El concurso público para designar a la nueva directora en representación de las organizaciones sociales en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres se realizó el 3 de diciembre del último año. El jurado resolvió que la representante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (Fomupio), Irene Cari, es la ganadora.

Sin embargo, aún no tomó posesión del cargo porque la administración del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la provincia no efectiviza la contratación.

En paralelo, la abogada y presidenta de la Fundación Tomar Acción, Antonieta Plaza, presentó un amparo colectivo. El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala III, Marcelo Ramón Domínguez, hizo lugar al amparo y el 22 de enero notificó a Cari para “conferirle la debida participación y el ejercicio del derecho de defensa”, según consta en la notificación.

Para ello, tendrá un plazo de diez días hábiles para “aportar la totalidad de las pruebas, documentos, disposiciones legales y reglamentarias que estime pertinente en el sustento de sus derechos, individualizando aquellos elementos que no se encontraren en su poder y ofreciendo los restantes medios de prueba de que pretendan valerse”.

Cari pidió derecho a réplica por la nota publicada en este medio el 4 de enero. Aclaró que “no existe una orden del juez Marcelo Domínguez que declare vacante el concurso. La sola presentación de una acción de amparo o de otra índole no implica tener por desierto un concurso ni declararlo vacante”.

En este sentido, consideró que a pesar de que existe una acción de amparo presentada,  a la fecha “no (se) ha puesto en crisis la validez del concurso público en ninguna de sus partes”. La ganadora dijo que se enteró del amparo presentado en su contra a través de los medios de comunicación.

Por su parte, la abogada de Cari, Noelia Bonetto, explicó que lo presentado por la presidenta de la Fundación Tomar Acción “no es pedido de nulidad, sino que solicita la judicialización del concurso y que el título universitario sea considerado una exclusión”.

Cari cuestionó este pedido, dado que “contradice el consenso de las organizaciones sociales de mujeres legalmente constituidas, cuando establecieron que la idoneidad de las participantes se mediría por trabajos en territorios y no por título académico, para así habilitar la posibilidad de que mujeres que no tuvieron chance de acceder a cursar estudios universitarios, puedan ocupar lugares de toma de decisión”.

Según la ley 7863, el proceso para elegir a la nueva directora que representará a las organizaciones sociales debe ser llevado a cabo por ellas. El Observatorio llamó a concurso porque su entonces directora, Alfonsina Morales, que representaba a la Multisectorial de Mujeres, finalizó su mandato el 12 de diciembre de 2019.

El proceso de organización implicó el armado de un grupo de WhatsApp. Adhirieron al llamado más de diez entidades con personería jurídica y finalmente hubo seis postulantes al cargo.

De impugnaciones

La abogada Díaz Plaza, que se presentó como candidata al cargo, dijo que hubo hechos "irregulares" durante el concurso. Relató que, en su desarrollo, la Fundación presentó dos veedoras “para colaborar en la transparencia y la democratización del proceso” pero no pudieron ingresar al procedimiento que se inició a las 15 del 3 de diciembre.

Contó que “en el momento en que se presentan (las veedoras) no las dejan participar porque dijeron que ya habían cerrado el acta de inicio del concurso”. A raíz de esto, se decidió redactar una nota pidiendo que se permita el ingreso a las veedoras. Ocho mujeres que aguardaban afuera firmaron esta acta que fue presentada a las 15.30, según informaron.

Luego de que se conociera el dictamen final, el 9 de diciembre el Observatorio informó a las organizaciones que conforman el Movimiento de Mujeres que se recibieron tres impugnaciones sobre el concurso, presentadas por la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Fundación Tomar Acción y la periodista Teresita Frías.

En este punto, Cari manifestó que "en las impugnaciones que se pretenden hacer valer, se omitió informar que fue la misma letrada Antonieta (Díaz) Plaza, que presentó el amparo, quien cuestionó en muy duros términos la impugnación realizada por Marta César en representación de la Multisectorial de Mujeres”.

La ganadora indicó que “Antonieta Plaza acusó a Marta César de tener mañas de la vieja política, de contradecirse, de tener actitudes belicosas y también la acusó de ejercer violencia de género sobre las participantes del concurso público, por pretender arrogarse en su presentación la representación de todas las mujeres de Salta”.

Agregó que fue la letrada quien propuso a las participantes del concurso elaborar un acta para identificar el sobre con la impugnación que había presentado César. Asimismo, aseguró que también “propuso dejar por sentado que una miembro de la Multisectorial también estaba participando del concurso, lo cual, conforme el entendimiento de Antonieta Plaza, volvía irrazonable y contradictoria la pretensión de Marta César”.

Denuncias penales

En la nota del 4 de enero, Díaz Plaza expresó que piden que “el juez evalúe la razonabilidad de los criterios porque en el concurso no se tuvo en cuenta las denuncias hacia Cari”. Esto a raíz de una acusación de 2016 que realizó Laura Romano a la abogada Mónica Menini y al entonces Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Sin embargo, esta denuncia no prosperó y ni siquiera se citó a la denunciada, quedó desestimada de oficio y archivada.

Cari aclaró que Díaz Plaza no dijo que Romano trabajaba en la Fundación Tomar Acción, “por lo cual la letrada sabía de la denuncia con anterioridad al concurso”. “La afirmación realizada por parte de la letrada tiene un tinte de proscripción y chantaje. Esta afirmación fue realizada de manera maliciosa por no haber soportado siquiera calificar en la orden de mérito”, afirmó.

“No registro antecedentes penales y jamás fui notificada de las denuncias del 2016”, subrayó. Por ello, denunció penalmente a Díaz Plaza aduciendo que sufrió “violencia mediática, psicológica, simbólica y de discriminación racial, las cuales atentan contra su dignidad e integridad, debido a que esto está provocando un daño moral socialmente irreversible en contra de su persona por ser mujer militante y originaria”, según consta en la denuncia penal realizada el 9 de enero. Bonetto informó que ampliarán la imputación a la abogada por chantaje, de acuerdo al artículo 169 de Código Penal.

A su vez, Cari manifestó que, por las declaraciones vertidas por la abogada en la nota del 16 de enero sobre las denuncias penales, “se debería adjuntar también la denuncia al INADI realizada por mí en contra de Plaza”.

El 23 de enero la representante del Fomupio realizó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por discriminación y violencia. “Ya que cuando Plaza se enteró de que no ganó el concurso, me refirió textualmente desde su celular en un grupo público lo siguiente: ´Irene te lo voy a decir sin vueltas: entendés la mitad de las cosas que se te dicen y no se entiende lo que querés decir cuando hablás. Falta refinar tus herramientas de comunicación. Te lo digo de manera tal que puedas en algún momento superar tus limitaciones, pero para eso vas a tener que asumirlas con responsabilidad´”, expuso Cari en la denuncia realizada junto a capturas de chats del grupo de WhatsApp que organizaba dicho concurso.