Sigue la trama sobre la continuidad de las cooperadoras asistenciales y el destino de sus empleados, que tiene en la ciudad de Salta al conflicto más grande por la cantidad de trabajadores que allí cumplen funciones y que recién anoche luego de la confirmación de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo suspendieron la medida de fuerza que venían llevando.
Previamente se conoció que la intendenta de la Capital, Bettina Romero, ratificó con una resolución sus recientes anuncios en redes sociales acerca de la continuidad de los programas que dependen de la Cooperadora Asistencial y constituyó una nueva comisión directiva.
La resolución 03 que lleva su firma, se formalizó este viernes en medio del conflicto generado porque el organismo de ayuda social comunal dejó de percibir fondos, producto de la desaparición del impuesto que financiaba su actividad, dejando en duda tanto la asistencia que realizaba como el futuro de los trabajadores .
La discusión si los empleados de la Cooperadora pertenecen al Estado provincial o municipal, es una controversia pública de la intendencia con el gobierno provincial, que fue creciendo desde que el Gobernador Gustavo Sáenz, dijo que “el ajuste no lo pueden pagar los trabajadores”, pero que a su vez Pablo Outes, coordinador de la Gobernación, daba a entender que esos organismos llegaban a su fin.
La decisión de Romero nada dice respecto a la totalidad de los puestos de trabajo en la institución, pero alude a “la especial situación que atraviesa la Cooperadora Asistencial de la Capital, a partir de los cambios ocurridos en su sistema de financiamiento”.
En los considerandos previos a las designaciones de comisión directiva, acéfala desde que terminó la gestión anterior, la Intendenta pondera y jerarquiza el rol de la Cooperadora.
En este sentido, los considerandos previos a la parte resolutiva expresan que “la Intendenta de la ciudad de Salta ha valorado desde siempre la trascendente función social desarrollada por la Cooperadora Asistencial; que en esa valoración, considera el rol del referido organismo fundamental para la satisfacción del interés público y la concreción del bien común en beneficio de todos los salteños; que a lo largo de las décadas durante las cuales la Cooperadora Asistencial viene desarrollando sus importantes funciones públicas y sociales, sus trabajadores y directivos han demostrado la suficiente prestancia y empatía con las necesidades que lamentablemente sufren distintos sectores de nuestra ciudad y que en tal sentido, es su intención fortalecer y consolidar a la Cooperadora Asistencial como una fundamental herramienta en la búsqueda de la inclusión social y la equidad”.
Fueron designados Presidente: Leonor Adriana Portal; Secretario: Adrián Ramiro Nordera, Tesorero: Dante Daniel Amador y Vocales, Daniela Evangelina Vega y Daniel Mauro Nallar.
El artículo cuarto asegura las prestaciones sociales a los beneficiarios mediante la continuidad de los Programas Pan Caseros, Centros de Desarrollo Infantil, Comedores Saludables, Centros de Inclusión Transitoria, Pensiones No Contributivas, Tarjetas Sociales, Fortalecimiento Familiar e Incluyendo.
En ese mismo artículo se asegura "la permanencia del personal que efectivamente desarrolla tareas en los mismos”.
Conciliación obligatoria
En tanto anoche el secretario de UPCN, Gustavo Soto informó a los trabajadores que se encontraban protestando en el edificio de la Cooperadora de Salta de la calle Buenos Aires, que la Secretaría de Trabajo, dictó una conciliación obligatoria que los pondrá a dialogar directamente con la provincia y el municipio a partir del martes.
Soto agradeció por la lucha a los empleados y les pidió declinar de la protesta durante el plazo que dure la conciliación, de esta manera fue abandonado el edificio que los manifestantes habían ocupado, inclusive trepándose al techo.
Ahora la esperanza de los trabajadores está en que de una vez la municipalidad y la provincia efectivamente acerquen posiciones y den un corte definitivo a esta incertidumbre, ya que hasta el momento las declaraciones públicas entre Sáenz y Romero de llegar a una solución no pasaron a la práctica y se mantuvieron en el plano de lo mediático y redes sociales.
En total son unos 300 empleados los que trabajan en la Cooperadora de la Capital, de los cuales poco más de la mitad son planta permanente y el resto son contratados.
