivo ambiental que produce la obra. La vicepresidenta sostuvo que lo que correspondería es que ese pasivo no se pague en dinero sino con la pavimentación. No sólo permitiría el tráfico de camiones a las represas sino también de turistas y un acceso mucho mejor y más directo a El Calafate, ahorrando unos 500 kilómetros de recorrido.

Es seguro que el próximo paso sea un diálogo entre el grupo constructor y el ministro de Obras Públicas.

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