El Correo Argentina S.A., empresa controlada por el Grupo Macri en concurso de acreedores desde hace 18 años, está cada vez más cerca de la quiebra. El paso previo es el procedimiento de "cramdown" o salvataje, que fue habilitado por la Cámara Comercial en diciembre último y ratificado ahora por la fiscal Gabriela Boquin, quien pidió también la intervención de la empresa. El salvataje debería haberse activado hace 15 años, pero estaba frenado por la misma Cámara que ahora lo aceptó. 

El Estado, uno de los principales acreedores de la deuda de la empresa controlada por Socma y Sideco, podrá intervenir activamente solicitando medidas para impulsar la causa, impugnar informes, cuestionar a los síndicos e intervenir en el legajo sobre vaciamiento y desvío. Esa tarea estará en manos del procurador del Tesoro, Carlos Zannini. 

El proceso de salvataje, una vez abierto, no podrá demorar más de 120 días. En caso de que ninguna empresa —podría ser el propio Correo Argentino bajo manos estatales— se presentara para hacerse cargo de la deuda y presentar un nuevo plan de pagos a los acreedores, será declarada la quiebra. 

La novedad, previsible, fue el dictamen de la fiscal Boquin —quien en 2016 frenó el acuerdo "ruinoso" y "abusivo" que buscó cerrar el gobierno de Mauricio Macri en favor de la empresa familiar— para avanzar en el salvataje, que debería haberse ejecutado originalmente en octubre de 2004. 

"Luego de más de 15 años en que se debería haber encauzado el procedimiento del cramdown nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado - ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto en la Ley de Concursos y Quiebras", sostuvo Boquin al acompañar el pedido de salvataje. 

Boquin fue quien se opuso al acuerdo que el Estado, bajo la administración Macri, y el Correo Argentino S.A, controlada por el Grupo Macri, quisieron firmar para cancelar una deuda, estimada en 2002, de 296 millones de pesos. Por la cantidad de cuotas, montos e intereses que proponía la familia presidencial de entonces el acuerdo era equivalente a una condonación del 99 por ciento de la deuda, luego de transcurrir 14 años de concurso de acreedores. 

La fiscal también denunció que durante esos años el Grupo Macri intentó vaciar las cuentas que estaban bajo el concurso de acreedores por un total de 35 millones de pesos, a través de "pago de cifras millonarias en concepto de honorarios, montos elevadísimos como anticipos al directorio y presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo". 

Boquin había advertido que la jueza del concurso, Marta Cirulli, había llegado a autorizar cinco retiros de fondos por 10 millones de pesos. Ahora será Cirulli quien dirija el proceso de "cramdown". 

En ese contexto, la fiscal volvió a denunciar en su último dictamen que lo ocurrido hasta ahora es parte de un "uso abusivo del procedimiento concursal" y solicitó que, por sorteo, se designe un interventor judicial y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa "hasta que concluya el procedimiento de salvataje, sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades".

"Se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores", resaltó la fiscal y advirtió que si se le niegan esas medidas, acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para Boquin el fracaso del proceso de salvataje podría "producir otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores" e insistió con que el concurso de acreedores "no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes" porque, si no, "se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario". 

La apertura del registro para iniciar el procedimiento de salvataje fue ordenada el 18 de diciembre último por las camaristas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, luego de que el Estado nacional, principal acreedor, no prestara conformidad a una propuesta de pago.

Algunos meses antes, la Corte había ordenado que continuara el proceso de concurso preventivo del Correo al rechazar un recurso del Estado que pretendía una ampliación del plazo para analizar una oferta de pago.