En el marco del proceso de urbanización de la Villa 31, los vecinos y vecinas de los edificios del sector Containera, inaugurados hace sólo dos años, reclaman que se arreglen sus viviendas antes de firmar la escritura de las mismas. Según manifestaron, las casas tienen problemas de filtraciones, de electricidad, deficiencias en las instalaciones sanitarias, en las aberturas y con las cocinas, entre otros. Al mismo tiempo, dado que tienen cortes frecuentes de luz y agua, exigen que se mejoren los servicios por los que deberán pagar. Pero además, como el mayor miedo de los vecinos es que en el proceso de regularización no puedan pagar los costos que implica pasar a una economía formal para un sector precarizado, piden que se mantenga el monto de la cuota acordado en el acta de posesión y que se les garantice una tarifa social para los servicios.

Las demandas surgen de un relevamiento que realizó la Mesa de Urbanización del barrio para identificar el estado en el que se encuentran las viviendas en las que viven 106 familias; explorar las percepciones de los vecinos respecto del funcionamiento de los servicios; y para explorar la posición de los vecinos con relación a la escrituración, que es motivo de discusión con el gobierno porteño, que quiere imponer un modelo que dejaría a los vecinos con altas chances de perder la casa si no pueden afrontar las cuotas de la hipoteca. Para un sector tan golpeado por la crisis económica y que tiene que afrontar el salto de la economía informal a la formal, ese riesgo se convierte en una sentencia de expulsión.

Según el relevamiento, que se concentró en las viviendas azules, que es el conjunto habitacional denominado sector emplaque (hay otro de viviendas agrupadas que son de color verde), el 100 por ciento de los consultados hizo al menos una vez un reclamo a la Secretaría de Integración Urbana por problemas con su nueva vivienda. El 13 por ciento de las viviendas relevadas cuenta con fisuras en sus paredes, que junto con las filtraciones son dos de los problemas más graves manifestados.

De las 23 familias relevadas, un 43 por ciento no recibió solución, mientras que un 57 por ciento manifestó que la solución fue parcial. La gran mayoría de las viviendas relevadas, el 74 por ciento, tiene filtraciones. Un 70 por ciento refirió tener problemas con la instalación sanitaria. Denunciaron problemas de nivelación de las bañeras, baños inutilizados por múltiples problemas y olores de viviendas aledañas que se filtran por la ventilación.

El cincuenta por ciento dijo tener problemas con la instalación eléctrica y con las puertas y ventanas, así como también con la herrería exterior. Del informe surge también que el 100 por ciento de las cocinas entregadas con las casas tuvieron problemas. Actualmente, el 52 por ciento afirmó que tiene problemas con la cocina. Sólo aquellos a los que el gobierno les cambió la cocina original manifestaron no tener problemas.

En cuanto a los servicios, un 48 por ciento calificó su funcionamiento como regular, un 35 por ciento como malo, y sólo el 17 por ciento lo consideró bueno. A diferencia de los que pasa en cualquier otro barrio de la Ciudad, los cortes de luz y agua son frecuentes y sin aviso. Por este motivo, los vecinos reclaman que es necesario que se mejore el funcionamiento previo a la firma de las escrituras, cuando deberán comenzar a pagar por los servicios.

En este sentido, teniendo en cuenta la brutal crisis económica, reclaman que en el proceso de escrituración se garantice una tarifa social para todos los vecinos del barrio.

Por otra parte, el relevamiento señala que la mayor preocupación de los vecinos está relacionada con el intento de la Secretaría de Integración Urbana de avanzar con la escrituración cuando aún no se han resuelto muchas cuestiones. “Tenemos miedo de que el hecho de firmar nos convierta en dueños no sólo de la vivienda sino de todas sus fallas y de que el organismo se desentienda de su responsabilidad. Al conformar el consorcio, a su vez, seremos dueños de las fallas de todo el edificio y no sólo de nuestros problemas con las viviendas particulares, que de por sí ya son muchos”, sostienen los vecinos en el informe.

El 91 por ciento aseguró que en estas condiciones, dada la alta incertidumbre respecto al valor de las cuotas y el costo de los servicios, no firmará la escritura. Según explicó a este diario Tomás Capalbo, integrante de la Mesa y del Instituto de investigaciones Gino Germani, y quien dio una mano con el armado de la encuesta, “el relevamiento se hizo para llevar datos duros a la mesa de discusión con el gobierno. Encontramos que todos tienen algún problema, y algunos son graves porque son fallas de construcción. Por eso, los vecinos no quieren escriturar hasta que se solucionen todos los problemas”.