Las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) señalaron que la situación de las comunidades indígenas del norte salteño se agrava por la desidia de los gobernantes y la ausencia de políticas públicas para la población originaria. Reclamaron diálogo y abordajes interculturales.
“Las muertes tal vez evitables, ponen en la palestra la falta de inclusión y participación de los pueblos originarios en las políticas públicas, lo que margina y priva a las mayorías de ejercer su derecho de desarrollo humano”, señalaron en un comunicado difundido ayer.
El integrante de OPINOA, Germán David, quien también es presidente de la comunidad Cerro Colorado, de San Pedro de Jujuy, y del Ateneo del Pueblo Guaraní, dijo a Salta/12 que ya no quieren llorar muertes de niños. “El gobierno de Salta tiene que abrir el diálogo para los pueblos indígenas. Hablé con muchos hermanos, me dijeron que está todo más crítico, el IPPIS intervenido, se suspendió la ayuda social. Están en el proceso de incidir en el gobierno para que pueda proyectar políticas públicas para los pueblos”, manifestó.
David consideró que el gobierno salteño tiende a ser “paternalista, con un asistencialismo muy politizado. Los que están con el gobierno de turno reciben, los otros no”. Dijo que Salta es una de las provincias que autorizó los desmontes, “del monte (las comunidades) sacaban muchas cosas: miel, leña, para ir cazar, materia prima para las artesanías”.
David planteó que las localidades de Embarcación, Tartagal y Santa Victoria Este tienen un panorama crítico, y que espera que el gobierno nacional no haga oídos sordos a los reclamos de los pueblos. “Espero que podamos avanzar en el diálogo y que empecemos a trabajar de forma intercultural. Queremos que nos escuchen, que nos presten atención. La sabiduría ancestral tal vez pueda ayudar a solucionar parte de la crisis”.
Para el referente guaraní, las soluciones no van a venir “generando políticas de un solo sector”. Por eso insistió en la necesidad de abordajes interculturales y en la conformación de grupos de trabajo intersectorial para que desde allí surjan planes de trabajo que puedan hacer frente a la crisis que, según evaluó, no solo afecta al pueblo wichi sino también a los otros pueblos originarios.
“La interculturalidad en Argentina se desarrolla en un marco de profunda desigualdad, consolidada a través de un registro histórico que no quiere reconocer el valor de las poblaciones indígenas, pero sí a favor de la historia de los hombres que avasallaron y arrasaron con poblaciones indígenas enteras, eludiendo poner en su verdadero contexto a la interculturalidad en el Estado argentino”, expresaron las OPINOA.
David contó que los integrantes de OPINOA junto a referentes del pueblo tastil esperaron en vano una reunión en Campo Quijano con la presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Ordarda, este lunes ya que la funcionaria les canceló por haberse extendido otro encuentro con los representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI).
“No se pudo hacer la reunión, manifestamos que íbamos a acompañar la gestión (de Odarda y el gobierno nacional) y a ser críticos si no daban respuestas. Hoy los pueblos necesitan el acompañamiento del gobierno, no se traduce en asistencialismo social, sino en coordinación con los diferentes organismos y organizaciones en los territorios. Hay dependencias (estatales) que pueden incidir”, explicó David.
El referente consideró que las comunidades necesitan herramientas para trabajar en huertas, producir alimentos naturales y recuperar la dieta milenaria “que se ha perdido por los desalojos, corrimientos, depredación del bosque, todo eso incide en la dieta de los pueblos indígenas”. Planteó que en los recorridos que hicieron con OPINOA vieron que la situación es compleja pero que mediante organismos con la Secretaría de Agricultura Familiar o el INTA se puede trabajar, por ejemplo, en garantizar el acceso al agua segura, “hacer que tengan cosecha de agua y potabilización”.
David sostuvo que antes del término del gobierno de la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández, presentaron un informe al INAI sobre la situación de los pueblos originarios que habían recorrido pero que cuando se inició el gobierno de Mauricio Macri durante cuatro años no pudieron avanzar en nada y "se desguazó" al INAI.
El referente opinó que sería “bastante largo dar una resolución completa”, pero que hay que empezar por la tarjeta alimentaria y una articulación interministerial interinstitucional.
El comunicado de las OPINOA plantea que el Estado argentino viola “normativas vigentes que establecen el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, derecho al Consentimiento Libre Previo e Informando, derecho al desarrollo humano, y derecho propio indígena. Basados en el marco legal vigente que contempla el Derecho Constitucional Nacional Ordinario e Internacional”.
En el documento manifiestan los pueblos que son “sobrevivientes del mayor genocidio, pero con una voluntad inquebrantable para la construcción de un diálogo intercultural, con el fin de palear y pelear el entramado de relaciones sociales de desigualdades, de despojos, desalojos y corrimientos territoriales, al extractivismo salvaje de los montes nativos, fuente principal de subsistencia, llevando a mantener en vilo el desarrollo de la vida en las comunidades indígenas, condenándolos a vivir en condiciones de pobreza extrema, y con riesgos de muerte temprana y por causas evitables”.
Las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA se pronunciaron contra la depredación de la "madre tierra", contra la tala indiscriminada de bosques nativos, contra la minería a cielo abierto, contra la expulsión a las comunidades originarias de sus territorios "por las mafias y corporaciones económicas". Y exigieron que los niños y las niñas tengan "la esperanza de ser parte de un futuro intercultural, que sus derechos humanos y el derecho a la autodeterminación sean respetados en un proyecto de país inclusivo y democrático".