La compleja estrategia que venía desarrollando Vicentin, con negociaciones paralelas con bancos y acreedores comerciales en busca de un acuerdo largo de cancelación de deudas que le evitara terminar en la Justicia, estalló por los aires en la tarde del jueves. Una de sus acreedoras, Gagliardo Agrícola Ganadera SA, Gagsa, de la ciudad de Pérez (provincia de Santa Fe), presentó el pedido de quiebra que recayó en el Juzgado Civil y Comercial 14, a cargo del juez Marcelo Quaglia. Este es el primer pedido de quiebra contra la exportadora cerealera, que entró en proceso de cesación de pagos el último 4 de diciembre, con una deuda acumulada de unos 1300 millones de dólares. En fuentes empresarias, a partir de ahora se da por descontado que la poderosa firma santafesina empezó a transitar el camino que la depositará en la convocatoria de acreedores en los próximos días. 

En los últimos días, los directivos de Vicentin intentaron disipar las versiones que circulaban en torno al rechazo que había recibido de sus acreedores a una propuesta de pago que formuló la semana anterior, mediante un comunicado que hizo circular el miércoles. Allí explicaba que seguían en curso las negociaciones con sus acreedores. "La propuesta realizada a los acreedores comerciales ha cosechado un gran número de adhesiones", afirmaba en un párrafo, que ampliaba más adelante señalando: "Es la firme intención de Vicentín salir de los problemas financieros actuales mediante un acuerdo con los acreedores en el menor tiempo posible, cualquiera sea la figura jurídica aplicable". Un día después, se desmoronaba este armado cuando Gagliardo presentó el pedido de quiebra. La "figura jurídica aplicable" a la que aludía la nota de Vicentin sería, en esta nueva circunstancia, la convocatoria de acreedores.  

La propuesta que Vicentin le presentó a sus acreedores comerciales consistía en un pago inicial del 20 por ciento de la deuda dolarizada y el resto, prorrateado a lo largo de ocho años. Como respuesta, cayó un aluvión de medidas cautelares. Gagliardo SA decidió ir más lejos. Entretanto, las negociaciones con los bancos acreedores, en particular el Banco Nación --principal acreedor individual--, tampoco lograba destrabar la situación. Esta semana, la entidad financiera oficial rechazó una segunda oferta presentada por Vicentin, lo cual puso en marcha la cuenta regresiva que obliga a las autoridades del BNA, si no reciben una propuesta más atendible antes, a "ejecutar las garantías" de la deuda. Es decir, judicializarla. Esto podría ocurrir entre lunes y martes. Los cuatro bancos públicos locales acreedores de Vicentin (además del Nación, están el Ciudad, el Provincia y el BICE) tienen agendado un encuentro para este viernes en el que buscarán aunar posiciones.   

En cuanto a la faz productiva, las plantas cerealeras de Vicentin siguen paralizadas. El acuerdo que la firma buscaba con sus proveedores incluía la reanudación del abastecimiento de materias primas, lo cual obviamente abortó cuando, en respuesta a la oferta de pago, las empresas acreedoras judicializaron el reclamo. 

La deuda

Vicentin llegó a la situación de cesación de pagos con una deuda de 1300 millones de dólares, aproximadamente. El 32 por ciento de esa deuda es con bancos locales, entre los cuales el Banco Nación sobresale con más de 300 millones de dólares. Otro 35 por ciento de la deuda es con bancos extranjeros, los que le interrumpieron el crédito a partir de la crisis económica y financiera autoprovocada por la política macrista en 2018. El resto está repartido, principalmente, entre proveedores de bienes y servicios agropecuarios (productores, acopiadores, distribuidores de insumos, etc). Vicentin apuntaría, en el marco de una convocatoria, a tratar de negociar con los tres grupos de acreedores por separado, buscando acuerdos "extrajudiciales". No le será sencillo con las modalidades de pago que ofreció hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta los valiosos activos con que cuenta Vicentin que la ubican bastante lejos de ser considerada una empresa "insolvente". 

Uno de esos activos importantes es Renova SA, con plantas en Timbúes (produce harinas y aceite de soja) y en San Lorenzo (biodiesel). En Renova tenían participaciones iguales Vicentin y Glencore (de origen suizo), 50 y 50, hasta el 2 de diciembre (48 horas antes del default), día en que se anunció la transferencia del 16,67% del capital de Vicentin a Glencore. Es decir, Vicentin se quedó con sólo un tercio de Renova. Representantes de Glencore ya dejaron trascender su interés en comprar el tercio de Renova en manos de Vicentin, lo que le daría cierta liquidez a la convocatoria. 

Los representantes de Vicentin, en tanto, aseguran que cualquiera sea la salida, la firma volverá a operar en el comercio de granos, aunque deba desprenderse de algunas empresas satélite. De hecho, fuentes de la propia empresa atribuyen "el estrés financiero" a una expansión quizás demasiada ambiciosa, con una diversificación notable en pocos años, que no alcanzó a sustentarse desde lo financiero. "Cuando se interrumpió la corriente de créditos, la operación colapsó", señalan. Otros coinciden en afirmar que la empresa seguirá operando; lo que aún no está definido, dicen, es en qué manos. 



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