A más de 26 meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, procesó a seis altos mandos de la Armada por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. En la misma resolución, la magistrada rechazó el pedido de las querellas para imputar penalmente al ex presidente Mauricio Macri, a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, por el hundimiento que costó la vida de 44 marinos. Familiares de las víctimas repudiaron la decisión por el “insólito” tipo penal aplicado, por no incluir la prisión preventiva de los procesados y porque “exculpa a la política” de la responsabilidad en el naufragio. “Resulta una falta de respeto a las familias, a la Justicia y fundamentalmente a los 44”, lamentaron.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 y familiares de los tripulantes debieron encadenarse y dormir en Plaza de Mayo durante casi dos meses para que el gobierno de Cambiemos no abandonara la búsqueda. El reclamo derivó en la contratación de la empresa Ocean Infinitiy, que un año después halló los restos de la nave en las profundidades de un área cercana al Golfo San Jorge, donde se tuvo el último registro del submarino.
Los procesamiento de Yánez, fechados el 31 de enero, alcanzan a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos; a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de esa unidad; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor de la misma; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. La jueza, en un escrito de 619 páginas, les permitió seguir en libertad y les trabó embargos que van desde los 2 millones a los 3,5 millones de pesos. El único de los imputados a quien sobreseyó es el marino José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
En el caso de los responsables políticos, a quienes familiares de las víctimas denunciaron tanto por su responsabilidad sobre el estado del submarino como por la operación de encubrimiento posterior a la desaparición, la jueza Yañez rechazó la imputación. En el caso de Macri, consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas “no es de naturaleza técnico-militar”, tarea que ejercen “profesionales idóneos y capacitados en las artes de la defensa nacional”. “Si bien todo el aparato de defensa se encuentra bajo dependencia" del presidente, eso no significa que tuviera que ejercer "funciones operativas”, explicó.
El mismo razonamiento aplicó a Aguad, al considerar que “sus competencias se limitaban” a “ejercer la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades” de la Defensa. Ni el ex mandatario ni su ministro conocían “los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder”, argumentó para exculparlos.
En el caso del almirante Srur, por entonces jefe de la Armada, consideró que “si bien los imputados dependían orgánicamente de su Jefatura, las tareas y funciones que tenían asignadas reglamentariamente eran de tal amplitud que obstaban a vigilar paso a paso la actividad de sus subordinados”.
Las diez familias de víctimas nucleadas en la querella del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, repudiaron el procesamiento “por el insólito delito de estrago culposos, que prevé una escala penal de un mes a cinco años" y que además no prevé "prisión preventiva". Cuestionaron también que "en su decisorio exculpa a la política, encabezada por el ex presidente Macri y el ex ministro Aguad, entre otras apreciaciones que resultan una falta de respeto a las familias, a la Justicia y fundamentalmente a los 44”.
“Queda ahora en evidencia que nuestras incesantes denuncias eran fundadas y no sabemos qué excusa darán quienes defendieron el accionar de esta jueza. Nosotros continuaremos sin cesar nuestra lucha por verdad y Justicia y para que esta jueza corrupta rinda cuentas. Continuaremos peleando en todos los frentes --concluyeron-- y ojalá podamos contar con el apoyo de todo el país, como siempre lo tuvimos."
