Los docentes porteños pelean en la Justicia también por el derecho a preservar sus datos personales y su identidad virtual. Ayer la Justicia de la CABA revocó una medida cautelar que ordenaba no requerir información vinculada con    la intimidad de los maestros como condición para acceder al sistema de inscripción on line del Ministerio de Educación local. La medida había sido solicitada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) para que no fueran obligados a abrir una cuenta en Google para tener acceso a la información oficial de la cartera educativa, y en primera instancia resultó favorable. Eduardo López, secretario general de la UTE, dijo a PáginaI12 que apelarán el reciente fallo de Cámara. “Queremos que se cumpla una ley que propuso Marcos Peña cuando era legislador, que preserva la identidad virtual, por decirlo así, de los trabajadores en la ciudad”, agregó el dirigente.

El fallo también confirmó el tratamiento como amparo colectivo de la acción impulsada por la UTE, en cuyo marco se originó la cautelar suspendida.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación planteado por el gobierno porteño contra la sentencia dictada en agosto de 2016 por el juez Roberto Andrés Gallardo, en el marco de una acción de amparo impulsada por Eduardo López, en su carácter de secretario general de UTE.

La Justicia revocó la medida cautelar dictada en la que se ordenó a la administración comunal que el sistema informático del Ministerio de Educación porteño “no solicite a los docentes ninguna información vinculada con su intimidad para condicionar su acceso” y que suspenda la obligación de permitir el acceso a la información contenida en el perfil de “Google” de cada trabajador.

En el fallo “López Eduardo Marcelo contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre incidente de apelación”, y con el voto de los jueces Esteban Centanaro, Fernando Juan Lima y Fabiana Schafrik, se analizaron en primer lugar los cuestionamientos efectuados por el Ejecutivo local a la naturaleza colectiva que le otorgó a la acción el juez de primera instancia, ordenando la publicidad del proceso. En relación con la medida cautelar dictada, en la sentencia la Cámara expuso que “los antecedentes profesionales que debe ingresar cada docente como información necesaria para el sistema de clasificación no se vislumbran como aquellos susceptibles de revelar”. Ante la “ausencia” y “vaguedad de la prueba aportada”, el tribunal entendió que no se encuentra configurada la verosimilitud del derecho, requisito esencial para el dictado de una cautelar, por lo que revocó la medida.

Por último, y al confirmarse la acción de clase, la Cámara ordenó “al juzgado que informe a la Corte Suprema sobre la tramitación de los presentes actuados de conformidad con las pautas del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos, creado a través de la Acordada 32/14”.

Según explicó López, “el gobierno porteño exigía a los maestros abrir una cuenta de Gmail para que nos notifiquen de los concursos, a los que necesitamos acceder para avanzar en nuestra carrera, y además esto implicaba que debíamos compartir nuestra lista de contactos, es un verdadero delirio imponernos esto y direccionado a una empresa específica porque Google es una empresa”.

El dirigente sindical de los docentes recordó que, durante el mandato en la ciudad de Jorge Telerman, el entonces diputado porteño por el PRO Marcos Peña –hoy jefe de Gabinete nacional– impulsó la ley que protege los datos de los empleados de la ciudad, norma que ahora invoca el gremio para que sea cumplida.