La Mesa de Derechos Humanos reclama cambios estructurales y un plan de gobierno a largo plazo para resolver la crisis sociosanitaria que emergió con la mortalidad infantil en el Chaco Salteño. 

“Analizamos el tema desde el punto de vista de los derechos humanos y llegamos a la conclusión de que la situación que viven las comunidades originarias viola todos los derechos humanos, económicos y sociales” expresó Elena Rivero a Salta/12, integrante de la Mesa.

La referente explicó que hay leyes y tratados internacionales con rango constitucional que protegen a las comunidades pero falta su aplicación. Indicó que eso tiene que ver con la política de Estado. También cuestionó al gobierno provincial por la conformación de una “mesa multisectorial sin la participación de los pueblos originarios salvo Rogelio Nerón que es el intendente (wichi) de Santa Victoria”. Rivero dijo que desde el Grand Bourg se quieren generar políticas sin consulta a referentes de las comunidades.

La Mesa de Derechos Humanos elaboró un documento que entregaron el jueves a representantes de ONU, UNICEF y la Unión Europea en un reunión que se organizó en la UNSa con la Sociedad Civil. Este viernes convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento y denunciar la violación de derechos de los pueblos indígenas.  Sin embargo, Rivero consideró que los organismos internacionales como la ONU y Unicef, no tienen capacidad de decisión, "simplemente van a hacer recomendaciones".

“Exigimos medidas de fondo”, plantean las organizaciones en el documento elaborado, no están conformes con la implementación de un "mesa intersectorial" ni con "la declaración de emergencia sociosanitaria", evaluan que son medidas que solo servirán para paliar, en lo inmediato, la crisis humanitaria. Apuntan de este modo a la necesidad de cambios estructurales.

Derecho al territorio

La Mesa de Derechos Humanos exige que el gobierno reconozca el derecho de los pueblos originarios a sus legítimos territorios, y garantice la participación real en la explotación de los recursos naturales y/o decisiones sobre los mismos. 

“El primer reclamo que siguen teniendo los pueblos originarios es el del territorio. Les han quitado su hábitat. Ha avanzado la frontera agropecuaria, han contaminado las aguas, todo eso lleva a esta situación que emergió ahora con la muerte de 6 niños (5 niños y una niña wichis y una niña criolla)”, expresó Rivero.

Por ello, demandan la suspensión de los desmontes y la tala en todos los territorios indígenas, que se logre la soberanía alimentaria, la mejora de la alimentación y que se garantice el acceso al agua potable.

Rivero sostuvo que ahora se anuncian inundaciones, “van a estar muchas comunidades aisladas y seguramente van a morir más niños”. Dijo que el agua va a seguir siendo contaminada. “Las empresas que hay en la zona, tiran los tóxicos al Bermejo, a las lagunas”.

La Mesa sostiene que la crisis humanitaria que se vive en la zona donde habitan las comunidades originarias es crónica. Señalan en primer lugar, como una de las causas, los desmontes.

"No es casual que Rivadavia y San Martín sean los departamentos de Salta donde se han producido más desmontes. En los últimos 4 años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques nativos. Los cambios de zonificación que ilegalmente realizó el ex gobernador Urtubey, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreció los intereses de empresarios como Alejandro Braun Peña, primo del ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, o de sus propios hermanos al sancionar la 'Ley de Reordenamiento Territorial', permitiendo desforestar en zonas prohibidas hasta ese momento", manifestó la Mesa.

Al desmonte le sucedieron "las fumigaciones, la contaminación con tóxicos que las empresas tiran libremente a los cauces de agua, desde el Río Bermejo, hasta lagunas y abrevaderos, reservas naturales que utilizaban las comunidades", afirmaron. 

También explicaron que estas políticas han afectado principalmente a los wichis, porque son pueblos que no pueden subsistir si se los despoja de su territorio, de sus fuentes de alimentación y hasta de sus saberes. "Las fumigaciones han ocasionado problemas de salud en niños y adultos, que se agravan, en el caso de los niños por estar desnutridos o mal nutridos".

Derecho a la salud

Respecto a la salud, la Mesa denunció un sistema biomédico con una "estructura racista y discriminatoria". Sostuvieron que se culpabiliza a los indígenas mientras "se oculta la barrera idiomática, que los profesionales que los atienden no están formados con una perspectiva de interculturalidad, las distancias que deben recorrer para ser atendidos, la falta de ambulancias e insumos médicos, el abandono y la desidia por parte de los gobiernos de turno que destinan más recursos a las fundaciones como CONIN que a las acciones efectivas para solucionar la problemática de salud". 

Además hicieron mención a la falta de profesionales en la salud pública "porque no se reconocen efectivamente sus derechos salariales, laborales y de estabilidad, sobre todo en estas áreas desfavorables".

Por ello, los y las militantes de derechos humanos demandan que el Gobierno de la Provincia diseñe y estructure una política de salud pública que efectivamente atienda las necesidades de la comunidad y promueva y respete los derechos de profesionales y personal que se desempeña en esa área”. También demandan capacitación para los efectores de salud y de educación en interculturalidad. Otra de las exigencias es el mejoramiento de los caminos y accesos.

La Mesa reclama que se implementen procesos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado respecto de toda medida que pretenda tomarse y afecte a las comunidades indígenas que vienen denunciando la falta de cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

También consideraron, los y las militantes de derechos humanos, que es fundamental que el gobierno atienda a referentes de las comunidades para diseñar las políticas públicas.

La Mesa de los Derechos Humanos quiere que se investigue a dónde fueron a parar los recursos destinados (durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey) a la fundación CONIN. Demandan saber qué se hizo con el Fondo de Reparación Histórica que preveía destinar recursos para las comunidades. Reclaman también que se investigue al ex Ministerio de la Primera Infancia. Piden que se haga público el resultado de la investigación y sanciones “para los responsables”

Para Rivero, la presión mediática “hace que el gobierno se vea obligado a dar alguna respuesta, esta es incompleta. Es urgente que acudan en ayuda porque hay una emergencia de alimentos, es prioritario y está bien pero el año que viene vamos a tener la misma situación si no se han solucionado los problemas estructurales que hay”.