Por primera vez desde el retorno de la democracia, un gobierno parece dispuesto a rastrear en los archivos de la ex SIDE pruebas de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Desde el lunes pasado y por decisión de la ex fiscal Cristina Caamaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) designada por el presidente Alberto Fernández, un grupo de especialistas trabaja en la recopilación y análisis de la información archivada por el aparato de inteligencia que depende del Poder Ejecutivo. En ese contexto, Caamaño recibió ayer a miembros de la Comisión por la Memoria bonaerense, que gestiona desde hace dos décadas el ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense (DIPBA).

Los juicios a represores se nutrieron de pruebas obtenidas de la propia burocracia del Estado terrorista como los archivos de las policías de Buenos Aires o Córdoba, el de Prefectura de Bahía Blanca que rescató el fallecido fiscal Hugo Cañón, documentos desclasificados como los del Departamento de Estado norteamericano o el Archivo del Terror de Paraguay, y de los propios legajos y trámites administrativos de fuerzas armadas y de seguridad relevados y analizados por el propio Estado a partir de 2003.

Los aportes de la ex SIDE, creada por Perón en 1946 y subordinada siempre al presidente de turno, fueron excepcionales. En 2006 el CELS pidió sin suerte al Poder Ejecutivo que desclasifique y permita el acceso a la nómina de agentes que habían cumplido funciones desde 1974 hasta 1983 y sobre las medidas tomadas para evaluar su idoneidad ética para integrar ese organismo en democracia. Poco antes una interna de servicios había filtrado el legajo del ex diputado Juan José Alvarez, agente durante la dictadura. Un año después el presidente Néstor Kirchner relevó a los ex miembros de organismos de inteligencia de su obligación de guardar secreto pero los documentos elaborados por la SIDE siguieron a resguardo, inclusive los pocos que se conocen fueron encontrados en los organismos que los recibieron.

Una de las excepciones fue la documentación aportada al juicio por el Plan Cóndor, que se mantenía clasificada. El Ministerio Público Fiscal la usó en los alegatos pero no la difundió por cuestiones de seguridad. Otra data de 2013, cuando el entonces juez Sergio Torres, que instruía la causa ESMA, recibió un oficio de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI), que tras “una amplia búsqueda en las diferentes áreas” encontró y le envió los antecedentes de Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, asesinados por una patota de marinos y represores uruguayos.

Caamaño creó el 27 de enero el Programa de Protección de Registro y Archivo con la misión de analizar la información elaborada y recolectada por la SIDE hasta diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó su sentencia a los ex comandantes. El programa deberá compulsar, recopilar y sistematizar toda la documentación sobre violaciones a los derechos humanos que comprometan la responsabilidad del Estado argentino, y deberá entregar su informe antes del 22 de junio, cuando termine la intervención de Caamaño.