“Compraron un testimonio. El de (Alejandro) Vandenbroele. Para condenar con arbitrariedad y al margen de la ley a Amado Boudou. Con tu dinero y el de todos. Pensá vos que pediste un crédito UVA y te matan con los intereses, que a Vandenbroele le dieron $1.500.000 sin devolución”, escribió en su cuenta de tuiter Graciana Peñafort, abogada del ex vicepresidente. Se refería a que durante el gobierno de Mauricio Macri, el Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia le otorgó fondos públicos al arrepentido Vandenbroele para que pusiera un hotel boutique en Mendoza a cambio de su colaboración en la acusación del caso Ciccone, por el que Boudou está privado de su libertad. Peñafort hará también una denuncia penal por lo que considera “una situación completamente anómala”, que posiblemente se haya repetido con otros imputados colaboradores que comprometieron en sus declaraciones a ex funcionarios del kirchnerismo. Es conocido que el sistema de arrepentidos fue utilizado durante los últimos años para presionar y condicionar. El Gobierno analiza ya una reforma del sistema de protección que montó el macrismo.

El acuerdo para que Vandenbroele “colaborara” con el caso Ciccone, que data de noviembre de 2017, fue de los primeros que se conocieron tiempo después de la aprobación de la ley de arrepentido durante el gobierno de Cambiemos. Ya desde un comienzo circulaban versiones de que quería hacer un arreglo económico, y pareciera ser que lo logró. Vandenbroele, para colmo, no fue “arrepentido” en el juicio oral del llamado caso Ciccone I, sino en la instrucción de la causa de un tramo cuya elevación a juicio fue dilatada, y que comprometía a los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Sin embargo, fue tratado como tal durante el proceso que desembocó en la condena contra Boudou, donde recibió una pena atenuada (2 años de prisión en suspenso) y una majora en su pacto con el Ministerio de Justicia. Así lo reveló el periodista Ari Lijalad en El Destape, donde incluso publicó el legajo y las actas constan los pagos y que estaban destinados a un emprendimiento: la Posada La Masía en Chacras de Coria, Mendoza, cuya página web este lunes se volvió inaccesible.

El director del Programa de Protección de Testigos, Francisco Lagos, había encomendado ocuparse de algunos arrepentidos que despertaban interés político, a Carlos Lansilata, antes Policía de la Ciudad. Lansilata, según los documentos revelados, pidió el 24 de agosto de 2018 1.500.000 pesos para Vandenbroele con este argumento: “cabe destacar que el día 07 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el ex vicepresidente de la Repúblia Argentina, el Sr. Amado Boudou…”. Todo hace suponer que era un pago por sus aportes. El año pasado, el 9 de junio un acta señala que Lagos le otorgó 300.000 pesos “como anticipo destinado a la instrumentación e implementación del proyecto de inversión (…) de un desarrollo turístico, identificado como una posada bajo el nombre de POSADA LA MASIA”. El contrato de locación había sido firmado seis meses antes y figura un pago de 60.000 pesos al dueño incluso anterior. Vandenbroele hizo dos rendiciones de gastos de 300.000 pesos cada una. Incluían muebles, reformas y refacciones. Hay constancias de más pagos por decoración y diseño que hacen suponer que manejaba más dinero.

El programa de Protección prevé para testigos o imputados colaboradores vivienda y facilidades, y hasta puede proveer una nueva identidad. Incluye a entrega de un pago todos los meses. En el legajo habría constancias de la disconformidad de Vandenbroele –que fue relocalizado en Mendoza-- con el dinero recibido y surge de él la idea del hotel como alternativa para generarse un ingreso paralelo. También había propuesta instalar un Aeroparking VIP frente al aeropuerto de Mendoza, pero no aparece en los papeles que haya prosperado ese negocio.

Sobre el final del gobierno de Cambiemos, la preocupación por las irregularidades en los acuerdos con arrepentidos quedó a la vista cuando a través de un DNU se intentó sacar al programa de protección de la órbita del Ministerio de Justicia, al crear una agencia de Protección de Testigos e Imputados. La primera intención fue que quedara bajo el mando de la Cámara de Casación, pero se armó tal revuelo que se armó una especie de sistema mixto, donde el organismo en cuestión quedó controlado por un “consejo consultivo”. La intención era bloquear la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández pudiera rastrear y reconstruir qué ocurrió con los arrepentidos que implicaron a ex funcionarios del kirchnerismo: además de Vandenbroele, Oscar Centeno y múltiples empresarios, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex contador Víctor Manzanares y Leonardo Fariña, entre los más conocidos. El caso de Fariña fue revelador también, de cómo la Agencia Federal de Inteligencia participaba, según declaró su ex abogada, en el “coaching” de arrepentidos y hasta les daba letra.

El Gobierno analiza una posible vuelta atrás y reforma de la Agencia de Protección de Testigos e Imputados que dejó el macrismo, y cuyo consejo quedó intacto, con Lagos a la cabeza. También el plan es auditar todo lo sucedido. Peñafort presentará una denuncia penal. En el ejercicio de la defensa de Boudou durante el juicio del caso Ciccone y después también, se cansó de pedir conocer el acuerdo que había hecho Vandenbroele. El planteo forma parte de la apelación de la condena (de 5 años y 10 meses de prisión) ante la Corte Suprema.