El escándalo por la subordinación del Poder Judicial jujeño a las necesidades del gobernador Gerardo Morales ingresó en una fase superior con los primeros pasos del juicio político al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, tras la filtración de audios en los que admite que Milagro Sala no está presa por haber cometido delitos sino porque el caudillo que acaba de ser reelecto “no la quiere soltar”. Mientras en el radicalismo analizan la posibilidad de que Baca renuncie para evitar que el tema se amplifique, la Legislatura provincial avanzó en la conformación de la comisión investigadora, que integrarán tres miembros del oficialismo y dos del Frente de Todos.

Baca fue uno de los dos diputados radicales que en diciembre de 2015, apenas asumió Morales, votó a favor de ampliar de 5 a 9 el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y 24 horas después juró como vocal. Esa jugada, que le permitió al gobernador asegurarse una mayoría automática en la cabeza del poder judicial, se complementó con la creación de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) que concentró todas las atribuciones de persecución penal y durante cuatro años se abocó a disciplinar jueces, fiscales y dirigentes díscolos. Allí Morales designó a Sergio Lello Sánchez, un amigo de su hijo.

La filtración del diálogo de Baca con una amiga confirmó la subordinación del aparato judicial al gobernador. El juez que desde el mes pasado preside el STJ admite en privado que Sala no está presa por cometer delitos sino para que no “tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”.

El escándalo derivado de las palabras de Su Señoría, que reconfirmó la nula independencia del poder judicial jujeño, derivó en el pedido de destitución de Baca por parte de diputados del Frente de Todos. El jueves, en la primera sesión del año, la Legislatura aprobó por unanimidad el inicio del juicio político, a priori por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para el avance de cualquier iniciativa del peronismo es clave el apoyo de los ocho diputados que responden al vicegobernador massista Carlos Haquim. Al mismo tiempo, los legisladores peronistas ratificaron y ampliaron en el MPA las denuncias contra Baca y contra Lello Sánchez.

La novedad de las últimas horas fue la conformación de la comisión investigadora, que contará con tres miembros del oficialista Frente Cambia Jujuy (Alberto Bernis, Susana Haquim y Ramiro Tizón), y dos del Frente de Todos (Alfredo Gerry y Juan Cardozo Traillou). Tizón, que la presidirá, anunció que el lunes a las 11 tendrán su primera reunión y notificarán a Baca de la denuncia “para que ejerza su derecho y ofrezca las pruebas que estime necesarias”. La comisión tendrá veinte días hábiles, prorrogables por otros diez, para citar testigos, juntar pruebas y dictaminar si corresponde o no el juicio político.

“Insistimos sobre nuestra condición (de presos políticos) porque está comprobado que nos armaron causas”, afirmó Sala en diálogo con AM750. “No lo decimos sólo nosotros que estamos presos. Se ve todos los días con las cosas que salen a la luz”, agregó, y se quejó por la persecución que la tiene como blanco predilecto. “Tengo móviles policiales rodeando toda mi casa y me controlan hasta las visitas”, destacó.

El caso de Sala, que lleva cuatro años presa, generó en las últimas horas diferentes tomas de posición dentro del oficialismo sobre la existencia o no de presos políticos. En línea con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló de la existencia de “detenciones arbitrarias”, y agregó que “los procedimientos judiciales están siendo llevados adelante y es algo que tiene que determinar la Justicia”. Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ex abogada de la dirigente de la Tupac, dijo: “No tengo dudas de que (Sala) es una presa política”.