Marcela Parroisse quedó encerrada en un laberinto burocrático y hace siete meses que no puede cobrar la Asignación Universal por Hijo. “El caso es la punta del iceberg de algo gravísimo que está sucediendo”, alertó Julián Axat, titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) de la Procuración General de la Nación. “El problema es que el sistema da de baja asignaciones a través de una aplicación de Migraciones con información de baja calidad. Se alimenta de información sucia y da de baja automáticamente. Es a propósito. Se implementó durante el macrismo. Después, restituir ese derecho es el proceso de Kafka”, advirtió Axat, en diálogo con Página|12.

Marcela Parroisse es pobre y vive en Concepción del Uruguay. En junio, la ANSES le suspendió la AUH que cobraba por sus tres hijos menores de edad y los dejó sin ese derecho, tal como reveló este diario. El organismo alegó que ella había salido del país el 22 de diciembre de 2018. Pero nunca cruzó la frontera y aportó pruebas para demostrarlo. Hasta fue a reclamar a la oficina local de la ANSES, donde, claro, la vieron. Pero para la burocracia estatal no fue suficiente.

Pero no es un caso aislado. “Tenemos cientos de casos similares que nos pasan los fiscales”, contó Axat, que aplica el mecanismo interno que tiene el Ministerio Público para tratar de desjudicializar ese tipo de problemas, que surgen a partir –señala— de la implementación durante la gestión de Cambiemos de una serie de aplicaciones tecnológicas que fueron utilizadas “como fetiche” para el control poblacional. “Al día de la fecha, esos dispositivos siguen vigentes y no existen –por el momento- criterios de revisión de los mismos”, señaló Axat.

En su reclamo para que le restituyan la AUH, Marcela Parroisse tuvo que hacer una denuncia en la justicia federal, que a su vez, le dio intervención a ATAJO. Axat presentó en noviembre un reclamo administrativo para intimar a la ANSES a rehabilitar el beneficio. Y recién ahora logró que la mujer pueda volver a cobrarlo: en la actualidad está esperando que le paguen lo que corresponde y el monto adeudado retroactivamente.

--¿Cuáles son esas aplicaciones que siguen vigentes?

--El Sistema de Identificación de Migrantes en Línea (Simel-Radex), que puso en vigencia la anterior gestión de la Dirección Nacional de Migraciones, está conectado a las bases de otros Ministerios para identificar a personas de sospechosa regularidad migratoria, y con el fin de hacer que sea conducida por la fuerza pública a regularizar su situación. El uso del Simel-Radex ha funcionado a partir del –inconstitucional- DNU 70/2017, con la supuesta idea de facilitar la carga o el acceso a los trámites, pero en el fondo ha sido más una herramienta para hostigar y deportar a personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Amnistía y otros organismos de Derechos Humanos como el CELS, CAREF, etcétera, consideraron en su momento, y en la práctica, que se trataba de una herramienta para criminalizar y expulsar a los inmigrantes, con la excusa de “regularizarlos”. La utilización del Radex impone trabas, costos y tiempos, que ponen al migrante vulnerable en un calvario kafkiano. Pero la aplicación -que se maneja desde cualquier celular- también permite denunciar inmigrantes sospechosos, y cargar en la base el caso, dando inicio a todo un procedimiento que puede terminar en la detención/expulsión.

--¿Hay otras aplicaciones funcionando con objetivos similares?

--Desde un sistema similar, el Ministerio de Educación y ANSES, durante el gobierno anterior, generaron un mecanismo conjunto en el manejo de las bases de la AUH, “App - Mis alumnos” para que los docentes de las escuelas carguen los datos de alumnos que no asisten a las escuelas; de ese modo, automáticamente, se suspenden las Asignaciones Universales de esos beneficiarios. Es decir, al igual que “APP Radex”, la “App - Mis alumnos”, permite que el docente o directivo de la escuela se transforme en una suerte de delator su sus alumnos, con la inmediata consecuencia de la pérdida de un derecho básico. El problema de la “uberización” del control se presenta como la llegada de una tecnología buena o amigable --“cualquiera colabora en su uso”-- cuando en el fondo resulta un sistema policial negativo de restricciones/delaciones, de muy baja calidad informativa, que causa miles de errores u confusiones. Es fácil dar de baja un derecho a través de la aplicación, y complejo y hasta muy engorroso luego volver a restituirlo.

El laberinto de Marcela

En agosto, la mujer se presentó ante la fiscal federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Josefina Minatta, para denunciar la “falsificación de documento de identidad” y que se investigue quién lo duplicó, porque si ella no había cruzado la frontera, es otra persona la que lo hizo con su DNI, según figura en los registros de Migraciones que esgrimió la ANSES para darla de baja. Ante la urgencia alimentaria de la mujer y su familia, la fiscal presentó un recurso de amparo ante el juez federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, para que ordene a la ANSES reponer la AUH a la mujer. Pero el magistrado lo rechazó, sin fundamentación: apenas escribió que se trataba “de una cuestión administrativa, la cual debería resolverse por esa vía”.

Pero Marcela Parroisse, --madre de cuatro hijos, de 20, 15, 12 y 10-- ya lo había intentado: en la ANSES le dieron esta particular respuesta: “Me aconsejaron ir hasta la frontera y volver a entrar, pero no pude hacerlo por falta de fondos”, relató la mujer ante la fiscal.

Un sistema cargado de errores

“Yo cobraba hasta el mes de mayo de 2019 la AUH. En el mes de junio no me fue abonada y fui a averiguar el motivo. En ANSES me informaron que se debía a que figuraba fuera del país desde diciembre de 2018. Yo expliqué que jamás salí del país, que siempre estuve en Concepción del Uruguay. Entonces me derivaron a Migraciones, donde me dijeron que registro un movimiento migratorio el 22 de diciembre de 2018, que indica que yo salí del país y no volví desde entonces. Por eso quiero hacer la denuncia, porque nunca salí del país. Sospecho que alguien puede tener un DNI con mi número. Yo no crucé la frontera y además estoy en Concepción del Uruguay. Eso lo puedo acreditar mediante testigos, certificados de votación que adjunto, escolaridad de mis hijos que también agrego y certificación policial que acredita mi presencia en la ciudad y desmiente lo registrado en Migraciones“, declaró la mujer cuando hizo la denuncia para que se investigue si alguien utilizó un DNI trucho con su número.

“Necesito que se aclare esta situación dado que por esa razón me dieron de baja la AUH. Tengo cuatro hijos y el litro de leche está a $75, es muy difícil alimentarlos y es injusta la baja de la asignación porque yo nunca salí del país”, afirmó ante la fiscal Minatta.

En la causa declararon dos vecinas del barrio, María Hermida González y Nanci Noemí Sandoval, que aseguraron que Marcela Parroisse pasó las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa, que nunca se ausentó. “Tampoco tiene posibilidad económica de viajar ni con quién dejar a sus cuatro hijos. Además, no tienen dinero”, dijo Nanci Sandoval. Su hija es compañera de escuela de la hija de Marcela Parroisse.

Migraciones informó que supuestamente salió del país el 22 de diciembre junto a cinco personas, que ella no conoce y viven en Corrientes salvo una: Alejandro Aníbal Acuña, Victoria Fabiana Cañete, Sergio Alberto Oliveyra, María Mónica Escobar, y Jorge Aníbal Acuña.

En la fiscalía, la mujer aportó además distintas constancias que acreditan su presencia en Concepción del Uruguay: Certificación de vecindad, constancias de alumno regular, constancia de escolaridad de la Escuela N° 93, constancia de votación del 11 de agosto de 2019 y también, por las dudas, del 13 de agosto de 2017.

El reclamo que hizo ATAJO finalmente le permitió a Marcela Parroisse encontrar la salida del laberinto. Pero quedan cientos de personas dando vueltas en otros laberintos, por errores administrativos del sistema.