Adriana cuida motos en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe. En enero del año pasado tuvo un episodio con una niña de 14 años cuya familia también se las rebusca vendiendo estampitas en ese lugar. Acusada de herir a esa adolescente con una trincheta, la mujer de 33 años estuvo detenida dos días. Adriana asegura que la denuncia fue falsa, en Fiscalía afirman que la agresión de arma blanca sí ocurrió. Dos días después, cuando fue liberada, Adriana supo que “le habían sacado” su hija de 7 años por una medida excepcional de la Subsecretaría de Niñez de la provincia. Desde entonces, no descansó en su intento por ver a la nena, que a la vez –según le contaron- lloraba en el hogar al que fue llevada, pidiendo ver a su madre. 

Según testimonios de personas que transitan en el lugar, la nena era maltratada dentro de la institución, la medicaron, la internaron y la ataron a la cama. En julio, el hijo menor de Adriana –que ahora tiene cuatro años- sufrió abuso sexual de un primo, y fue enviado a la Casa Cuna de Santa Fe. A los pocos meses, el Estado intervino para que enviar a la misma institución al hermanito, de 9 años. La ley de infancia vigente en Santa Fe pone un plazo muy preciso –que casi nunca se cumple- para estas medidas: 180 días.

Los métodos de Adriana para ver a su hija generan mayor rechazo en los organismos del Estado. A mitad de enero, de la Casa Cuna se escaparon el hijo mayor de Adriana y otro niño, de 10 años. La Subsecretaría de Niñez mandó a buscarlos al lugar donde se encontraban. Ese episodio provocó la intervención de la fiscal Laura Martí, que de oficio y durante la feria, buscó pruebas sobre la estadía de estes niñes en las instituciones y qué derechos fueron vulnerados con esa intervención.

Mientras en distintos estamentos del estado describen a Adriana como “extremadamente violenta” con sus hijes, la mujer clama que se reconozca su dedicación como madre. Acompañada por Verónica Quiroga, representante de la Red Viva y de Madres contra el ISAP, Adriana trasiega los Tribunales sin descanso. En ese peregrinar, se encontraron con otras cinco madres que, para la integrante de Red Viva, son víctimas de una “criminalización de la pobreza”. “El Estado acusa a la madre de lo que ellas mismas no tienen, y el estado no les puede ofrecer, una casa, condiciones dignas de vida”, considera Quiroga, quien señala el sesgo patriarcal y racista de las intervenciones.

La telaraña institucional de intervenciones genera miradas divergentes. Una calificada fuente judicial defiende las medidas excepcionales e incluso, considera que la mayor parte de las veces, el Estado demora en separar a niñes con derechos vulnerados de sus familias. Al contrario, cree que muchas veces se estiran las intervenciones para evitar que sean separados de sus madres. “Como se trabaja con perspectiva de género, a las madres no se las imputa pero muchas veces son facilitadoras o cómplices de situaciones de vulneración de derechos”, explica esta fuente. 

En la misma justicia hay miradas diferentes: la fiscal Martí acudió a la Casa Cuna a hacer una inspección. En ese centro de protección –así se llaman-, por otro caso sin relación con éste, un cuidador fue detenido en enero por abuso sexual a un niño entre 2017 y 2019. Fiscales difieren en la forma de actuar, pero coinciden en que las instituciones son espacios de revictimización. “Los chicos no la pasan bien ahí, y entonces quieren volver allí donde sus derechos fueron vulnerados”, acepta una fuente en estricto off the record.

Desde Red Viva tienen una mirada diametralmente opuesta, y ponderan la actuación de la fiscal Martí. “Ni siquiera a los defensores generales les han respondido todavía en función de por qué le han retirado la guarda de Adriana. Ella no hizo nada contra sus hijos. Todo el tiempo lo que dicen es que es agresiva, pero no contemplan que ella ha sido primero víctima de vulneraciones de derechos. Lo que hacen es juzgar su vida, su cultura. Lo que estamos cuestionando es cómo se criminaliza la pobreza. Yo les pedí pruebas de que ella haya ejercido alguna vulneración contra sus hijos. Todo lo que dice el informe es que ella es agresiva, que podría ser violenta contra sus hijos, cuando nunca lo ha sido. Los niños estaban bien alimentados, cuidados. Todo dentro de los marcos de su vida. Salvo que te pares desde un modelo de madre patriarcal, misógino, desde una cuestión de clase, desde allí se la condena”, sostiene Quiroga sobre las intervenciones de la Secretaría de Niñez. El pedido de la Defensoría es del 8 de octubre pasado, firmado por la defensora civil número 8, Liliana Otarán.

En el acompañamiento a Adriana, la Red Viva se encontró con otras mujeres. “Tenemos seis casos”, asegura Quiroga. Una mamá que lleva a su hija de 11 años a un control médico, la nena está embarazada, la madre señala al portero de la escuela y en Niñez advierten que el responsable es el padre, y sospechan la complicidad de la madre, de modo que separan a la niña de la familia. Otra mujer víctima de violencia a la que separan de su hija para preservarla de la misma violencia que sufre su madre y la envían a vivir con familiares del padre, en lugar de determinar una protección para las dos. Otra mujer cuyos tres hijos están declarados en estado de adoptabilidad, de lo que se enteró muchos meses después, cuando le aconsejaron que “busque un abogado”. “Le pusieron los tres hijes en adopción porque están en situación de calle, y nunca se enteró. Le decían por qué no te presentaste, y ella no sabía. Ella iba a la Subsecretaría a reclamar”, dice la representante de Red Viva Litoral. 

En todos los casos, la protección integral de la que habla la ley de infancia en realidad se remite a tomar medidas excepcionales sin buscar la forma de preservar el centro de vida de eses niñes. La enumeración de Verónica Quiroga –que se ha reunido con las autoridades para plantear estos casos- lleva a un pedido concreto: “Hay que salir del aparato del sistema punitivo, porque la protección queda en segundo plano desde el momento en que no actúan para modificar la situación”. La activista no niega que en algunos casos las mujeres hayan ejercido violencia contra sus hijes, pero pide que el estado establezca “una mirada social, porque a ellas los derechos se les vulneraron desde que nacieron”.

Desde la Secretaría de Niñez de la provincia, órgano de aplicación de la ley de infancia vigente, la titular Patricia Chialvo desmiente categóricamente que criminalicen la pobreza. Chialvo asumió en diciembre, con el recambio de autoridades. “Ni antes ni ahora la separación de los niños del grupo familiar tiene que ver con situaciones de pobreza, tiene que ver con situaciones mucho más graves. En la mayoría de los casos son situaciones de abuso intrafamiliar y que muchas veces están sucediendo no sólo con algún grado de complicidad dentro de la familia, sino también propiciadas”, dijo la funcionaria provincial, quien recibió a las madres que reclaman recuperar la tenencia de sus hijes.

 “Más que reclamos de criminalización de la pobreza, dicen que hay una mirada muy cruda con el tema de género, que se criminaliza más a la mujer que al hombre, se castiga a la mujer más que al hombre, por esa mirada de que la madre debería obligatoriamente proteger a los niños. Hay algunas situaciones que podrían llegar a considerarse, pero son las menos”, subrayó Chialvo. La funcionaria aseguró que están “revisando todas las situaciones que se nos acercó y de todas, detectamos sólo una en la que se podría tomar otra intervención”.

Chialvo plantea que cuando detectan que “hay vulneración de los derechos del niño, se toma una determinación. No necesariamente quiere decir que vayan a un centro de alojamiento, en la mayoría de los casos se resuelve con la familia ampliada”.

Sin embargo, la funcionaria concede que muchas vulneraciones de derechos “están atravesadas por la violencia de género”. “Les pedimos a todos los profesionales de los distintos niveles de intervención que tracen un plan de acción, nosotros tomamos lo que corresponde a Niñez, muchas veces requiere de otras áreas del Estado, como serían las áreas de género, que tiene que ver con que ella pueda salir de esta violencia de género y a partir de ahí proteger a sus hijos. Hay algunas de estas cuestiones que no se están acompañando, se hace el plan de acción y después la familia no aparece”, admite.

La funcionaria se niega a hablar en concreto de la situación de Adriana, porque eso vulneraría los derechos de los niños, pero sí deja en claro: “Nuestro objetivo es preservar la integridad de los chicos, después trazamos planes de acción para revertir la situación”.

Eso mismo dijo Chialvo en la reunión con las madres y Red Viva. Para Quiroga, esa mirada es sesgada. “Estas madres no tuvieron ningún tipo de atención del Estado. De hecho, han ido infinidad de veces a Tribunales y no les dieron ni un papel. Incluso, una de ellas no sabe leer ni escribir. La Secretaría alega que debe ocuparse del niño, y la niña, pero no es así porque hay casos donde podrían haber intervenido con la búsqueda de una casa, de otras estrategias para garantizar los derechos de les niñes”.

En los informes de los equipos interdisciplinarios de Niñez, Adriana es descripta como una persona violenta y perversa, que no puede ponerse en el lugar del otro. Hablan de abandono y negligencia. Describen una situación de violencia concreta hacia la hija más grande, adolescente, que no fue objeto de medida excepcional, y los informes psicológicos de las instituciones refieren una conducta sexualizada de la nena de siete, además de describir agresiones y autoagresiones. Quiroga tiene otra mirada. “No nos pudieron dar ninguna pericia que no sea ellos mismos, que no son médicos, diciendo que los hijos de Adriana sufrieron violencia física. Queremos que, como corresponde, les hijes hablen en cámara gesell, que haya un juez escuchando, pericias médicas y psicológicas”, reclama desde Red Viva. Y considera que la asistencia del Estado jamás llega a las madres. 

“Les dicen buscate abogado y psicólogo, sos una loca, sos una violenta, andá al psicólogo, hacete arreglar la cabeza. Es violento lo que hacen. A Adriana le dijeron que tenía que ir al psicólogo, no le brindaron asistencia psicológica. En el hospital les dan turnos de acá a un mes, ella necesita una vez por semana ir a un psicólogo pero no tiene los recursos. Es una víctima de este sistema machista”, considera.

En el relato de Adriana, todo tiene otro cariz. “Iba a niñez, me decían que fuera al juez de menores. Yo no aguantaba más de no ver más a mi hija. Hacía todas las cosas legales y me tomaban el pelo, se burlaban de mi sufrimiento, me iba al hospital a buscar a mi hija. Les decía que me la dejen ver aunque sea 5 o 10 minutos, que yo la abrazaba nada más. Y la seguridad del hospital me mostraba la medida excepcional, decían que yo no podía acercarme a mi hija. Todo el año estuve esperando que me den una respuesta para verlos, que investiguen bien mi vida, todo. Para que ellos estén bien. Yo iba al hospital y la nena lloraba, lloraba, sacame mamita por favor. De ahí empecé a hacer denuncias contra la Secretaría de la Niñez. Empecé a hacer denuncias penales, cómo se van a querer quedar con mi hija. Cómo la van a internar”, dice la mujer.

La intervención de oficio de la fiscal Martí ante la fuga del nene de 9 años de la Casa Cuna apuntó contra la institucionalización y planteó que les niñes sean escuchados. Además, recogió el testimonio de una mujer que trabaja en el Estado y dijo haber visto el maltrato hacia la nena de 7 años en el hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe. Esta persona, luego, negó todo. Y ahora está en curso una pericia de voz para determinar quién emitió los audios con los que cuenta Adriana.

Una nota periodística no puede juzgar, tomar medidas ni señalar qué sería lo mejor para eses niñes. Tampoco se trata de determinar si las madres que son separadas de sus hijos son “buenas madres” sino cuál es la mejor manera en la que el Estado puede garantizar derechos. A niñas, niños, adolescentes pero también a las mujeres que muchas veces ejercen violencia patriarcal porque esa ha sido la forma en la que aprendieron a relacionarse. Las complejidades de una intervención indican que cada cual defiende su actuación. Lo que hay en juego es la vida de personas.