El gobierno porteño deberá postergar el impuestazo que quiere aplicar en el estacionamiento medido, que este año se extenderá a todos los barrios cuando se instalen parquímetros en 14 de las 15 comunas. El Juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 2, a cargo del juez Roberto Gallardo, hizo lugar a una cautelar presentada por diputadas del Frente de Izquierda (FIT) para que se suspenda, por errores en la convocatoria, la audiencia pública programada para este viernes en la que debía discutirse la nueva tarifa. En el escrito, el magistrado sostuvo que “se trata de un error esencial, que afecta insanablemente la validez” del llamado, “dado que quienes quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de hacerlo”. Si bien la audiencia no es vinculante, es el paso obligatorio para que la administración de Horacio Rodríguez Larreta pueda dar vía libre al aumento.

En la cautelar que presentaron esta semana las legisladoras porteñas del FIT, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, impugnaron el decreto 11/20 , publicado en el Boletín Oficial, a través del cual el gobierno porteño convocó a la audiencia pública, por errores en las direcciones para inscribirse y tomar conocimiento del expediente.  Error que  también se repitió en la difusión pública de la convocatoria, ya que se informó a la ciudadanía que “asista a inscribirse a un domicilio lisa y llanamente falso”.

En la presentación, explicaron que cuando quisieron ver el expediente para analizar la información para la audiencia pública, no pudieron hacerlo porque al dirigirse a la dirección publicada, la Av. Guzmán 90, “verificaron que en dicha dirección no se encuentra la Subsecretaría de Gestión Comunal” sino la “Asociación Civil Niño Jesús”, que no guarda relación con la referida Subsecretaría ni con la audiencia pública convocada.

Además, señalaron que el gobierno porteño publicó el llamado a la audiencia una sola vez, el 3 de enero de 2020, incumpliendo con la obligación de publicar dos veces la convocatoria como impone la ley Nº 6, que regula el Instituto de Audiencia Pública.

Según alegaron las legisladoras, los errores y omisiones implican una “transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna y a la participación plena en las audiencias públicas consagrados en la Constitución local, así como el derecho de los usuarios a emitir opiniones en forma simultánea y en pie de igualdad”.

En su resolución judicial, Gallardo les da la razón al afirmar que la convocatoria mediante el decreto 11/20 “adolece de un defecto esencial”, que es el domicilio del organismo de implementación, así como también del incumplimiento de la publicación de la convocatoria. En este sentido, recuerda un fallo de la Cámara de Apelaciones que decretó la nulidad de una audiencia pública porque “ no hay audiencia sin convocatoria y no hay efectiva convocatoria si la información que se expresa a través de ella es insuficiente y, mucho menos, si es confusa o errada” .

Barry dijo a Página/12 que “la cautelar nos dio la razón. La dirección estaba mal, a los vecinos que se querían inscribir les venían rebotados los mails y faltó difusión. Todas las irregularidades con las que fue llamada esta audiencia son una demostración de que es un gran negociado, y de que no quieren que la información se sepa. El nivel de desprolijidad demuestra que quieren mantener todo oculto. Y por eso todas las trabas".

Para sumar confusión, la audiencia, que estaba prevista para este viernes a las 12, buscaba llevar de 15 a 32 pesos la tarifa del estacionamiento (un 113 por ciento de aumento), de acuerdo a lo publicado en el decreto. Sin embargo, según informaron voceros del Ministerio Transporte de la Ciudad a este diario, ese dato también sería erróneo, ya que, aseguraron, “el valor que impulsa el gobierno es de 25 pesos” (una suba del 66 por ciento).

Proyecto contra la proliferación de parquímetros

El Frente de Todos presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para dejar sin efecto la parquimetrización que impulsa el gobierno de la Ciudad, que pretende instalar parquímetros en 14 de las 15 comunas, pasando de los 4000 medidores actuales a 86.768. La iniciativa de los legisladores propone, además, la estatización del servicio de estacionamiento regulado y acarreo por encontrarse vencida la concesión.

“Llenar las calles de parquímetros no soluciona los problemas de tránsito ni beneficia a los vecinos y vecinas. El estacionamiento medido tiene un claro fin recaudatorio. Si de verdad quieren ordenar el estacionamiento en los barrios se pueden analizar alternativas que sean gratuitas”, dijo a este diario el legislador Santiago Roberto.

El proyecto de ley, firmado por los 17 legisladores del Frente de Todos, busca derogar la ampliación de la red de parquímetros y que el Estado porteño se haga cargo de gestionar el servicio relacionado con el estacionamiento regulado. El fundamento es que las concesiones de este servicio público se encuentran vencidas, sin prórroga vigente y con el plazo para una nueva adjudicación concluido. La licitación en curso está frenada desde 2018, momento en que ya se había prorrogado la primera apertura de sobres.