Es lugar común afirmar que la esencia del Estado de derecho es la igualdad de todos ante la ley, sin discriminación alguna. Sin embargo, este es un ideal que nunca está del todo realizado en el mundo real, pese a lo cual, como “modelo” sirve de barómetro para calificar a los Estados reales e históricos.

En los últimos años, nuestra región viene sufriendo un alejamiento de ese modelo ideal pero, de todas maneras, esa brecha no resulta mucho más ancha que la reiterada en nuestra historia del sur y, por cierto, aunque algunos episodios sean preocupantes, en general es menos marcada que en otras épocas genocidas.

No obstante, el caso del Estado Plurinacional de Bolivia presenta particularidades que son realmente alarmantes, pues a partir de un clarísimo golpe de Estado que, por presión militar, forzó las renuncias del presidente y del vicepresidente, se instaló un régimen que se “autojustifica” con el pretexto de un supuesto fraude electoral que la OEA verificó inexistente (de 30.000 mesas se detectaron “irregularidades” en 260, lo que para nada alteraba el resultado). Los medios dominantes y la increíble mala praxis de un funcionario internacional permitieron que la fake news siguiese su curso.

Lo cierto es que, en Bolivia, el 22 de enero se extinguieron los mandatos de los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo.

Ante esa situación, en lugar de seguir los pasos de la acefalía y entregar al gobierno a la autoridad constitucional que quedaba en pie, o sea, al presidente del más alto tribunal, para que convocase a elecciones y el pueblo pudiese decidir quién quiere que lo gobierne –como en otra ocasión se hizo, con feliz final democrático-, insólitamente el Legislativo decidió –por sí y ante sí- “prorrogar” su mandato (que no emanaba de sí mismo, sino del pueblo) hasta las elecciones que él mismo convoca el 3 de mayo próximo.

Hasta esa fecha continuará ejerciendo el Ejecutivo (no el poder, que no se sabe bien quién lo ejerce) una exsenadora (cuyo mandato, por supuesto, también venció el 22 de enero) designada por una minoría (pertenece a un partido que obtuvo el 4% de los votos).

Pero el régimen que controla Bolivia en este momento no sólo violó la inmunidad diplomática y expulsó a diplomáticos, sino que, mediante falsas seguridades, hizo salir de la embajada argentina al exministro de gobierno, para luego aislarlo en una casa sitiada por grupos armados instigados por un agente del franquismo español (Vox), hasta conseguir que fuese hospitalizado y preso.

Días después otorgó salvoconductos de salida a dos personas asiladas en la embajada de México, pero cuando llegaron al aeropuerto, en presencia de los diplomáticos las arrestaron. Ante el escándalo, decidieron dejarlas partir en otro vuelo, aduciendo que todo se debió a un “error de coordinación”.

Casi simultáneamente, la apoderada del expresidente Evo Morales, portando la documentación necesaria, entró a Bolivia para oficializar su candidatura a legislador, pero rápidamente consiguieron que un juez dispusiese su prisión y la documentación fuese secuestrada.

El candidato a presidente designado por el MAS –Arce- también llegó a La Paz y fue notificado de su citación a un proceso, curiosamente puesto en marcha simultáneamente con la indicación de su candidatura. Se ignora si ese coincidente proceso tiene por objeto inhabilitar o privar de libertad al candidato presidencial.

Mientras comete estas aberraciones, el régimen se precia de solicitar que las elecciones de mayo sean monitoreadas por organismos internacionales, algunos de reconocido prestigio y seriedad. Pero para nada los convoca para controlar el proceso pre-electoral pues, a juzgar por lo sucedido, el régimen no programa el fraude en forma de un “volteo de urnas”, sino de un tortuoso mecanismo previo de proscripción.

En el caso de Bolivia, no se trata de uno más de los supuestos de alejamiento del modelo ideal del Estado de derecho, sino de lo que puede definirse como un “Estado de no derecho”.

Rompe el molde del Estado de derecho y cae abiertamente en el del “Estado de policía” el que, brutalmente elimina o proscribe, encarcela y exilia a los opositores a su régimen, como hizo Hitler en Alemania, en Austria y en Checoslovaquia, como hizo Mussolini en la Italia fascista, o como hizo Stalin con las purgas o impuso en los países que quedaron bajo su órbita. Pero el “Estado de policía” pasa a ser un “Estado de no derecho” cuando viola también las normas que regulan las elementales relaciones entre Estados, o sea, el derecho consuetudinario y luego positivizado en la Convención de Viena de 1961. En ese caso, se rompe el termostato: ya no hay derecho, ni siquiera el internacional de siempre, el llamado “derecho de gentes”.

Es el momento de advertirlo antes que el ejemplo pueda cundir y pasemos a manejarnos como hordas y no como Estados. Por cierto, mucho de lo que sucede en la región no está bien, no cabe duda, pero estemos alertas, porque esto es demasiado: rompieron el termostato.

Raúl Zaffaroni es Profesor Emérito de la UBA