El Tribunal Oral Federal 6 advirtió que “no resulta ético” que un condenado por delitos de lesa humanidad cumpla su pena en Campo de Mayo, ex sede del mayor centro clandestino de la dictadura, y ordenó su traslado a una cárcel común. Se trata de Víctor Gallo, condenado por la apropiación ilegal de Francisco Madariaga, a quien su madre Silvia Quintela dio a luz en cautiverio en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La fiscal Ángeles Ramos, que hizo el pedido tras una inspección junto a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, consideró “sumamente importante que los jueces se hayan hecho eco de la problemática que implica la falta de seguridad y de condiciones de habitabilidad adecuadas”. Abuelas de Plaza de Mayo advirtió que “ningún condenado por genocidio debería ser alojado allí” y reclamó que la resolución “sea un ejemplo para otros Tribunales”.
La unidad 34 fue rehabilitada en diciembre por el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco. La Procuraduría, al inspeccionar el predio, constató que no había cámaras ni medidas de seguridad para evitar fugas, que la presencia de penitenciarios era formal y, entre otras limitaciones, que no había una unidad hospitalaria. Ante la presentación de Ramos y del abogado Alan Iud, de Abuelas, los jueces María del Carmen Roqueta y Julio Panelo advirtieron que el alojamiento de Gallo importó “una situación de privilegio” y “trato preferencial” que es “inadmisible” a la luz de la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas. Agregaron que la edificación no cubre los requisitos mínimos para asegurar “el cumplimiento de la sanción” al condenado y “una adecuada y justa reparación” a las víctimas, y que “no resulta ético que el imputado se encuentre alojado en el mismo lugar donde durante la última dictadura militar funcionó un centro clandestino de detención y donde además acontecieron hechos similares a los atribuidos” a Gallo. Domingo Altieri, en disidencia, admitió que no deben admitirse tratamientos especiales pero entiende que la decisión sobre lugares de alojamiento no es de los jueces sino del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
