Los médicos de Córdoba Medardo Ávila Vázquez y Emilio Iosa insistieron mediante una nueva carta en su pedido para que la ONG Médicos Sin Fronteras intervenga en Salta por la situación de las comunidades indígenas con cuadros de desnutrición donde ya hubo 6 muertes de niños por causas evitables. En el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, pemanecen 24 chicas y chicos en internación por desnutrición, según datos del director de la institución, Juan López. 

La carta con el pedido a Médicos Sin Fronteras para América del Sur fue dirigida a su directora,  Josefina Martorell, el 31 de enero. La ONG internacional ya respondió oficialmente que no enviará una misión exploratoria a Salta, el primer paso antes de llevar adelante una misión sanitaria. 

“Nos pareció bastante incorrecta la respuesta”, sostuvo el pediatra Ávila Vázquez,  Consideró que la ONG pudo haber recibido presiones del gobierno provincial y nacional. El profesional dijo que Médicos Sin Fronteras tiene una experiencia exitosa con centros de recuperación para chicos y chicas con desnutrición y cuenta con médicos permanentes y terapistas nutricionistas.

Ávila Vázquez dijo que el pedido se inició tras una comunicación con integrantes de comunidades wichis de Salta y con profesionales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Añadió que conocen la problemática por el trabajo de la organización Deuda Interna que viene interviniendo, denunciando y visibilizando el despojo en el territorio.  Contó que los caciques recorrieron comunidades para hacerles firmar el petitorio. "Lamentamos profundamente que Médicos Sin Fronteras no se haya dignado a responder directamente a la comunidad wichí y qom, quienes a través de sus representantes pidieron esta exploración y que tampoco se hubiera concretado una reunión con los peticionantes blancos (médicos de ONG en ese terreno y antropólogos de la UNSa con amplio conocimiento y recorrido en este problema), ni siquiera por Skipe", expresó la nueva misiva dirigida a Martorell.

Los médicos de Córdoba reiteraron la solicitud para que sean "atendidos y escuchados personalmente los caciques, antropólogos y médicos que trabajan en el área". Sugirieron que desde la misión de Médicos Sin Fronteras que se desarrolla en El Alto de La Paz, Bolivia, pueden evaluar la situación del pueblo wichi, "o que de alguna otra manera se llegue hasta el territorio algún especialista médico de su organización".

“Los equipos de atención médica provinciales están diezmados, el principal hospital de la región (en Tartagal) no tiene ni médicos de guardia todos los días y en enero de este año tuvo 34 niños desnutridos en forma crónica internados, además de los que murieron. No existe un sistema de derivación de ninguna especie, en Misión Chaqueña el único médico cubre una enorme región con más de 6.000 habitantes y el equipamiento es inexistente”, manifestaron los profesionales.

Ávila Vázquez dijo que es necesario un modelo de salud intercultural porque los y las wichis no se sienten contenidos en los hospitales. Al mismo tiempo, planteó que hay  médicos y otros trabajadores de salud sin medios necesarios, mal pagos, sin capacidad para afrontar casos graves. "No es culpa de los indios, es de los blancos", aseveró.  

La ONG Médicos Sin Fronteras justificó su decisión de no ir a las comunidades originarias de Salta indicando que los problemas son estructurales, ante esto, Ávila Vázquez planteó que es contradictorio porque asisten en crisis humanitarias y donde hubo “problemas agudos siempre han operado”. “Es una excusa para decir que no, les decimos que queremos conversar con ellos”, expresó el pediatra. También dijo que está sorprendido por la respuesta y que al considerar un problema estructural el de los wichís "se abstienen de participar, incluso de acercarse a conocer directamente lo que pasa en la región".

“Médicos Sin Fronteras es bastante independiente, les han bombardeado los hospitales  los Estados Unidos. Existen porque se generan crisis humanitarias, conflictos donde los estados no quieren participar. Atienden a los migrantes africanos y centroamericanos cuando ni en Estados Unidos y ni en Europa los quieren atender", sostuvo el pediatra.

Ávila Vázquez dijo que el Estado es el mayor problema ante la problemática que afrontan las comunidades wichi, “hace 20 años que está”. Consideró que los gobiernos “van a dejar que se mueran. La política oficial sería no atenderlos (...) Como si fuera poco, el nuevo gobierno (de la provincia) disminuyó el presupuesto de salud para el corriente año".

Desnutrición y políticas del agronegocio

“Todos los años se les mueren los chicos (a los gobiernos de Salta)”, dijo Ávila Vázquez, quien es también coordinador de la "Red de Médicos de Pueblos Fumigados”. Consideró que para contrarrestar la mortalidad en las comunidades los gobiernos deben “hacer una intervención real” y que “falta decisión política en Argentina para solucionar este problema”. Indicó que uno de los mayores problemas que afrontan las comunidades tiene que ver con “el agronegocio” por el que “la gente que ha sido despojada”, y que los y las indígenas con su sola presencia denuncian las consecuencias de ese modelo. 

El médico planteó que los gobiernos en Salta son afines al agronegocio y que por eso “no hay política seria de ayudar a las comunidades originarias a sobrevivir”. “Hay que quitar las tierras al agronegocio, y entregarlas a los wichi y lo que queda sin desmontar, cuidárselo y dejárselo a ellos”, propuso. "Llegarían a 100.000 personas afectadas por el despojo, por desmonte y apropiación de su territorio (...) este destrato ocurre en Nuestra América con las poblaciones nativas desde hace 500 años", plantearon a la vez Ávila Vázquez y Iosa en la carta enviada a Martorell.

"Nos preocupa que el argumento de Médicos Sin Fronteras para rechazar nuestra petición sea la información brindada por funcionarios provinciales de un gobierno que promueve activamente el desmonte y el despojo de los originarios. Para el Estado salteño parece que los conflictos de intereses son algo desconocido. Muchos de sus ministros de anteriores gobiernos y del actual son los que se benefician del desmonte de 1.200.000 hectáreas en los últimos 20 años, todas en territorio de estos pueblos cazadores recolectores que vivían de este entorno y que enfrentan un verdadero genocidio", esgrimieron Ávila Vázquez y Iosa.

"Nos preocupa que no se escuchara a los caciques y cacicas, ni siquiera con el único intendente wichí en la región (en Santa Victoria Este, el pueblo más pobre del país) y parece que hablaron con alguna ONG que asegura que el problema será controlado por quienes lo generan. Con esta actitud desconocieron el trabajo de la ONG Deuda Interna con más de 15 años en el territorio, como así también la opinión de les antropólogos que viene estudiando el caso y denunciando la crisis humanitaria", añadieron.