Al filo del mediodía, cuando los empleados ya pensaban en el fin de la jornada en Tribunales, un abogado llegó hasta la mesa de entradas e inició un trámite que nadie en la familia Vicentín imaginó desde que la primera generación arrancó con el almacén de ramos generales en la lejana Avellaneda, en 1929: una de las firmas acreedoras que suman un rojo de 1300 millones de dólares pidió ayer en Rosario la quiebra del grupo Vicentín SAIC, la aceitera líder en agroexportaciones que se encuentra parada y en default desde diciembre pasado. La demanda judicial ahora complica los planes de la compañía, que hasta entonces desplegó –sin mucho éxito– la estrategia de acuerdos extrajudiciales con sus acreedores, con el propósito de evitar un concurso de acreedores y cualquier intromisión de la Justicia en su contabilidad.

La empresa que pidió la quiebra de Vicentín es Gagliardo Agrícolo Ganadera (Gagsa). Integra el grupo RJG junto con la constructora Obring SA, y tiene su oficina central sobre avenida Las Palmeras, en Cabín 9, Pérez. Su pedido recayó en el juzgado en lo Civil y Comercial n°14, a cargo de Marcelo Quaglia. Lo presentó ayer al mediodía el abogado Patricio Longo, del estudio Mattos y Salvatierra. Ante la consulta de Rosario/12, Longo rehusó hacer declaraciones hasta que el juez active el expediente.

Gagsa explota campos, propios y arrendados, en Los Cardos, Las Rosas, Cañada de Gómez, Santa  Clara de la Buena Vista y en la localidad de Bandera, Santiago del Estero. En ellos produce soja y otros cultivos de rotación, lo que permite deducir la relación comercial que tendría con la aceitera en default.

El pedido de quiebra llegó al día siguiente del comunicado con el que Vicentín quiso llevar tranquilidad ante el rumor de una convocatoria de acreedores. Precisamente, la urgencia que Gagsa llevó a Tribunales precipita las cosas y el holding de las familias Vicentín y Padoán solo puede solucionarlo cancelando la deuda o haciendo lo que hasta ahora quiere evitar: mandar a sus abogados a Tribunales y pedir su propio concurso preventivo de acreedores. 

La otra cuestión con la que la demandada podría ganar tiempo es intentar llevar todo el trámite judicial a la Justicia de Reconquista, con jurisdicción sobre la vecina Avellaneda, su domicilio legal y terruño de origen, donde goza del apoyo incondicional de "las fuerzas vivas".

Hasta ahora el directorio de Vicentín intentó acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) con acreedores particulares, y negocia con los bancos cómo devolver lo prestado. Sólo el Banco Nación le reclama más de 18.000 millones de pesos que le prestó durante la gestión de Javier González Fraga como presidente, y Cambiemos en el gobierno. 

La empresa expresó el miércoles que "la propuesta realizada a los acreedores comerciales ha cosechado un gran número de adhesiones y nos encontramos trabajando en la instrumentación de los acuerdos individuales".  El humor de los acreedores discrepa con esa mirada. Cuando Vicentín les propuso el 24 de enero pagar las deudas mayores a 30 mil dólares solo hasta el 20% en lo inmediato, y el resto a 8 años, más de uno corrió a Tribunales. Hay diez empresas –entre ellas, la cerealera BLD, célebre a fin de 2019 por sus propios aprietos financieros– que pusieron su reclamo en la Justicia, y hay un centenar de productores y acopios detrás que tampoco aceptan la propuesta. 

Vicentín había ratificado su voluntad de arreglar por vía de APE o con "cualquiera sea la figura jurídica aplicable". A partir del pedido de quiebra, la posibilidad de arreglar sin juez ni síndico de por medio parece extinguirse.