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Desde Santa Fe
Omar Perotti insistió en la ley que envió el viernes al Senado en la “necesidad pública” de transparentar el manejo de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para investigar delitos complejos, bandas narco criminales y el lavado de activos en la provincia con una legislación que los regule y el control parlamentario de una Comisión Bicameral –-integrada por tres senadores y tres diputados-- que supervise las rendiciones de cuentas “preservando la confidencialidad” de las causas. Ya en el proyecto de emergencia que propuso en diciembre, el gobernador había planteado el mismo mecanismo con el que insistió ahora: regular por ley –y no por decreto- esos “gastos extraordinarios” en la lucha contra el crimen y garantizar que su destino tenga un “control efectivo y eficaz” de la Legislatura. Sin embargo, el bloque de senadores del PJ suprimió ese capítulo de la ley que después murió en la Cámara de Diputados, cuando el bloque de Miguel Lifschiz la mandó al archivo el 30 de diciembre. Así que en el mensaje que mandó a las Cámaras, Perotti reivindicó la facultad del Poder Ejecutivo de gobernar a la Policía de Santa Fe, evitar el “autogobierno policial que signó gran parte de la historia institucional de la democracia santafesina” y consideró “indispensable que sean las autoridades políticas las que establezcan las prioridades y objetivos de esos gastos extraordinarios” destinados a la “investigación criminal”.
En los fundamentos de la ley que propuso el viernes, en el capítulo que pide el “estado de necesidad pública en seguridad”, Perotti advirtió a la Legislatura que “un aspecto relevante que atenta contra el desarrollo de investigaciones complejas e intervenciones especiales de la Policía provincial es el régimen de ‘fondos especiales’”. Primero, porque el sistema de “asignación es extremadamente engorroso”. Y segundo, por las exiguas partidas para “llevar a cabo esas labores”.
"Resulta indispensable que se fijen pautas claras para el contralor y rendición de cuentas" y que se preserve la “confidencialidad” de las investigaciones.
El origen de los “fondos especiales” –-recordó-- es una ley que ya tiene 32 años: la 10.296 de 1988 –de los tiempos de Víctor Reviglio- que otorgaba su manejo al Jefe de la Policía de la provincia, y sólo tenían control interno (del habilitado y el director de Administración) de la fuerza. En su momento, estaban destinados a la “Brigada Especial Antinarcóticos”; pero después se ampliaron, en 1992, a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE); en 1998, a la unidad de Asuntos Internos y, en 2014, a la Policía de Investigaciones (PDI).
El 23 de diciembre, en el mensaje 4868 que pidió la “emergencia en seguridad”, entre otras, Perotti propuso transparentar el manejo de los fondos reservados para investigar delitos complejos, planteó que se los regule por ley y tengan el control parlamentario de una Comisión Bicameral que creaba la norma. “Las formas de abordar la inseguridad requiere investigación compleja, que hoy no existe en la provincia”. “Queremos crear una Comisión Bicameral que controle este conjunto de gastos” extraordinarios, explicó el ministro de Seguridad Marcelo Sain.
Ese proyecto de ley otorgaba al Ministerio de Seguridad la “administración y disposición” de los fondos reservados y lo obligaba a efectuar la “rendición” de gastos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia y remitir "las actuaciones” a la Comisión Bicameral. Sin embargo, todos esas normas fueron suprimidas por el Senado a instancias del grupo de senadores del PJ que lidera Armando Traferri. De los catorce artículos que tenía el programa de seguridad, sólo siete pasaron el filtro del Senado y el resto es conocido: el bloque de Lifchitz mandó todo al archivo.
Ante esa situación, el 24 de enero, Perotti firmó el decreto 053/2020 que otorgó la “administración y disposición de los fondos especiales” al Ministerio de Seguridad. La decisión política la explicó en los fundamentos de la norma: “optimizar la utilización de los recursos materiales, económicos y humanos” en la lucha contra el crimen organizado y “realizar un control efectivo y eficaz del destino” de esos gastos.
Ahora, en la ley de Necesidad Pública, Perotti volvió a insistir en que los fondos reservados del Ministerio de Seguridad deben estar regulados por ley y tener el control parlamentario de una Comisión Bicameral de seguimiento que se crea el artículo 43, integrada por tres senadores y tres diputados. La propuesta es idéntica a la de diciembre.
El Ministerio de Seguridad –ratificó el gobernador- es el que debe “elaborar, formular, dirigir y controlar las políticas de seguridad”. Por lo tanto, son las "autoridades políticas" las que deben definir las “estrategias de investigación criminal y de control policial”, establecer “las prioridades y objetivos de esos gastos extraordinarios” en la lucha contra el crimen organizado y evitar “el autogobierno policial que signó gran parte de la historia institucional de la democracia santafesina”.
Para eso -concluyó el mandatario- "resulta indispensable que se fijen pautas claras para el contralor y rendición de cuentas de los fondos especiales” ante la Comisión Bicameral que deberá preservar la “confidencialidad” de las investigaciones y las causas judiciales.
