(Desde Santa Fe) 

La Policía de Santa Fe está atravesada por “una cultura institucional fuertemente machista y sexista”. Lo denuncia uno de los informes que el ministro de Seguridad Marcelo Sain entregó a los diputados del PJ en la Legislatura, en una reunión a puertas cerradas en la que contó lo que había encontrado en su cartera desde que asumió el cargo, hace ya 50 días. Los documentos forman un “diagnóstico preliminar” de la herencia de su antecesor Maximiliano Pullaro. “Son datos y números que impresionan”, dijo a Rosario/12 uno de los legisladores que escuchó al ministro. ¿Qué dicen las carpetas? Dos de los informes los elaboró el Observatorio de Seguridad Pública que evalúa el presupuesto y los recursos, pero el tercero es de la Subsecretaría de Bienestar y Género, creada por Sain, quien designó al frente del área a la abogada e investigadora de la UNL, Natacha Guala. “La cultura machista y sexista” en la Policía santafesina “limita de facto” el ingreso de las mujeres a la fuerza, las “discrimina” al extremo de exigir a las ingresantes el examen de embarazo, les “bloquea” la carrera y los ascensos para que lleguen a la máxima jerarquía “menos del 1%” de las jefas y “naturaliza, oculta e invisibiliza” la “violencia de género”, revela el informe de Guala.

La situación de las mujeres en la Policía de Santa Fe se planteó la semana pasada cuando Sain se molestó en el acto del Instituto de Seguridad Pública de la provincia (Isep), en Recreo, porque los 480 egresados eran todos cadetes. “Me impactó. No me gustó” que en la promoción de 2020 “no hubiera mujeres”, dijo. “Este es un ajuste que tenemos que hacer” para cambiar esa estructura. Para eso, creó la Subsecretaría de Bienestar y Género. “Quiero mujeres en alta gerencia policial. Hay pocas mujeres jefas y esto responde a que todavía no ha llegado la transformación que vemos en muchos sectores sociales, fundamentalmente en los extractos más jóvenes, respecto de la mujer”, explicó.

La “representación” femenina “disminuye drásticamente a medida que aumenta el grado de jerarquía” 

Los informes del Observatorio de Seguridad Pública que Sain entregó a los legisladores evalúan el “presupuesto” y la “situación del personal y recursos de la Policía” en la gestión de Miguel Lifschitz y de Pullaro. El tercero es el que elaboró el equipo de la  subsecretaria Guala, reconocida abogada y docente universitaria, integrante del colectivo feminista “Mala junta”.

Se trata de un “informe preliminar” que advierte que en la Policía de Santa Fe no hay “igualdad de género” y predomina “una cultura institucional fuertemente machista y sexista”, dice.

La cantidad de mujeres en la Policía ronda “el 35%”, pero el escalafón es un embudo. La “representación” femenina “disminuye drásticamente a medida que aumenta el grado de jerarquía” y sólo llegan a los máximos cargos “menos del 1%” de las jefas.

La “ausencia de normas” que garantice la igualdad de género favorece la “cultura machista”, que “limita de facto” el ingreso de las mujeres a la fuerza y luego les “bloquea” “el desarrollo de sus carreras”.

El informe de Guala detectó las “limitaciones para el ingreso y permanencia de las mujeres” en la Policía. Son “requisitos ad hoc –los llama- tanto para acceder a la fuerza como para los ascensos. Uno es el “examen Subunidad Beta, utilizado para confirmar un embarazo en curso”, que se les exige a las ingresantes al ISEP. “Un acto discriminatorio”, lo califica. Y los otros: “la exclusión y obstáculos” que se ponen a las mujeres “por causa del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.

La ley de Personal Policial “no establece un cupo para el ingreso de mujeres”, ni distingue “tareas femeninas” o “masculinas”. Pero el ingreso de mujeres al ISEP fue “limitado de facto”, por resoluciones ministeriales de 2014 y 2015, en el gobierno de Antonio Bonfatti, que distribuyó las plazas: “70% varones y 30% mujeres” sin “fundamentos” ni “razones que lo justifiquen”. “Incluso cuando ellas supera en número a los varones, tampoco tienen prioridad.

Otro problema. El “52,4 % de las mujeres policías” son jefas de hogar, por lo tanto las afecta “los traslados a destinos lejanos” y las “guardias de 24 horas”.

“La obligación del Estado es garantizar los derechos individuales sin discriminación por género”, dice el informe. Y propone “políticas positivas” para “prevenir y erradicar la desigualdad entre varones y mujeres” en la Policía de Santa Fe.

El capítulo sobre la violencia de género, cita el informe de la Red de Mujeres Policiales. “El 52,8 % de las entrevistadas admitió haber sufrido violencia de género” (psicológica, simbólica, sexual, física o económica) en distintas proporciones. “En el 69% de los casos fue ejercida por un superior jerárquico” y “en el 85,9%” quedaron impunes.

“La fuerte naturalización, ocultamiento e invisibilización de la violencia de género” en la Policía de la provincia demanda medidas “urgentes” –dice el informe-, entre ellas un “Protocolo de Atención y acompañamiento a las víctimas".