La justicia ordenó al gobierno porteño que, en un plazo de cinco días, cumpla una cautelar del 1° de noviembre de 2019 para reincorporar a los agentes de tránsito despedidos a principios de enero y otorgarles las medidas de seguridad necesarias que garanticen su vida e integridad física.

En el marco de la causa iniciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) capitalina, la jueza de feria 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, resolvió declarar el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los términos de la medida cautelar ordenada el 1° de noviembre de 2019 por su colega, Patricia López Vergara, indicó el sitio I-judicial. En su resolución, López Vergara había indicado que el Ejecutivo «"deberá con carácter urgente proteger de forma inmediata la vida, la salud y mejorar las condiciones de trabajo en las cuales estos trabajadores desempeñan las funciones de Agentes de Tránsito -es decir, sobre aquellos que no revistan en planta permanente- y garantizarles la prevención y cobertura de prestaciones frente a riesgos de trabajo, lo cual incluye la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, la cobertura de enfermedades profesionales y en su caso, la indemnización por invalidez sobreviniente. Todo ello hasta tanto cada uno de los agentes contratadas pase a integrar la planta transitoria de la Administración".

Ante el incumplimiento de la medida y el despido de los trabajadores, la asociación gremial interpuso acción de amparo contra el Ejecutivo local con el objeto de que "se otorgue estabilidad al personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires" y que "se abstenga de disponer cualquier acto administrativo o vía de hecho que implique la desvinculación del personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se disponga la inmediata contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) para aquellos agentes que a la fecha no tengan".

Sin embargo, el 2 de enero el gobierno despidió alrededor de 100 agentes de tránsito alegando que "las contrataciones de los agentes desvinculados ‘han fenecido por cumplimiento de plazo’" y sostuvo que "las nuevas contrataciones celebradas se han ajustado a las necesidades de servicio que han sido evaluadas por el gestor del interés público’ obedecen a una disminución de las necesidades del servicio y a una modificación de las responsabilidades de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y seguridad Vial (Decreto 463-AJG/19), circunstancias que ‘no hicieron necesaria operativamente la renovación de la totalidad de los contratados'".

La jueza indicó en su resolución que "el GCBA en su planteo no hace otra cosa que exponer una serie de artilugios con la que pretende fundamentar la desvinculación de los trabajadores comprendidos en la medida cautelar; pero con ello ratifica que efectivamente se incumplió con la manda judicial cautelar dictada" y ordenó al Ejecutivo porteño, en un plazo de cinco días, cumplir la manda cautelar.

La más que precaria situación laboral de los agentes de tránsito porteña se hizo pública con la investigación de la causa contra el periodista Eugenio Veppo, que al escapar de un control de alcoholemia atropelló y mató a la agente Cinthia Choque y dejó con lesiones muy graves a su compañero Sebastián Siciliano.