Este martes 4 de febrero inició la audiencia de juicio ante el femicidio de Daniela Guantay. La jornada se extendió casi todo el día. La madre, Verónica Guantay, declarará este miércoles a la mañana. La familia y las organizaciones sociales, políticas, sindicales, feministas que acompañan reclaman justicia.
El juicio está a cargo de los jueces de la Sala VII del Tribunal de Juicios, Paola Marocco (presidenta), María Livia Carabajal (vocal) y Francisco Mascarello (vocal).
Los detalles de los testimonios de la jornada donde se relatan la tortura y las violencias infrigidas a Daniela antes de provocarle la muerte son irreproducibles. Los cuatro hombres imputados están acusados de tortura, abuso sexual con acceso carnal y femicidio con ensañamiento y premeditado. Los delitos están agravados por el número de participantes y porque también estuvo implicada una menor de edad.
Las dos mujeres imputadas están acusadas de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal. Todo esto agravado por la participación de una menor de edad. Ambas están con prisión domiciliaria.
Según los testimonios de la jornada, Daniela fue asesinada en el contexto de una organización criminal que comercializaba drogas, pasta base, en los barrios Juan Manuel de Rosas, 17 de octubre y 15 de septiembre. Un dealer de apodo Chili, para el Ministerio Público Fiscal y la querella, sería el imputado Carlos Agüero, perdió droga, le había "robado". Este sujeto declaró y negó que ese sea su sobrenombre, sostuvo que desde niño le dicen “nene” y apeló a Dios mientras hablaba.
Agüero alquilaba en una casa que pertenecía a un hombre detenido por venta de estupefacientes, Diego alias “Cabezón” González. Las testimoniales lo señalan como el presunto propietario de la droga que se perdió pero también a “Chili”. González no está imputado aunque aparece mencionado.
Una de las testigos de identidad reservada indicó que vio a Daniela por última vez un sábado antes de que desapareciera. “Ella me dijo que iba a hacer el reviente de un canuto". Reviente es robo y el canuto es la droga, (...) como dicen los chicos en el barrio", explicó. Ese robo sería con el “Chiki” que es Norberto Silvestre y “Gaturra” que es M.L.M. (menor al momento del hecho). La testigo interpretó que “obviamente (al robo) lo iba a hacer con ellos". "No me dijo cuándo lo iba hacer, ni a quien", precisó.
Cuando Daniela desaparece, habría sido llevada por “Gaturra y “Marisol” que es Marisel Griselda Urzagaste, a la casa del “viejo Alvarez” que es Juan Reynaldo Álvarez. Otra testimonial menciona que Daniela fue entregada por “Marisol” y el “gordo Julio” que es Julio César Monasterio.
La casa de Alvarez según indicaron otras personas que conocían el lugar, quedaba a media cuadra de la comisaría. Un testigo sostuvo que este hombre solo vendía droga a mujeres pero que también se las daba a cambio de sexo (prostitución) y que las retenía sin dejarlas salir, incluso a menores de edad. En esa casa, habrían estado los cuatro imputados: Monasterio, Silvestre, Agüero y Álvarez, el día que secuestraron a Daniela.
En esa vivienda habrían atado a una silla, torturado, violado, mutilado y asesinado a Daniela. Todos los varones están acusados por la violación y el femicidio. La mujer que era menor de edad en ese momento “Gaturra”, es señalada en algunas de las testimoniales como quien habría participado de la mutilación.
Una testigo de identidad reservada declaró haber presenciado el crimen, esa mujer murió y su declaración será ofrecida en el juicio en video porque fue filmada.
Después de asesinar a Daniela el jueves, la habrían colocado en bolsas de residuos. El cuerpo apareció el 7 de marzo de 2017 en el Río Vaqueros, no lo encontró la Policía sino un vecino que andaba por el lugar.
Daniela había desaparecido según contó la mamá, un 28 de febrero de 2017. A la madre la policía le tomó la denuncia por desaparición recién el 4 de marzo de 2017, antes según relató, se negaban a hacerlo. La fiscalía en base a la reconstrucción que hicieron, sostiene que la muerte de Daniela se produjo entre el 2 y 3 de marzo en domicilio de Álvarez en el barrio 17 de Octubre. Es decir, la policía tomó la denuncia a la madre de la joven cuando ya la habían asesinado.
Julio y "Gaturra" fueron señalados como quienes iban a robar droga con Daniela a Chuli. Julio y Gaturra serían quienes la entregaron. Otro relato indicó que Marisol y Gaturra llevaron a Daniela a la casa de Alvarez, también denominado Gera.
Una de las testigos de identidad reservada declaró que vio a Daniela un sábado, sería el 25 de febrero, por última vez. Dijo que siente dolor y culpa por no haberla retenido entonces. "Me la tendría que haber llevado conmigo la última vez que la vi y no pude. Tengo mucha bronca e impotencia. En mi barrio hay un montón de chicas como ella, que tienen padres pero no los tienen. Ella está muerta pero por lo menos que haya justicia", expresó.
La madre de Daniela, Verónica Guantay, sostuvo a Salta/12: “Estuve afuera, no me dejaron entrar, no sé lo que pasó adentro. Tengo que esperar a testificar. Cuando esté todo dicho adentro recién me hacen pasar a mí”, Sobre lo sucedido con la hija dijo: “conozco lo mismo que todos, que a Daniela la secuestraron, la torturaron, la violaron, la mataron de la peor manera”..
El hermano de Daniela, Luis Guantay, dijo que la familia tuvo que contratar a peritos privados porque demoraron las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. "Esperamos que les den perpetua para todos", expresó. Sostuvo que no conocía a los imputados. También planteó que los acusados mandan a amenazar a testigos que van a testificar contra ellos, diciéndoles "que los van a matar o les van a hacer daño a sus familias"
Además detalló que la casa de Alvarez fue quemada meses después del femicidio, y después de su detención "no sabemos bien por qué fue la quema".
El Estado es Responsable
La militante social y feminista, comunicadora e integrante de la Red Par, María Chachagua, contó a Salta/12 que acompañó a la familia desde la desaparición de Daniela. "Este es un momento importante que creemos que también es necesario para cerrar una etapa porque pasaron tres años muy largos esperando justicia, luchando, sobre todo su mamá con un montón de obstáculos por delante, con todo lo que implica (el sistema de) justicia pero también con los vaivenes del día a día. Verónica se hace cargo de los niños, de su familia", sostuvo Chachagua.
Chachagua relató que ante la primera denuncia de la madre, "la policía le decía que ya iba a volver, que andaba por ahí o en el bajo". "Comentarios que nosotros lo escuchamos cuando Vero fue a hacer la segunda denuncia. Después de que la buscamos en el barrio, fuimos a la comisaría y esperando respuestas, la policía decía esas cosas, 'ya va a aparecer', sin darle la importancia que implicaba cuando ya habían pasado varios días", recordó.
"Costó mucho que tomen la denuncia, al principio le decían que tenía que esperar 24 o 48 horas, algo que ya no existe. Con la intervención de la Fundación Cintia Fernández y de otras vecinas, recién le tomaron la denuncia. Por eso Vero con su familia y amigos decidieron salir a buscarla, sin esperaban solo del accionar policial. Esos días incluso con otras organizaciones que estaban en el barrio se hicieron pegatinas, folletos. Había pocas personas que la habían visto, que podían saber donde estaba o que se animaban a hablar. Todo fue difícil hasta que llega el día que la encuentran finalmente", rememoró.
El domingo, contó que estaban haciendo la búsqueda en el barrio y por un incidicio llegaron a la casa de Alvarez. "Como no se podía ingresar y se necesitaba autorización policial, se inicia ese pedido y demoró varias horas, después la policía ingresó pero dijeron que no había nada. Es a la vuelta de la comisaría, paradójico porque era cerca y la policía no nos dejaba acercarnos, la mamá si pudo pero Daniela ya no estaba ahí, ya había pasado todo", manifestó.
Para Chachagua la situación que viven las mujeres en los barrios, como ocurrió con Daniela, es "de vulnerabilidad extrema, tiene que ver con la pobreza, la venta de droga. Ahí el tema de la desaparición de chicas en algún momento pareció normal. Un día estábamos en la comisaría, había dos denuncias más por desaparición de chicas que después aparecieron porque circulan en casas donde las tienen para que consuman a cambio de cuestiones sexuales que les piden y después las sueltan. Eso está naturalizado en las comisarías por eso no quieren tomar las denuncias", precisó.
Daniel Velasquez, de la agrupación Azul y Blanca, sostuvo que se movilizaron para hacer presion, "la provincia es una de las que tiene mayor tasa de femicidios y además está declarada la emergencia por violencia de género hasta este año pero no han sido suficientes las medidas tomadas". Dijo que manifestarse "es una manera de decirle al gobierno provincial que entró, que tome cartas en el asunto, que no se puede continuar con esta situación en la provincia, invitamos a la comunidad en general a acompañar", expresó.
Velasquez dijo que hay suficientes pruebas para que los asesinos tengan cadena perpetua. A su vez interpretó que "este atroz femicidio", también muestra otros flagelos que están afectando a los sectores marginados de la ciudad, como la drogadicción, la prostitución. "Lamentablemente las zonas más marginadas, las personas más desprotegidas son las que mayor oferta tienen de todos estos flagelos. Se intenta dejar en claro que más allá de toda esta situación en que se la quiso involucrar a Daniela, que si bien ella pudo haber tenido una relación con la droga, no deja de ser un femicidio y no deja de ser algo que merece la pena mayor", aseveró.
Velasquez también responsabilizó al Estado. "En este asesinato la policía no supo estar a la altura de la circunstancias, pudo haber sido evitado", afirmó. Acotó que "el Estado está ausente en las calles, no está velando por la gente, sobre todo de los sectores más marginados".
En la primera audiencia la fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen y la querella a cargo de Gabriela Rodríguez y Pablo Del Pino pidieron la lectura abreviada de la requisitoria a lo que se opusieron los abogados de la defensa técnica de los imputados. Los defensores son Martín D`Andrea (Marisol Urzagaste), José Ortín Fernández (Norberto Silvestre), Thelma Niederle, de la UDP 1 (Juan Reynaldo Álvarez y Julio César Monasterio), Walter Clark, de la UDP 2 (Carlos Alfredo Agüero) y Adolfo Sánchez Alegre (M. L. M.).
El próximo 26 de febrero el Tribunal escuchará los alegatos y el 27 está previsto que se dicte el veredicto. Las audiencias se realizarán todos los días hábiles hasta la fecha de la sentencia en el Salón de Grandes Juicios.
