El chaqueño Alejandro Armoa asumió como comisionado del Comité Nacional de Prevención de la Tortura en representación de las provincias. Lo hizo en la primera asamblea anual del Comité, que se llevó a cabo en el edificio anexo del Senado de la Nación. Junto a su colega Ricardo Nioi, de Salta, habían sido elegidos por unanimidad en diciembre pasado en una reunión plenaria del Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

“Nuestra prioridad es recorrer el país para incentivar la creación de protocolos contra la tortura en todo el territorio”, puntualizó Armoa.

Armoa es miembro del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) desde septiembre de 2016 y presidió el organismo durante 2019. Chaco y Salta, junto a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Misiones y Mendoza, son los únicos distritos que replicaron la Ley 26.827 del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aprobada en 2013. La norma crea el Comité Nacional, el Consejo Federal e incentiva a que las jurisdicciones provinciales repliquen la legislación que tiene por objetivo “la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las personas privadas de libertad en cualquier institución pública, privada o mixta”, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes de la ONU.

El Comité Nacional es presidido por el misionero Juan Manuel Irrazabal y su flamante secretario ejecutivo es el abogado Alan Iud. El cuerpo del Comité se completará con un representante del Poder Ejecutivo --aún no fue designado el reemplazante de Alberto Luchetti, quien renunció con el fin del gobierno de Cambiemos-- y aquel dispuesto por la Comisión Bicameral de Acuerdos del Congreso de la Nación.

A pesar de que el Comité está incompleto, “ya está en funcionamiento”, aseguró Armoa en diálogo con este diario. “Necesitamos activar este novedoso instituto internacional que permite un análisis integral de la situación que atraviesan las personas privadas de su libertad”, sostuvo.

Según su criterio, el “principal problema” a atender desde el Comité es la sobrepoblación carcelaria, “una cuestión que requiere decisiones políticas que vayan más allá de la apertura de más espacios de encierro, que apunten a repensar ciertos criterios como el de la prisión preventiva, a ajustarlos”.