Barrios cerrados, agronegocio y minería de litio. Son tres de las actividades que más atentan contra los humedales, reservorios naturales de agua que son vitales para regular las inundaciones, preservar la biodiversidad y evitar el calentamiento global. En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos exigen el freno a su destrucción. Los humedales abarcan el 21 por ciento del territorio nacional, 60 millones de hectáreas y aún no hay una ley específica que los proteja.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como "esponja" y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), el Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires), la Laguna de los Pozuelos y las Salinas Grandes (Jujuy), entre otros. Almacenan el 30 por ciento del carbono terrestre (son fundamentales para mitigar los efectos de la crisis climática y el calentamiento global).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales).
Patricia Pintos es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata. Explica que décadas atrás los humedales eran catalogados como espacios marginales o exentos de valor, pero a medida que en esos lugares se observaron sus potencialidades económicas comenzaron a ser ecosistemas altamente amenazados. “Se multiplicaron proyectos de agricultura comercial, emprendimientos inmobiliarios para el segmento ABC1 y proyectos de minería. Estos cambios son portadores, cada vez más, de un sinnúmero de conflictos ecológico-distributivos, que en su origen incluyen a los poderes públicos responsables de otorgar los permisos, y cada vez más al Poder Judicial y a las organizaciones sociales en las calles”, afirma.
Una investigación de Pintos, “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, contabilizó al menos 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre).
Diego Domínguez vive en la zona de las islas de Tigre. Es investigador del Conicet, parte del Observatorio de Humedales y de la Cooperativa Isla Esperanza, que reúne a junqueros, habitantes históricos del lugar, los “campesinos” de las islas. Enumera dos problemas graves y básicos de los humedales del Delta del Paraná. La contaminación: “Millones de litros de glifosato y otros agrotóxicos en el río. Vivimos rodeados de agua y tenemos que buscar bidones en la ciudad para tomar”. Esa agua con agrotóxicos va al Río de La Plata, de dónde se provee de agua la Ciudad de Buenos Aires.
El segundo mayor problema es la disputa por el agua y la tierra. Y allí tienen protagonismo los countries. Domínguez precisa nombres propios: Eduardo Costantini (Consultatio-Nordelta), Jorge O'Reilly (Eidico), los hermanos Hugo y Adrián Schwartz (Colony Park) y el Grupo Soldati, entre otros. Denuncia que hay un plan sostenido por distintos gobiernos y empresarios para vaciar la región de isleños, sus históricos habitantes, y dejar vía libre a los barrios cerrados.
Clemente Flores es parte del Pueblo Kolla y uno de los voceros de la Mesa de Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy), región que también es parte de los humedales de Argentina, ya no con islas y frondosa vegetación, sino con llanuras de sal y agua dulce. Desde hace más de una década luchan contra las mineras de litio, que quieren explotar las salinas. “Trabajamos y vivimos acá. Cuidamos el territorio para las futuras generaciones, mientras los gobiernos favorecen la depredación empresaria”, afirma Flores. También recuerda que están vigentes los derechos indígenas (Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, entre otros), que obligan a que el Estado consulte a los pueblos originarios ante cada afectación que pudieran tener. Denuncia que jueces y fiscales no están haciendo cumplir la ley, y así favorecen a las mineras.
El Programa Humedales Sin Fronteras es un colectivo de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Países Bajos que trabajan por la sustentabilidad de la Cuenca del Plata. Por Argentina participan Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Taller Ecologista, Casa Río y Fundación Cauce. Recuerdan que también hay humedales en riesgo en el Gran Buenos Aires (Reserva Santa Catalina, Lomas de Zamora) y también vinculan actividades extractivas como el fracking con la destrucción de humedales: para las petroleras en Vaca Muerta se extraen arenas silíceas del lecho del Río Paraná, a la altura de la ciudad entrerriana de Diamante. En Chubut también hay humedales en riesgo, por ejemplo el conocido “mallín de los Cual” (de la comunidad Mapuche-Tehuelche Cual) en la localidad de Gan Gan, amenazado por un proyecto de explotación de plata y plomo.
“Hace falta voluntad política de frenar los avances empresarios y la apropiación de las islas. El estado municipal, provincial y nacional deben poner un freno a la destrucción y apropiación indebida de los humedales”, reclama Domínguez. Y recuerda lo que en tiempos de lluvia luego todos lamentan: “Menos humedales es igual a más inundaciones”.
