“Vamos a seguir reclamando justicia para que se investiguen los aspectos más perversos de la desaparición de mi hermano”. A 11 años de la desaparición y muerte de Luciano Arruga, el joven de 16 años cuyo cuerpo apareció años después como NN en una tumba del cementerio de la Chacarita, sus familiares y amigos realizaron una marcha que comenzó en General Paz y Mosconi, cerca del lugar donde el joven fue atropellado por un auto cuando se cree que era perseguido por agentes de la Policía Bonaerense, y finalizó en la plaza que lleva el nombre del chico, en Perú y Pringles, en Lomas del Mirador.

En ese lugar, como cierre del homenaje a Luciano, se proyectó el documental “¿Quién mató a mi hermano?, dirigido por Ana Fraile y Lucas Scavino. En el filme, a través del testimonio de la perito que participó en la autopsia del cuerpo de Arruga, se comprobó que el cuerpo había sido vestido con ropas de mujer. Eso pasó cuando todavía era un NN, a pesar de las denuncias y la búsqueda permanente de sus familiares, que tuvieron que enfrentar largos años de desidia policial y judicial.

Esos son los “aspectos perversos” a los que aludió Vanesa cuando fue entrevistada horas antes de la marcha. Al hablar ante los miles de personas que se reunieron en la plaza, Vanesa Orieta agradeció el acompañamiento de “esta gran familia que somos los familiares de víctimas de la violencia institucional”. Dijo que a once años “del secuestro, la desaparición y el asesinato de Luciano, es importante que estemos caminando por las calles por las que caminó Luciano y por las mismas calles que patrullaron y patrullan los policías que son responsables de lo que pasó”.

La hermana de Luciano sostuvo que este es “un barrio que tiene que escuchar porque en Lomas del Mirador son muchos los que sufren la falta de derechos fundamentales como la vivienda digna, la salud, la educación, lo que va marcando psíquicamente a los que están castigados por la pobreza”.

Agregó que esa situación lleva a que desde otros lugares, desde otras clases sociales, “se produce la estigmatización que conduce a la represión estatal, que es avalada por los medios tradicionales y que incide en las políticas de los distintos gobiernos constitucionales”.

Eso va llegando “a que se permitan las desapariciones forzadas, las torturas, los fusilamientos porque los pibes sufren la persecución policial en el ‘afuera’, que es también como una cárcel para los pibes pobres”. Se refirió también a la “formación de causas” truchas y señaló que todas esas cosas “fueron las que tuvo que soportar Luciano”, que le armaran una causa por negarse a robar para la policía, que lo torturaran en el Destacamento de Lomas del Mirador donde estuvo detenido sin causa y que lo persiguieran hasta su muerte, ocurrida en oscuras circunstancias que nunca han sido investigadas a fondo. Vanesa recordó que a pesar del tiempo transcurrido y los cambios de gobierno, sigue vigente “la maldita policía bonaerense, que actúa sobre los pibes y pibas, para ejercer sobre ellos la violencia, física, sexual a veces, sin que nadie le ponga fin a estos hechos de corrupción, de violencia institucional”.

Criticó las decisiones políticas que, bajo la excusa de dar “seguridad a los ricos y a las clases medias”, crearon el Destacamento de Lomas del Mirador, que fue el que empezó a captar chicos “para mandarlos a robar” y que produjo “el secuestro, la desaparición y el asesinato” de Luciano, porque él se negó a cumplir la orden emanada de la propia autoridad policial. Vanesa dijo que la familia seguirá peleando para que se investiguen a fondo todos los hechos, “incluso los más perversos”, vinculados con la muerte de su hermano.

Luciano tenía 16 años cuando fue secuestrado, en 2009. Luego de encontrar su cuerpo en 2014, su familia, amigos y amigas siguen reclamando que se investigue qué hicieron con Luciano el 31 de enero de 2009. Los datos, fortalecidos por el testimonio de la perito que hizo la autopsia, lleva a sostener que fue secuestrado por la policía y que murió cuando era perseguido por agentes de la Bonaerense.

Otra de las críticas a la justicia y a las instituciones en general tuvo relación con el resultado negativo del jury de enjuiciamiento que hace siete años promovió la familia contra las primeras fiscales de la causa, Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, y contra el juez Gustavo Banco. El desempeño de los funcionarios contribuyó a la impunidad y obstaculizó el acceso a la verdad, pero el Estado desestimó la denuncia, y una vez más la familia fue víctima reiterada de la violencia institucional.