La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a la empresa Telefónica por no brindar información sobre el servicio de Internet que brinda en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. La acción judicial se inició luego de que la empresa incumpliera una resolución de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (Anaip), que el año pasado la obligó a entregar los datos solicitados por la ONG, que trabaja desde hace años defendiendo los derechos y el acceso a la justicia de los habitantes de las barriadas populares.

“La gente que vive en las villas tiene un servicio de Internet deficiente, cuando lo tiene, porque hay una negativa de las empresas a prestar el servicio en las mismas condiciones de igualdad que en el resto de la ciudad”, explicó el abogado y coordinador de la organización, Sebastián Pilo.

En febrero de 2019, ante el creciente reclamo de los vecinos de las villas por las dificultades para acceder a Internet desde sus casas, la Asociación Civil solicitó a Telefónica que brindara información sobre la forma en la que presta los servicios de telefonía y de internet en las villas porteñas.

“La mayoría termina accediendo a Internet a través del celular, pero no pueden hacerlo desde su casa porque no llega el servicio o es muy deficitario”, sostuvo Pilo, quien contó que “a los vecinos los proveedores les dicen que donde viven no pueden brindar el servicio.” La propia ONG vive esa negativa en carne propia en Villa Inflamable, el asentamiento emplazado sobre el Polo Petroquímico Dock Sud. “Nosotros tenemos un centro ahí, y en esa oficina intentamos poner el servicio y Telefónica nos dice que no llega”, explicó el abogado.

El letrado remarcó que “cuando las empresas establecen políticas discriminatorias con los lugares donde vive la gente más pobre, donde no invierten para prestar los servicios, negando el acceso a Internet aumentan la brecha digital”. En este sentido, recordó que los organismos internacionales (ONU, OEA) reconocen el derecho al acceso y el uso de Internet como un derecho humano.

No obstante, el pedido de la Asociación no fue respondido, por lo que la ONG presentó un planteo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. En ese ámbito terminaron debatiendo con la empresa si tenía o no obligación de entregar información. Y si bien Telefónica argumentó que no estaba obligada a dar información georeferenciada respecto del servicio de telefonía ni brindar información respecto a la provisión del servicio de internet porque no lo considera un servicio público, la Agencia le dio la razón a Acij.

El 16 de septiembre, en una resolución de carácter vinculante, la Agencia intimó a la empresa a que en el plazo de 10 días pusiera a disposición de la ONG los datos requeridos. Y le recordó que la empresa es sujeto obligado respecto de ambos servicios, tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la ley Argentina Digital N° 27.078.

Sin embargo, la empresa incumplió la resolución de la Agencia. Frente a esta situación, ACIJ presentó una demanda, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra.

“La empresa hizo una entrega parcial de información que eludió el cumplimiento de la resolución de la Agencia. Por eso hicimos un amparo en la justicia federal. Es necesario que la empresa transparente la cantidad de usuarios que tiene en esos barrios, cuáles son las pautas para incorporar nuevos clientes y para brindar el servicio. La información de las empresas concesionarias de servicios públicos es importante para hacer cumplir los derechos porque el detalle cuantitativo no lo tenemos, lo que tenemos es la experiencia de nuestro trabajo en el territorio con los vecinos, que nos muestra que estas deficiencias son generalizadas”, detalló Pilo. Y agregó: “visibilizar el problema de cobertura que hay (en las villas y asentamientos) es el primer paso para poder encarar una estrategia que fuerce a los proveedores a dar el servicio en igualdad de condiciones respecto al resto de la Ciudad”.